Ajuste a finanzas territoriales

  • Analizar conclusiones de comisión de expertos
  • El coletazo de la pandemia y reingeniería fiscal  

 

Las finanzas de los departamentos y municipios son el terreno olvidado de la hacienda pública. Así como con frecuencia nos quejamos de las frecuentes reformas tributarias de Gobierno central, hace más de 20 años que no se le hace un “aggiornamento” a las entidades territoriales, a pesar de las múltiples recomendaciones al respecto.

Con frecuencia se escucha que la paz debe tener un anclaje territorial y que las entidades departamentales y municipales están llamadas a jugar un papel estelar en la reconstrucción de la economía y del empleo, sobre todo tras el duro coletazo de la pandemia del Covid-19. Para que ello sea posible se requiere apremiantemente que las entidades territoriales recuperen su capacidad fiscal, hoy venida a menos por circunstancias tan coyunturales como estructurales.

En las gobernaciones y alcaldías los ingresos tributarios han sido -al igual que en el Gobierno central- inclementemente golpeados por la crisis sanitaria. El confinamiento generalizado ha impedido el normal recaudo de impuestos tan importantes en lo local como el ICA y el predial. La mayor evidencia de ello es que se calcula que en el primer semestre de 2020 las rentas impositivas de departamentos y municipios se han desplomado entre un 40% y un 50%. Se trata de ingresos que ya son irrecuperables aún si la economía da muestras de mejoría en esta segunda etapa del año. Simplemente son recursos ya se dejaron de percibir.

Visto ese nivel de crisis, debe celebrarse la conclusión de los trabajos y la presentación de conclusiones que hizo la semana pasada la comisión creada para estudiar, precisamente, el estado actual y las posibles mejorías que pueden hacerse a las finanzas territoriales.

Son muchas sus conclusiones y habrá que hacerles un análisis detallado. Sobresale, por ejemplo, la recomendación de eliminar la contribución por obras públicas, incorporar los espectáculos públicos en la base gravable del ICA y darles cabida a algunos impuestos “verdes” en el ámbito de la tributación local. También se proponen varias interesantes modificaciones a la manera como hoy se ceden las rentas asociadas a los combustibles del Gobierno central hacia las entidades territoriales. Otro dato clave: la dispersión de los tipos tributarios a nivel local también es preocupante e incluso la citada comisión llegó a detectar cerca de 60 tarifas diferentes a nivel departamental y municipal.

El trámite de este paquete de reformas deberá armonizarse cronológicamente con el que habrá de salir, a mediados del año entrante, de la comisión de expertos que se instaló recientemente para estudiar cuáles de las gabelas y privilegios tributarios que hoy contempla nuestro estatuto tributario deben eliminarse y cuáles no. Cuando se lee con cuidado el marco de acción que se le ha trazado a esta nueva comisión, y a la cual le dedicamos un pasado editorial de este Diario, se puede ver que es un mandato tan amplio que no se circunscribe solamente al tema de las gabelas y privilegios, sino que cubre un espectro mayor en búsqueda de la racionalidad de nuestro sistema tributario.

El año entrante, y sobre todo el segundo semestre, será entonces un periodo marcado por la impronta de la discusión fiscal. Para ese entonces es de esperar que hayamos podido superar la pandemia, que es el límite de tiempo que el Gobierno ha fijado para empezar el gran debate de todo lo fiscal. El temario va a estar nutrido. Contaremos, de una parte, con las recomendaciones que para la tributación nacional habrá presentado la comisión instalada recientemente, conformada por un distinguido elenco de académicos internacionales y varios ministros. Y, de otro lado, podremos analizar también las recomendaciones que para la modernización de las finanzas territoriales ha presentado la comisión especializada, conformada también por expertos nacionales de altas calificaciones, en solemne reunión celebrada en Ibagué la semana pasada.

Este no es el momento, desde luego, para presentar reformas tributarias, cuando nos encontramos en el punto más delicado la crisis por el Covid-19, así a partir de la próxima semana se acabe el mecanismo de cuarentenas. Pero ello no significa que los temas fiscales no deban empezar a estudiarse desde ahora. Como se explicó, habrá valiosos elementos de juicio con estas dos comisiones referidas. También se necesitará de un amplio acuerdo político que se debe ir construyendo para que, terminada la pandemia, podamos avanzar hacia un régimen tributario más sencillo, más equitativo, más progresivo y, sobre todo, mejor equilibrado entre lo nacional y lo territorial. La buena marcha de la economía futura del país así lo exige.