Off the record | El Nuevo Siglo
Archivo
Lunes, 19 de Agosto de 2019

Eldorado repotenciado

 

No es ninguna novedad asegurar que el aeropuerto internacional Eldorado ya le quedó pequeño al volumen de tráfico de carga y pasajeros en este terminal aéreo, de los más grandes a nivel latinoamericano. De allí que exista expectativa en torno a la propuesta que, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que preside Louis Kleyn, ya prepara el Gobierno para ampliar la capacidad actual del aeropuerto, de forma tal que se mejore la eficiencia tanto de la plataforma de parqueo de aeronaves como de la terminal de pasajeros. La propuesta estaría lista en enero próximo e incluiría estudios y diseños de factibilidad. Ya en mayo pasado se aprobó también la prefactibilidad de un proyecto de iniciativa privada que busca la ampliación y mejoramiento del campo de vuelo, consistente en las pistas y calles de rodaje, lo que permitirá optimizar en tiempo, el uso de las dos pistas existentes en la terminal aérea, y contempla la construcción de nuevas calles de rodaje que completarán un circuito entre la pista norte y sur que aumentará la capacidad operacional del aeropuerto.

 

$914.000 millones

 

No es un tema menor, ya que la ANI explicó que la nueva infraestructura potenciará sustancialmente la operación del lado aire del aeropuerto, los aviones demorarán menos tiempo en las pistas luego de aterrizar y tendrán a su alcance más calles de rodaje que les permitirán llegar más rápido a la plataforma y a sus estaciones de parqueo, lo que se traduce en ahorro de tiempo para los viajeros y aerolíneas. El proyecto también incluye la operación y mantenimiento de la infraestructura existente y obras adicionales que mejorarán la seguridad de las aeronaves en pista. La duración total propuesta para el proyecto es de seis años, incluyendo un periodo de construcción de tres años, y la inversión se estima en $914.000 millones. Como es apenas obvio, por tratarse de una iniciativa privada el proyecto no requiere recursos públicos. Hay que aclarar que ya terminó el contrato con Opain para la modernización y expansión del terminal.

 

Vuelve y juega

 

Ofrecer garantías para trabajadores con contratos de prestación de servicios ha sido una de las promesas más reiteradas del anterior y del actual gobierno. El Congreso empezará a discutir en próximos días una iniciativa en ese sentido, que fue presentada la semana pasada por la bancada del MIRA, integrada por los senadores Aydeé Lizarazo, Carlos Eduardo Guevara y Ana Paola Agudelo, así como por la representante Irma Luz Herrera. Desde ya se sabe que el proyecto levantará ampolla entre los empresarios ya que plantea una serie de prerrogativas que tendrían un alto impacto en el costo de la nómina. La iniciativa propone, por ejemplo, que haya un menor pago por la seguridad social. También establece un descanso remunerado a favor de los contratistas, de un día por un mes laborado. El contratante estaría a cargo de la afiliación a las Cajas de Compensación Familiar. De igual manera se establecerían controles para el pago oportuno de la cuenta de cobro, incluso con seguimiento vía digital.

 

Militares, contratistas

 

Otro de los proyectos del MIRA que seguramente generará múltiples reacciones es el que tiene relación con incluir a las Fuerzas Militares como un factor de contratación en Colombia. El proyecto en cuestión plantea autorizar al Gobierno nacional para que destine hasta un 5% del presupuesto para la contratación de obras de infraestructura vial a nivel nacional (vías secundarias y terciarias), para los batallones de ingenieros militares en zonas específicas del territorio colombiano. Es claro que este planteamiento deberá ser analizado a fondo por las Fuerzas Militares ya que la función de los batallones castrenses no se puede asimilar a la de una empresa privada, y sus labores en materia de ingeniería están claramente delimitadas a asuntos propios de la función castrense o de obras de contingencia para la población en situaciones de emergencia o grave desorden público. Tal es el caso de instalación de puentes provisionales y otras obras luego de atentados contra infraestructura vial.