Caleidoscopio

Concejo de Bogotá

Ayer fue radicado un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra inmobiliarias piratas. La iniciativa, de la bancada de Cambio Radical, es impulsada por el concejal de Bogotá, Rolando González, quien tras varias denuncias contra inmobiliarias piratas –y en un trabajo conjunto con el representante capitalino José Daniel López– estableció la necesidad de modificar y actualizar la Ley 820 de 2003, con lo cual se pretende  fortalecer las funciones de vigilancia y control de los municipios y prevenir el abuso de algunas inmobiliarias con sus usuarios, a la hora de firmar un contrato de arrendamiento o de administración.

 

También a las legales que abusen

El proyecto de ley, que fue construido conjuntamente por González y López, busca incrementar las sanciones hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes e incorporar tres nuevas razones, que serían objeto de sanción. “Con este proyecto trabajado conjuntamente, vamos a proteger a los usuarios de las inmobiliarias piratas y de quienes, siendo legales, cometen irregularidades en su actividad. Esta es una necesidad que reclaman miles de ciudadanos, beneficiando tanto a aquellos que entregan su propiedad a una inmobiliaria en administración, como para los que habitan en una vivienda en calidad de arrendatario”, aseguró el concejal González.

 

Detectadas cuatro conductas ilícitas

Según datos recopilados por el cabildante, el número de quejas en contra de las inmobiliarias crecieron en Bogotá en un 127%. El 10% son presentadas por propietarios y el 90% por arrendatarios. En entrevistas con propietarios que entregaron su vivienda en administración y a arrendatarios de inmobiliarias, se identificaron las cuatro conductas ilícitas en que más incurren estos negocios: no consignarles el canon de arrendamiento a los propietarios de la vivienda; no expedir copias del contrato de arrendamiento al arrendatario o a su codeudor; exigir depósitos ilegales para el cumplimiento del contrato de arrendamiento; y terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento y/o administración por fuera de los requisitos de ley. Tanto propietarios como arrendatarios se encuentran desprotegidos porque no existen dientes para sancionar aquellas inmobiliarias.