“Respetó las órdenes de los tribunales”
En un país habituado a no cumplir la ley y, peor aún, acostumbrado a pedir que no se cumpla, resulta sospechosa la actuación de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que como cabeza del sector acudió al llamado de la justicia para ver si era posible conciliar las legítimas pretensiones de los acreedores de buena fe de la Concesionaria Ruta del Sol II (me refiero a trabajadores, proveedores y bancos).
Acudió al llamado de la justicia y, como lo hizo el Estado en época del gobierno Santos, también respetó las órdenes de los tribunales que la conminaron a no proseguir con los procesos de incumplimiento en contra de la corrupta concesionaria. Respetó la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a instancias del Ministerio Público y en el marco de una acción popular, ordenó el pago a proveedores, trabajadores y acreedores del proyecto, siempre y cuando fueran de buena fe.
Como si fuera poco, respetó la orden del anterior gobierno de terminar anticipadamente el contrato de concesión ordenada a través de una muy cuestionable medida cautelar proveniente de la SIC y cumplida por los directivos de la ANI de su momento.
Además, continuó con la estrategia, (por demás victoriosa al final del proceso) de solicitar la nulidad absoluta del contrato de concesión por objeto y causa ilícita dadas las conocidas maniobras de corrupción de la multinacional brasilera. La cosa le salió bien por cuanto el tribunal de arbitramento le terminó dando toda la razón.
Y en lo que hace a las tratativas de conciliación, tan mal vistas por la oposición política, hay que decir que simplemente le cumplió al legislador al evaluar alternativas de conciliación que pudieran beneficiar los intereses económicos del Estado y a los ya mencionados acreedores de buena fe, como lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia C- 207 de 2019 y como lo reconoció el laudo arbitral y el auto de la acción popular.
Empero, como era de esperarse y por razones harto conocidas y bien fundamentadas, decidió no conciliar; esto es, no acceder parcialmente a las pretensiones de los acreedores, pues estaba en ciernes una decisión judicial.
Señores de la oposición: sé que a ustedes no les gusta el Estado de Derecho y menos aún el que alberga nuestra república, pero mientras subsistan servidores públicos probos, como la ministra Orozco, se acudirá a los llamados de conciliación tantas veces como sea necesario, y se estudiarán alternativas y opciones que le beneficien a Colombia, así, al final, se decida no conciliar. Eso lo ordena la ley y a ella deben obediencia nuestras autoridades.
@rpombocajiao Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI