Aumenta 20% denuncia de delitos electorales

Diana Rubiano / El Nuevo Siglo
Hay candidatos que inscriben ciudadanos en un lugar diferente a su residencia, configurando casos de trashumancia electoral. 

 

Un aumento del 20,8% en el total de quejas electorales, reportadas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral -Uriel- del Ministerio del Interior, se presentó hasta el 15 de agosto, pasando de 989 a 1.195 en solo una semana.

Las denuncias que son recibidas por la Uriel se presentan en su mayoría en Antioquia (165 denuncias), seguido de Valle del Cauca (116) junto a Cundinamarca (114). Los otros dos departamentos son Tolima (78) y Santander (74).

La ciudades donde se presentan mayores quejas son Bogotá con 78; Puerto Gaitán, Meta, con 23; Barrancabermeja con 21; Cúcuta con 20; y Pereira con 18.

Según la información divulgada ayer por el Ministerio del Interior a través de un comunicado, entre las conductas más reportadas por los ciudadanos está la violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación, que consiste en la divulgación política y propaganda electoral por fuera de los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones.

Otra queja es el constreñimiento al sufragante, que se da cuando se amenaza o presiona a alguien para alterar la intención de voto; o cuando los funcionarios públicos intervienen en el proceso electoral.

De igual forma, hay candidatos que inscriben ciudadanos en un lugar diferente a su residencia, configurando casos de trashumancia electoral.

Ante estos hechos, en algunos casos, los ciudadanos le solicitan a la Procuraduría que ejerzan vigilancia del proceso electoral para que monitoreen y vigilen a las administraciones municipales o departamentales.

Los canales de recepción de quejas más usados son la Misión de Observación Electoral (MOE), que ha recibido 685 quejas, la página web (uriel.mininterior.gov.co) con 262 quejas y el correo electrónico (denunciasuriel@mininterior.gov.co) con 191 quejas.

El Ministerio del Interior recordó en su comunicado que lidera la implementación del Plan Ágora de Transparencia y Seguridad para las Elecciones Territoriales de 2019. Para ese fin se creó el Grupo de Reacción Inmediata Electoral, GRIE; se activó la Ruta Especial de protección para candidatos y la de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para el proceso electoral; así como protocolos de seguridad y protección para los partidos que se encuentren en oposición.

El GRIE priorizó cinco departamentos, en los que se identificó captura del Estado, baja gobernabilidad, violencia política, posible trashumancia electoral: Norte de Santander, Arauca, Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño, Tumaco y Valle del Cauca.

De otra parte, como lo informó esta semana EL NUEVO SIGLO, con el reparto de cerca de 90 casos a cada uno de sus nueve magistrados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el proceso para determinar si están o no inhabilitados cerca de 1.400 candidatos para los comicios regionales de octubre, de los 117.822 que se inscribieron ante la Registraduría hasta el 27 de julio pasado.

El organismo recibió un listado de la Procuraduría, en el que identificó 694 aspirantes con posibles inconvenientes para presentarse, así como más de 800 producto de reportes ciudadanos.

La Reforma Política de 2009 (Acto Legislativo 01) facultó al CNE para revocar la inscripción de candidatos de los cuales exista plena prueba que están incursos en causal de inhabilidad. De esta forma el Legislativo buscó evitar que se posesionaran personas inhabilitadas y se mantuvieran en el cargo por un buen tiempo hasta que prosperara en el contencioso administrativo una demanda de nulidad de la elección.

El CNE ‘estrenó’ dicha facultad en los comicios regionales de 2011, cuando revocó la inscripción de más de 800 candidatos de los 100.000 que se presentaron, en la mayor parte de los casos a solicitud de los propios partidos que los habían inscrito.

Las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos llegan al CNE a través de quejas ciudadanas y las denominadas “objetivas”, estas provienen de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que son las que tienen que ver, respectivamente, con antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.

A partir de allí el organismo inicia el trámite de revocatoria de la inscripción del candidato en el cual debe observarse que se cumpla el debido proceso, inicialmente dando traslado a cada una de las personas reportadas, luego esperar que se pronuncien respecto a esas quejas para, finalmente, tomar una decisión.