$7 billones en demandas al Estado en arbitramento

Reficar

En instancias internacionales las pretensiones de compañías accionantes llegan a cerca de $50 billones, informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

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De los $410 billones que suman las demandas contra la Nación, un total de $7,17 billones en reclamaciones están en tribunales de arbitramento. Precisamente la semana anterior una instancia de este tipo emitió un laudo que obliga a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a pagar $211.273 millones a la Concesionaria de la Ruta del Sol II, frente a la acción que presentó por $800.000 millones por presuntos incumplimientos relacionados con la ejecución de las obras en esa vía, que se suspendieron después de que estallara un escándalo al denunciarse que Odebrecht, integrante de este consorcio, acudió a sobornos para que le entregaran los contratos.

Además, dicho tribunal de arbitramento declaró la nulidad del Contrato 001 de 2010 entre el por esos días Instituto Nacional de Concesiones (INCO), posición contractual que hoy tiene la ANI, y la Concesionaria Ruta del Sol SAS, al considerar que su objeto y causa fueron ilícitos, “y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder”.

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En el proceso de este pleito, que se extendió por cerca de cuatro años, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó nulidad del contrato con Odebrecht dado los actos ilícitos que dieron origen a su adjudicación, como al final este tribunal de arbitramento también lo determinó en su laudo.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó que a 31 de marzo del presente año hay arbitramentos por un monto de $7,1 billones en su mayoría concentrados en el sector transporte.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, dijo que “Colombia es un país que tiene un alto nivel de litigios contra la Nación”. No obstante, destacó que “los indicadores de eficiencia de las demandas del Estado han venido subiendo. Hace unos años no llegaban al 30% o 40%. Hoy tenemos entidades que tienen el 70% o 75% de éxito en los procesos. Y, desde luego, hay otras que tienen por debajo del 50%, y la meta nuestra es ir subiendo ese promedio nacional al máximo posible”.

Gómez destacó que por ejemplo la Agencia, junto con Colpensiones, a raíz de una tutela, logró que la Corte Constitucional le permitiera a Colpensiones revocar de oficio las pensiones obtenidas ilícitamente. “Esto tiene una gran repercusión económica, porque vamos a poder echar para atrás pensiones que se obtuvieron de manera ilícita o ilegal. También hay otros casos que esperamos ganar, de cuantías muy elevadas, de 20, 25 billones de pesos, como algunas acciones de grupo que no tienen fundamento”.

Internacional

En tribunales de arbitramento en el exterior hay 21 demandas contra el Estado colombiano cercanas a los $50 billones, entre otras la que presentaron en 2016 Glencore International AG y C.I. Prodeco S.A. Ante el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por una multa de $60.023 millones que impuso la Contraloría General de la República al determinar que no estaban pagando las regalías que le correspondían por la explotación de la mina Calenturitas en Cesar.

La multinacional demandó por considerar que se transgredieron los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones celebrado con Suiza (Appri Colombia- Suiza), y aspira a una indemnización de $2,5 billones.

También está pendiente por definirse las demandas mutuas que presentaron CB&I y Reficar ante el tribunal de arbitramento de Nueva York por 2.015 millones de dólares. El pleito se produjo tras el escándalo por los sobrecostos por más de 8 billones de dólares que detectó la Contraloría General de la República en la repotenciación de la refinería de Cartagena, que es hasta el momento el más grande escándalo de corrupción en la historia del país.

De igual forma el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya está pendiente de resolver la demanda que presentó la española Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano por 1.626 millones de dólares por la intervención que hizo el Gobierno nacional de Electricaribe.

La compañía culpa al Estado colombiano de supuestas acciones y omisiones que condujeron a la insolvencia de Electricaribe, que según esta empresa, constituye una violación a la obligación de trato justo y equitativo.

La Superintendencia de Servicios Públicos intervino a Electricaribe  por las graves falencias en la prestación del servicio en la región de la costa Caribe.

Modificarán estatuto

Entre los tres proyectos de ley que radicó el Ministerio de Justicia y del Derecho al inicio de esta legislatura está el que modifica el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012), buscando celeridad en la etapa prearbitral, claridad en las reglas probatorias, transparencia en la designación de árbitros, impulso al arbitraje internacional a través de garantías de seguridad jurídica y calidad del servicio y el desarrollo del arbitraje social con el fin de ampliar su cobertura territorial y poblacional.

Esta propuesta normativa es producto de un trabajo colaborativo entre el MinJusticia y 36 expertos en la materia, quienes trabajaron ad honorem en la revisión y construcción técnica del que ha sido un proyecto de ley consensuado.

Sobre esta reforma el presidente del Comité Colombiano de Arbitraje, Juan Pablo Cárdenas Mejía, indicó a EL NUEVO SIGLO que “la ley vigente que data de 2012 ha sido muy importante para el arbitraje. Logró que, por ejemplo, la segunda etapa del arbitraje, es decir, cuando ya se entra al fondo de la discusión, se desarrolle en tiempos razonables y resolvió muchas dudas que había en la práctica, y ha dado un gran impulso al arbitraje nacional, que antes no se veía en Colombia”.

“Reconociendo las bondades de la Ley existente también se han encontrado limitaciones, dificultades. Particularmente el proceso arbitral se está demorando un tiempo considerable en lo que es la primera etapa del proceso arbitral. Hay un límite máximo de tiempo ya cuando el tribunal se declara competente, entran a revisar todo el fondo y practicar las pruebas. Pero la etapa previa, cuando se integra el tribunal, cuando se admite la demanda, cuando se contesta todo eso, se ha venido dilatando por un tiempo considerable”, añadió.