En desarrollo de un trabajo articulado con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y con el apoyo operativo del Gaula Militar, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía capturó en Bogotá a 12 funcionarios que estarían involucrados en el esquema criminal detectado y a un tramitador y a una empresaria de belleza.

La investigación comenzó desde mediados de 2017, cuando la Fiscalía obtuvo órdenes judiciales para interceptar cerca de 100 líneas telefónicas, realizar seguimientos e inspecciones, entre otras técnicas de policía judicial, que evidenciaron la existencia de distintas prácticas que afectan a los consumidores y ponen en riesgo su salud.

Según las evidencias, los funcionarios del Invima habrían recibido dinero para obtener registros sanitarios falsos, es decir, sin que el Instituto los haya revisado cumpliendo la labor de control para preservar la salud de los colombianos.

Así mismo, alteración en sistemas de información, con lo cual en el mercado hay productos que carecen de control estatal; falsificación de estudios de estabilidad. Implica que hay medicamentos que no tienen control del Estado, pese a lo cual los consumidores tienen la confianza de que estos medicamentos pasaron las verificaciones legales.

De acuerdo con la Fiscalía, quedó demostrado en las investigaciones que fueron impuestos ‘peajes’ o coimas para reducir el valor de las multas que imponía el Invima.

“Fue montado un Invima ‘paralelo’ con el fin de hacer auditorias ‘previas’ no formales, que garantizaban pasar las inspecciones y revisiones oficiales que realizaba el Instituto”, señaló el ente en un comunicado.

La red fijó los siguientes precios: Trámites de renovación de registro sanitario de un producto, por valor promedio de $750.000; venta de estudios de estabilidad de productos aprobados por el Invima (que certifican la duración del principio activo del medicamento), para dar soporte a productos nuevos cuyo registro era solicitado por los laboratorios intervenidos, por un valor promedio de $2’000.000; reducción del valor de las multas derivadas de procesos sancionatorios, en el cual cobraban una comisión dependiendo del valor de la reducción, y servicios de preauditorías para garantizar las certificaciones de los laboratorios cuando se recibieran visitas oficiales del Invima, por un valor promedio de catorce millones de pesos ($14’000.000), advirtiendo que la tarifa no ‘incluye’ tiquetes o viáticos.

Capturas

Hasta el momento han sido detenidas 14 personas. Se trata de 12 funcionarios del Invima, quienes pertenecían a las direcciones de Registros Sanitarios, Medicamentos y Productos Biológicos, Dispositivos Médicos, y Control Disciplinario, entre otras. Se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y de particulares, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

Algunas de las diligencias realizadas en Bogotá, permitieron la captura de una supuesta tramitadora y de la empresaria de productos de belleza, Stella Durán. A estas personas se les formulará cargos por cohecho por dar un ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica en calidad de determinadores, y enriquecimiento ilícito de particulares.

Adicionalmente, fue obtenida orden de captura contra un empresario propietario de dos laboratorios en Bogotá y Medellín, quien es prófugo de la justicia.

Allanamientos

En compañía del Invima, personal de policía judicial de la Fiscalía realiza varios allanamientos a laboratorios en Bogotá y Medellín, con el fin de determinar los valores percibidos por los mismos a través de la comercialización de los productos fraudulentos y determinar los recursos provenientes de la actividad criminal.

Los medicamentos de los que hay constancia de su autorización y registros fraudulentos son Icncla (antibiótico), Bactiflox (antibiótico), Duoartril tabletas (antihipertensivo), Helmintaz tabletas (antiparasitario), Nimeflex (antinflamatorio), Renilax tabletas, (desloratadina) y Bactrogyn óvulos.

De otra parte, señala la Fiscalía que hay evidencias sobre la obtención ilegal de registros de los siguientes suplementos dietarios y productos de belleza Abexine, gel utilizado para tratar las dolencias ocasionadas por enfermedades como artritis y osteoartrosis, Fattache, fibra para la supuesta pérdida de peso y Canna Pain crema y parches.

El fiscal de conocimiento ha dispuesto la compulsa de copias para iniciar el proceso de extinción de dominio tanto a los empresarios y laboratorios involucrados, como a los funcionarios que se lucraban de la actividad criminal.