Precisamente hoy, cuando se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) hizo entrega a la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) de un informe sobre las violaciones de las que han sido objeto los integrantes de esta etnia en diferentes regiones del país durante el conflicto armado, que contiene 231.144 casos relacionados con masacres, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento, violencia sexual y amenazas, entre otros crímenes.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que acompañó a la ONIC en la entrega del informe a la JEP, consideró que este documento es un paso fundamental para visibilizar, reconocer y reparar los impactos desproporcionados que han sufrido los pueblos indígenas durante el conflicto.

“Como lo consagran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la legislación colombiana, los pueblos indígenas son sujetos de especial protección y tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de los crímenes que se han perpetrado en su contra”, indicó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado.

A su vez, la Oficina en la labor de monitoreo de la situación de derechos humanos, documenta y hace seguimiento a los homicidios de defensores y defensoras de los pueblos indígenas. En este sentido, la Oficina apuntó que es urgente develar los factores causales de estos homicidios con el fin de garantizar una investigación eficaz que rompa la impunidad, y que se adopten medidas integrales para prevenir nuevas violaciones.

La Oficina “recuerda también la importancia de los espacios de participación, diálogo y concertación para la promoción y protección de los derechos a la identidad y al territorio en Colombia, tales como: la Mesa Permanente de Concertación, la Comisión Étnica para la Paz y los espacios regionales de participación de los pueblos indígenas.

La JEP fue creada producto del acuerdo de paz que firmó el entonces gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. Su función es aplicar justicia por los delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado a los cabecillas y desmovilizados de esta guerrilla comprometidos en crímenes, que están obligados a presentarse so pena de ser juzgados por la justicia ordinaria, en donde se enfrentan a altas penas.

También la JEP está facultada para juzgar a los agentes del Estado y civiles, aunque en estos casos su presentación es voluntaria, según determinó la Corte Constitucional.

Informes

Además de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos como Credhos, Corporación Reiniciar, Grupo de Víctimas del Nogal, el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras, han hecho entrega de sus informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Estos informes son fundamentales para esta Jurisdicción en las investigaciones de los hechos que adelanta y la priorización de casos para aplicar justicia.