PROYECTO PROPONE QUE QUEDEN BLOQUEADAS POR 20 AÑOS
Empresas que incurran en corrupción no podrían contratar con Estado

Acabar con la corrupción impidiendo que puedan volver a hacer negocios con el Estado las empresas que incurran en prácticas anómalas en materia contractual, propone un proyecto de ley radicado por el representante por Tolima, Ricardo Ferro, del Centro Democrático.

Ferro aseguró que los propiciadores de las malas prácticas no pueden seguir burlándose del país y apoderándose del erario público.

El proyecto busca inhabilitar por 20 años a las empresas que resulten responsables de actos de “cartelización” en procesos licitatorios con el Estado.

“Lo que está pasando en la actualidad es que a las empresas corruptas en casos de licitación se les multa, ellas pagan la misma y luego vuelven y contratan”, señaló el congresista.

De aprobarse en el Congreso el proyecto, las empresas deberán pagar la multa impuesta, pero a la vez recibir una inhabilidad para volver a contratar con el Estado por espacio de 20 años.

Según Ferro, algunos contratistas de las obras y procesos del Estado hacen “acuerdos previos” para quedarse con las licitaciones en una práctica corrupta, porque al final se “cartelizan” para repartirse los contratos.

“Hoy estamos en búsqueda de acabar con los famosos carruseles de la contratación, esas prácticas nefastas en donde los contratistas se ponen de acuerdo para defraudar al Estado, bien sea que el Estado les deba comprar más altos sus productos o que puedan presentar unos precios más bajos, y en el fondo lo que está de por medio es que se ponen de acuerdo y el que termina perdiendo es el erario”, añadió.

El congresista tolimense hace referencia a casos como el adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que elevó pliego de cargos por una cartelización empresarial, entre otras prácticas de corrupción, por parte las empresas que estuvieron involucradas con la construcción del proyecto Tercer Carril Bogotá – Girardot.

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La Superintendencia pudo establecer que se presentó el delito de “cartelización” en esta obra para la que se destinó un presupuesto de más de 2.9 billones de pesos.

"La cartelización habría consistido en que ambas empresas coordinaron conjuntamente sus ofertas de tal manera que una resultara ser complementaria a la otra. En el pliego de cargos, la SIC indicó que las ofertas presentadas por estas estructuras plurales estaban coordinadas para que Conconcreto resultara ser la adjudicataria con la indispensable ayuda de una propuesta de Benton y China Gezhouba", explicó el superintendente Pablo Felipe Robledo.

Otro caso es el de la pretensión de la multinacional brasileña Odebretch que busca que Colombia le pague una cifra escandalosa luego de que el gobierno decidiera dar por terminado el contrato suscrito para la construcción de la Ruta del Sol – Sector II, tasado en 2.4 billones de pesos.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, a Odebrecht la Fiscalía General de la Nación de Colombia le comprobó el pago de sobornos por más de 11 millones de dólares, práctica que también habría usado la firma para quedarse con la construcción de la transversal Ocaña – Gamarra.

Según el representante Ferro, de aprobarse su proyecto se partirá en dos la historia del país porque “las empresas lo pensarán dos veces antes de decidir unirse con otras, por ejemplo, para defraudar al país”.