- Profundizar control preventivo y concomitante
- Congreso, a elegir el candidato más calificado
En la primera elección desde que se posesionó el pasado 20 de julio el Congreso escogerá hoy al Contralor General de la República. Como es propio de todos estos procesos, en las últimas semanas se ha presentado un intenso pulso político entre las principales bancadas de Senado y Cámara de Representantes. Sin embargo, la mayor preocupación alrededor de esta seleccionará radica en el soporte jurídico de la misma.
Como se sabe, el anterior Parlamento arrancó a comienzos de este año un mecanismo de convocatoria pública al que se inscribieron más de 100 aspirantes. Luego la Universidad Industrial de Santander, contratada para hacer el estudio de las hojas de vida y aplicar los exámenes de conocimiento, proyectó una lista de 20 candidatos, los cuales expusieron sus respectivas tesis ante una comisión accidental parlamentaria compuesta por todas las vertientes políticas. Dicha instancia definió una plancha final con 10 nombres, con el fin de que el nuevo Congreso, en pleno, seleccionara al sucesor de Carlos Felipe Córdoba en su primer mes de trabajo legislativo.
Sin embargo, todo ese proceso se vio truncado debido a varios fallos judiciales que impactaron el listado dejado por el anterior Congreso. Mediante medidas cautelares se paralizó el mecanismo alegando que se habrían violado los principios de equidad de género y de meritocracia. Lo primero por el bajo número de mujeres y, lo segundo, porque no todos los aspirantes con mayores puntajes en las pruebas fueron incluidos en la plancha final para la selección del Contralor.
Frente a ello, y en medio de un debate político y jurídico de alto calado, el nuevo Congreso integró otra comisión parlamentaria y esta recompuso la lista acorde con los criterios de los fallos. En este escenario, los aspirantes acudieron a otra audiencia pública ante los senadores y representantes y hoy el pleno legislativo está citado para escoger al nuevo titular del ente de control fiscal.
Si bien las directivas del Parlamento sostienen que todo el proceso está blindado, se sabe que hay varias acciones jurídicas aún sin resolver al respecto e incluso algunos de los descartados en el proceso del Congreso anterior o del actual anunciaron demandas ante el contencioso administrativo.
Más allá de lo que finalmente ocurra en este flanco jurídico, lo cierto es que el elegido tiene una amplia gama de desafíos y retos por superar en el periodo cuatrienal. Una de las prioridades, sin duda alguna, será profundizar la implementación del régimen de control fiscal que entró a regir a finales de 2019. En este aspecto es crucial seguir fortaleciendo la herramienta de “control preventivo y concomitante” que ha permitido hacer un seguimiento en tiempo real a muchos proyectos, políticas y procesos contractuales (sin caer en la cogestión ni en la coadministración), pudiendo así lanzar oportunamente alertas sobre anomalías e irregularidades que pueden ser corregidas sobre la marcha. Se evita así tener que llegar a la instancia de control posterior y casi forense, es decir cuando ya todo está consumado y el daño al erario o a la administración de la cosa pública resulta irreversible. Multiplicar la utilización de los sistemas de inteligencia artificial es clave para este propósito.
Otra de las prioridades del nuevo Contralor será una serie de casos de alto impacto público y fiscal en los que se requiere no solo actuaciones más contundentes y decisivas de la entidad, sino la imposición de sanciones drásticas y ejemplarizantes a quienes faltaron a sus deberes en la administración de asuntos oficiales. Por ejemplo, hay muchos y cuantiosos fallos de responsabilidad fiscal que no han sido cumplidos. La deficiente inversión de las regalías, las falencias en el Programa de Alimentación Escolar, los retrasos e incumplimientos en varios de los principales proyectos de infraestructura del país, las denuncias de presuntos malos manejos con los dineros a invertir en las zonas más afectadas por el conflicto armado así como las sombras que persisten sobre la administración de los billonarios bienes incautados, son algunos de esos casos insignia.
También es urgente definir, de una vez por todas, la pertinencia de las contralorías departamentales y municipales. Hay que finiquitar el debate sobre si hay duplicidad de funciones con las oficinas de control interno de cada institución y definir mecanismos efectivos para evitar la politiquería y connivencia entre estos entes de control regional y local con gobernaciones y alcaldías.
Como se ve, el Congreso tiene hoy una de sus más altas responsabilidades en la función electoral. Debe escoger al mejor de los candidatos, más allá de consideraciones partidistas, políticas o clientelistas. Esto resulta aún más urgente si se tiene en cuenta que, lamentablemente, la corrupción y el desgreño administrativo continúan siendo los principales frenos para el correcto funcionamiento del Estado.