- Escuchar la voz de los alcaldes
- Una política funcional y concertada
Son varias las principales conclusiones de las reuniones que han tenido los alcaldes con el nuevo Gobierno. La primera es, sin duda, que la mayor preocupación de los mandatarios locales sigue girando sobre la problemática de seguridad a nivel urbano y rural. Es evidente, al tenor de las estadísticas de las autoridades, una reducción en algunos delitos de alto impacto, como los homicidios, pero a la par también aumentan otros como los atracos en la calle, los robos a viviendas, la violencia intrafamiliar e incluso los muertos y heridos por riñas y actos de intolerancia.
Sobre esa base no pocos alcaldes están urgiendo que se redoble la estrategia de seguridad e incluso se apliquen ajustes en algunos aspectos que se consideran determinantes para disminuir la incidencia de la criminalidad. No solo se pide un aumento del pie de fuerza policial sino también una mayor dotación de equipos que permitan un tiempo de respuesta más rápido de los uniformados ante los llamados de la ciudadanía por el accionar delincuencial. En este aspecto, por ejemplo, se considera indispensable modernizar todos los sistemas tecnológicos y de inteligencia artificial, ya que las redes de videovigilancia y otros mecanismos han demostrado ser cada vez más efectivas, no solo como factor disuasivo de la actividad criminal sino también como medio de identificación y soporte probatorio contra los delincuentes una vez son capturados y judicializados.
También resulta claro que a partir de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana los índices de detenciones y de encarcelamientos han venido en aumento, lo que obviamente incrementa el hacinamiento en las prisiones. En este aparte es imperativo que gobernadores, alcaldes y Ejecutivo nacional encuentren un punto intermedio que permita solucionar el recurrente cruce de señalamientos sobre a qué instancia le corresponde la construcción y administración de más prisiones, tanto para recluir a sindicados como condenados.
No pocos mandatarios locales también han expresado su expectativa en torno a la propuesta del Gobierno para sacar a la Policía Nacional de la órbita del Ministerio de Defensa y dejarla adscrita a una nueva cartera que se encargaría de los temas de paz, convivencia y seguridad ciudadana. El planteamiento de la Casa de Nariño todavía no ha sido aterrizado sobre cuáles serían las facultades y competencias de esa dependencia, los énfasis de operatividad policial, el futuro del Escuadrón Antidisturbios ante casos de desborde violento de la protesta social y el rol que jugarían los alcaldes en este nuevo escenario, dado que estos ejercen funciones como jefes de policía en sus respectivas jurisdicciones.
No menos importante termina siendo la solicitud de los burgomaestres en torno a que se articule una red más funcional entre las autoridades con el sistema de seguridad privada, los taxistas y otras instancias ciudadanas con el fin de agilizar el esquema de denuncia y alerta delincuencial. Si bien no es un tema nuevo, las reformas que se han aplicado hasta el momento no han dado los resultados esperados, lo que se evidencia en muchos cortocircuitos en cuanto al flujo de información oportuna a las autoridades.
Un elemento en el que los alcaldes han insistido que debe mejorarse de forma urgente es el referido a profundizar las acciones de inteligencia a nivel urbano y rural, de forma tal que se facilite la desarticulación de las redes criminales en todos sus eslabones, evitando así que tras las capturas de algunos de sus integrantes dichas organizaciones se reciclen rápidamente.
Por último, pero no menos importante, muchos mandatarios locales están urgiendo que se extienda la red de casas de justicia y otros mecanismos de conciliación extrajudicial, de forma tal que se facilite a la ciudadanía un instrumento que permita desactivar pleitos intrafamiliares y vecinales que no en pocas ocasiones terminan siendo el germen de situaciones de violencia e intolerancia.
Como se ve, en momentos en que el Gobierno no solo acaba de aplicar un cambio en los mandos militares y policiales sino que, además, está definiendo las bases de su policita de seguridad ciudadana y orden público, resulta crucial escuchar y atender las sugerencias y puntos de vista de los alcaldes, ya que nadie mejor que ellos para diagnosticar las problemáticas más sentidas y realistas en la materia. Se espera, en consecuencia, que se produzca una interlocución activa y funcional entre el Ejecutivo y los burgomaestres, que lleve lo más pronto posible a aumentar la capacidad de las autoridades para prevenir o neutralizar el accionar delincuencial a nivel rural y urbano.