El presidente ante la ANDI
Planeación y libertad de mercado
El presidente Gustavo Petro sostuvo esta semana en la ANDI que su modelo económico consiste en generar misiones estatales específicas fundándose, según dijo, en lo propuesto por la académica italo-estadounidense Mariana Mazzucato, una crítica del libre mercado y en particular del neoliberalismo, pero abierta a las doctrinas del desarrollo económico y el capitalismo.
Sobre esa base, Petro hizo énfasis en la colaboración entre el sector público y privado para conseguir objetivos comunes.
Vale recordar, en esa misma óptica, que en Colombia impera constitucionalmente el Plan Nacional de Desarrollo, propuesta lograda por Álvaro Gómez Hurtado en la Constituyente de 1991, con el objeto de disciplinar los recursos del Estado y encausar los propósitos nacionales.
En efecto, su idea fue la de elaborar una plataforma concertada en una ley especial, con base en una amplia participación democrática, que impidiera la improvisación estatal habitual y sirviera de carta indicativa para el sector privado. No se trata, pues, de una imposición del Estado, ni mucho menos de ningún concepto afín al dirigismo de las economías centralizadas y planificadas, sino de conciliar el principio de la planeación con la libertad económica y los anhelos comunitarios y sectoriales. Y vincular, asimismo, los territorios periféricos y más abandonados, donde pulula la desigualdad y la afectación protuberante al índice de Gini, con las directrices nacionales.
Fue, justamente, lo que Álvaro Gómez denominó como la “planeación democrática”, cuya raigambre debería gozar, efectivamente, de un hondo contenido popular tal y como la propuso. Y que tampoco ha tenido el debido progreso a raíz de los escapes clientelistas que se permiten en el Plan de Inversiones anexo, en aras de asegurar las mayorías parlamentarias, y que suelen desdibujar los ejes misionales que, como formulación consensuada y obligatoria, se establecieron en Colombia a partir de la propuesta de Gómez.
El Plan Nacional de Desarrollo tiene, pues, de soporte el encausamiento de las energías nacionales hacia propósitos concertados y, en ese sentido, hace parte esencial del trípode económico al lado de la reforma tributaria y el presupuesto que actualmente se debaten en el Congreso.
Aunque el primer mandatario no profundizó en la reforma tributaria presentada esta semana, resultaría evidente que ella debería analizarse y articularse a la luz del Plan Nacional de Desarrollo. No en vano el recaudo de 25 billones de pesos (la más alta cifra en la historia de la tributación colombiana) puede suponer, como lo ha dicho el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, una extracción monetaria que podría dejar moribunda a la ya incierta economía colombiana y sin posibilidades de responder a las exigencias del empleo, además propiciando una informalidad aún más calamitosa a la ya existente, mientras que de otra parte debería saberse al menos la mención específica de los programas a financiar.
Si bien esto será motivo desagregado de la ley del Plan como norma prevalente, y solo se presentará posterior e inmediatamente a la reforma tributaria, tampoco queda mucho tiempo para hacerlo. De tal manera, aun con mensaje de urgencia para la reforma tributaria, resulta un imperativo democrático que esta sea sometida a la misma amplitud de audiencia públicas y concertación entre los diferentes actores de la vida nacional.
Evidente es, ciertamente, que se requiere volver a fondear los programas sociales que vienen del gobierno anterior (aun cambiándoles de nombre) y que no hay campo para adquirir más créditos, además en un escenario deficitario y las necesidades de cumplir con el “voto programático”. Pero, de otro lado, también hay que sopesar que la reforma se presenta en un contexto internacional turbulento, incidido tanto por las secuelas económicas y sociales de la pandemia como por la guerra suscitada a causa de la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, no solo permanece la suspensión de varias de las cadenas de suministros, sino que hay un teatro inflacionario mundial galopante, un dramático pulso global por las fuentes de energía y una volatilidad permanente de las monedas frente al dólar.
Bajo esa perspectiva también están pendientes en el país las conversaciones sobre el incremento del salario mínimo dentro de la carestía que ha repercutido sobre las familias colombianas. A ello se añaden los anuncios de restablecer el pago de horas extras, dominicales y festivos dentro del régimen de hace unos años. Y por igual, cuando entre en vigor la reforma tributaria, comenzará a regir la reducción de la jornada laboral, como también está por concretarse el anuncio del presidente de abolir las llamadas nóminas paralelas, seguramente a cambio de engrosar, en parte, la carrera administrativa y abolir las temporalidades docentes.
El primer mandatario trajo a cuento, en la ANDI, a Mariana Mazucatto, entre otros muchos nombres y como alternativa. Vale reiterar que aquí ya existen esas posibilidades misionales, en las que concuerdan el sector público y el privado, con fundamento en un Plan de Desarrollo bien estructurado, para conseguir los fines esenciales del Estado Social de Derecho, lo que es posible hacer sin eliminar la libertad de mercado.