La Procuraduría General de la Nación promovió acuerdo entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Consorcio Expansión CEPS, que permitirá llegar a una solución definitiva a las diferencias presentadas en el desarrollo del contrato suscrito para la ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre II, que tiene como objetivo la descontaminación del río Bogotá y beneficiará a millones de ciudadanos.  

Luego de las diferencias presentadas entre la CAR y el contratista, el órgano de control convocó a una reunión a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), al representante del consorcio interventor y a la Contraloría General de la República, espacio en el que se pactó acudir a la figura del 'amigable componedor', que estaría en manos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio en convenio con el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR). 

• Le puede interesar:Sumapaz tendrá cinco centros de conectividad campesina

La Procuraduría explicó que esta figura jurídica que estipularon las partes hará un análisis técnico y jurídico integral al Contrato de Obra 803 de 2016 y emitirá las decisiones que serán de obligatorio cumplimiento en búsqueda de la terminación exitosa del proyecto. 

En este espacio de concertación, liderado por el Ministerio Público, también se estableció que se otorgará un plazo de seis meses adicionales para que el ‘amigable componedor’ realice el análisis integral del contrato, en pro de la operación de la planta y el beneficio de los ciudadanos.

Asimismo, la Procuraduría indió que continuará con el seguimiento preventivo a la ejecución de la PTAR Salitre II y a las decisiones que se adopten en instancias jurídicas, en aras de velar por el correcto desarrollo del proyecto, por la protección de los recursos públicos y defensa de los derechos de los bogotanos.