La Asociación Nacional de Entidades Financieras (ANIF) publicó un informe en el que detalla cómo se han asignado los presupuestos a cada uno de los rubros.
Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno dicen que es posible que estas asignaciones cambien, más si se tiene en cuenta que se va a hacer una reforma tributaria para aumentar el gasto social.
En los últimos días de julio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2023. No sobra resaltar que ese proyecto fue desarrollado por la administración anterior, razón por la cual el PGN que resulte al final del proceso legislativo será muy diferente a la propuesta inicial.
En efecto, se puede esperar que las prioridades de gasto del nuevo gobierno disten de aquellas del anterior, lo que se reflejaría en cambios en la asignación sectorial, los montos de funcionamiento e inversión y el servicio de la deuda. Sin embargo, cabe el análisis de la propuesta del gobierno anterior, puesto que es un reflejo de las prioridades y compromisos de este, además de ser consistente con las metas de déficit y deuda acordes con la Regla Fiscal.
Atención a migrantes
Según ANIF, en primer lugar, el Mensaje Presidencial y su anexo ponen de presente que el diseño del presupuesto para el 2023 va encaminado a “proteger, con responsabilidad fiscal, a la población más vulnerable, así como potenciar el crecimiento del PIB y la diversificación de las exportaciones”. Con ello, se hace énfasis en varios compromisos de Colombia que se adquirieron a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, una de las líneas de acción que más resaltan es la de la atención a los migrantes venezolanos, dada la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos con una vigencia de 10 años.
Así mismo, otra de las líneas orientadoras del presupuesto se relaciona con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en seguir avanzando con los preceptos del Acuerdo de París sobre cambio climático. Adicionalmente, hay espacio para mencionar los gastos que se necesitarán durante el año para atender los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc. De otra parte, los retos en salud pública que persisten por la pandemia del virus SARS-CoV-2 requieren que la asignación presupuestal tenga eso en consideración.
Reducir déficit
Ahora, tal vez el principio rector más importante detrás de la formulación del PGN es el de la consistencia con las metas de déficit y deuda pública delineados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022 (MFMP 2022). En efecto, el Ministerio enfatizó que la programación presupuestal planteada va en línea con un balance del Gobierno nacional de -3,6 puntos del PIB y una deuda neta de 52,2 puntos del PIB. Eso, por ejemplo, se plasma en la inclusión de los recursos necesarios para cerrar parte de la deuda con el FEPC, y en el descenso en el monto asignado a la inversión. Como se había puesto de precedente en ANIF, el ajuste en las finanzas públicas estipulado por el Ministerio para cumplir con la senda de déficit incluye una reducción importante, y difícil de lograr, en el gasto público.
En ese orden de ideas, la Asociación hace un análisis de lo estipulado en el proyecto de PGN 2023. Miramos tanto la asignación presupuestal de los principales sectores como las fuentes de recursos planteados para suplir esa asignación. Todo lo anterior considerando que el presupuesto con toda seguridad estará sujeto a cambios por la nueva administración.
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Presupuesto funcional
Para la vigencia 2023 se estima que el Presupuesto General de la Nación ascienda a $391,4 billones, equivalentes a 27 puntos del PIB. Ese valor, además, representa un incremento nominal de más de 11% frente al presupuesto de la vigencia anterior. En materia de usos, el monto estimado distingue los desembolsos presupuestados entre gastos, adquisiciones de activos no financieros y las aplicaciones de financiamiento que contemplan la amortización de la deuda, la adquisición de activos financieros y la concesión de préstamos.
De esa forma, la estructura del PGN 2023 se encuentra determinada en su mayoría (90,7%, equivalente a $354,9 billones) por gastos y la adquisición de activos no financieros, siendo los gastos los de mayor destinación ($340,1 billones) seguidos de la adquisición de activos no financieros (14,8 billones). Por su parte, las aplicaciones financieras concentran tan solo el 9,3% del monto total ($36,5 billones), destinadas en su mayoría a la amortización de la deuda.
Ahora, la lectura económica de los usos permite ver una destinación de $250,6 billones para el presupuesto de funcionamiento, lo que representa un incremento de casi 19% con respecto al mismo en 2022. El rubro de funcionamiento incluye transferencias corrientes correspondientes a prestaciones sociales y transferencias a otras unidades del sector del gobierno general, los hogares y otros sectores. Le sigue en monto el presupuesto asociado al servicio de la deuda pública, dentro de la cual se contempla el pago de intereses y de capital. Por último, el presupuesto de los gastos de inversión corresponde a $62,8 billones, que es 9,8% inferior a la inversión en el PGN 2022.
Finalidad de gasto
En cuanto a la finalidad y función del gasto, el presupuesto hace la designación tomando en cuenta los gastos de funcionamiento y de inversión, excluyendo los $78 billones destinados a los servicios de la Deuda Pública.
En ese sentido, el monto a analizar es de $313,4 billones, de los cuales 64,5% tiene por finalidad y función temas de protección social, salud y educación como resultado de los distintos programas que se han orientado a atender la población vulnerable. Ese porcentaje se distribuye de la siguiente forma: 32,2% del monto a protección social ($101 billones), 16,4% a salud ($54,4 billones) y 14,9% a educación ($46,8 billones).
A las asignaciones de destinación social les siguen las enfocadas al orden público y seguridad, a las que se les designó un 10,4% del gasto total sin deuda, equivalente a $32,6 billones. Siendo así estas cuatro funciones acogen más del 70% de los desembolsos programados para el 2023 en materia de clasificación funcional.
Esa asignación lleva entonces a que los sectores de Educación, Salud y Protección, Hacienda, Trabajo y Defensa Nacional reciban una asignación presupuestal de $220,2 billones, que representa más de 70% del total del presupuesto sin deuda.
Mayores recursos
Los mayores incrementos anuales en las asignaciones se ubican en los sectores de Hacienda (variación anual de 86,4%), Salud y Protección Social (16,9%) y Defensa Nacional (12,7%). Vale la pena mencionar que, a diferencia de los años anteriores, el presupuesto asignado a Hacienda contiene un monto de $19,1 billones, cuya destinación está orientada a cubrir el déficit de $14,2 billones que acumuló el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en la primera mitad de 2022, en línea con las metas de déficit trazadas en el MFMP 2022.
Siendo así, el PGN para la vigencia 2023 sin contar la deuda presenta un incremento de 12,4% en el monto total, pasando de $278,7 billones en 2022 a una asignación de $313,4 billones para 2023. El compromiso con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable continúa siendo el enfoque prioritario del presupuesto de gasto para el 2023, en el marco de la responsabilidad fiscal y la consistencia con las metas planteadas en el MFMP 2022.