El difícil reto de acabar nóminas paralelas en el Estado | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 10 de Agosto de 2022
Redacción Web

Un nuevo anuncio hizo el Gobierno para reducir el gasto público eliminando las llamadas nóminas paralelas en las entidades del nivel central. Sin embargo, por esa vía ineludiblemente termina metiéndose en un problema mayor, como es el gran número de personas que están por prestación de servicios, a contrapelo de una sentencia de la Corte que dice que esto solo aplica para funciones temporales.

El presidente Gustavo Petro trinó que “he dado la orden en Consejo de ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo”.

El pasado lunes, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, anunció que será suprimida la mitad de las consejerías presidenciales, con el fin de reducir el gasto público.

Las medidas de austeridad que anuncia el Gobierno se dan en un momento en que acaba de presentar al Congreso el proyecto de reforma tributaria para financiar la robusta propuesta social del presidente Petro, la cual se soporta en subirle los impuestos a los que más tienen, pero que también ha merecido reclamos de congresistas de oposición que piden que el Ejecutivo se apriete el cinturón en el gasto.

Las nóminas paralelas en el empleo público, ya sea en el nivel central o en gobernaciones y alcaldías, han seguido creciendo en los últimos años a través de la modalidad de órdenes de prestación de servicios.

Ello ha sido aprovechado por algunos políticos y directivos de entidades, en lo nacional y regional, para pagar favores, donde se contrata personal por prestación de servicios en labores permanentes, en algunos casos, o de carácter excepcional cuando no tienen en la planta el perfil para desarrollar una determinada labor.

Sin embargo, también ha sido una puerta abierta para que se vincule gente que no se necesita en la función pública, de tal forma que hay casos en entidades con tres trabajadores designados para una labor que puede desarrollar una persona.

Entonces el término nómina paralela lo asocian muchos con empleados innecesarios en la función pública, como consecuencia de intereses políticos, pero el asunto tiene más de fondo pues en mayor medida está un problema que por tantos años no se ha resuelto, como es el de la provisionalidad, pues según la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), hay más de un millón de personas en esta condición que sí se necesitan en las entidades.

La medida que anunció el presidente Petro tocaría a personas innecesarias en el cargo que están por prestación de servicios en las entidades del nivel central. 

No obstante, como los trabajadores que estarían de más en las entidades son la minoría, la reducción del gasto por esta vía que se propone el Gobierno no tendría mayor impacto.

Por lo menos eso se concluye de la situación que vive el empleo en provisionalidad en la función pública, según explicó a EL NUEVO SIGLO el presidente de la CUT,  Francisco Maltés Tello.

Lo primero que habría que precisar es qué se quiere decir con nóminas paralelas, porque en el Estado laboran cerca de un millón 200 mil personas contratadas a través de órdenes de prestación de servicios. Entonces esos trabajadores han sido nombrados de esa manera violándoles los derechos a la estabilidad salariales y prestacionales, como dice la Sentencia 614 de la Corte, porque en los años 90 y 2000 hubo procesos de ajuste en los cuales hubo miles de despidos”, señaló.

El dirigente sindical dijo que “lo que hoy se requiere es que esos trabajadores se formalicen. El 90% de trabajadores de la salud está vinculado por órdenes de prestación de servicios, entonces la pregunta es ¿los van a despedir?”.

Agregó que 30 mil instructores del SENA están por prestación de servicios, “inclusive uno hace 20 años”. 

Por ello, el presidente de la CUT le planteó al Jefe del Estado, ante el anuncio que hizo de que serán desmanteladas todas las nóminas paralelas, que “aquí se tiene que instalar una comisión de negociación de las centrales sindicales para dar cumplimiento al Decreto 1800, que ordena que todos estos casos se estudien uno a uno y se le hagan recomendaciones a las entidades”.

Agregó Maltés que “lo que procede es, antes de despedir a cualquier trabajador, mirar si el cargo que cumple es permanente o no, y si lo cumple permanente y está por orden de prestación de servicios, formalizarlo”.


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Avanzar en formalización 

El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Juan Daniel Jaramillo, indicó a este Diario que es necesario avanzar en la formalización del empleo público.

“Llevamos muchísimos años intentando corregir los problemas de formalización en el sector público”, indicó el académico. Añadió que las “nóminas paralelas académicamente hacen alusión a las órdenes de prestación de servicios”.

Remitiéndose a la Sentencia 614 del 2009 de la Corte, Jaramillo recordó que “para que se desempeñen funciones de carácter permanente debe no poder recurrirse a órdenes de prestación de servicios sino que tiene que ser con funcionarios de planta cuya vinculación deber ser a través de carrera, previo concurso”.

Consideró Jaramillo que para dar cumplimiento a esta normativa, debe haber un tránsito progresivo, obviamente para privilegiar el mérito en el servicio público, que es la orden constitucional y legal”.

Añadió que en este proceso, no se pueden desconocer derechos adquiridos de los actuales contratistas. “No podría recurrirse a terminaciones anticipadas porque no hay lugar a ellas, pero sí debería progresivamente empezar a corregirse la prevalencia en la vinculación de los servidores del Estado a través de la carrera y recurrirse a las órdenes de prestación de servicios exclusivamente para temas técnicos, en los que no hay una función de carácter permanente, pero no hay que deteriorar la carrera ni el mérito como principio que gobierna el acceso y vinculación al servicio público”.

El programa de gobierno

Poco antes de la segunda vuelta presidencial Gustavo Petro indicó que “el acceso al empleo público debe ser transparente. Se publicarán en redes las convocatorias, todas las personas podrán poner sus hojas de vida, los concursos publicarán los resultados y los ganadores ingresarán de inmediato a la carrera. Se publicará sus nombramientos”.

En tanto que el programa de Petro en materia de trabajo dice que “impulsaremos un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro”.

Mientras que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que se reformará el Estatuto del Trabajo, que entre otros cambios planteará que las horas extras sean de nuevo desde las 6 p.m.

Sentencia de la Corte

La Corte indica en la Sentencia 614 de 2009 “que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no solo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales”.