* Accidentada escogencia del Contralor

* Grave daño a institucionalidad fiscal

 

 

Muchas entidades del Estado se vuelven críticas, no por sí mismas, como tampoco por su estructura o necesidades, sino porque la elección de sus jefes se vuelve un enredo descomunal, lleno de opacidad.

Para nadie es secreto, por ejemplo, que el control fiscal es una función esencial del Estado. Y que es un deber mantenerlo y mejorarlo. Pero el espectáculo por capítulos que se ha venido sucediendo en el Congreso con la elección del Contralor de la República es, por desgracia, demostrativo de que, por más que se hacen reformas y se tratan de mejorar los procedimientos de selección, se vuelve a caer en las arenas movedizas de los maniobreros, los artilugios y los aspectos aparentemente disfuncionales de la administración estatal.

No es, por supuesto, una situación de poca monta. De hecho, pocas veces, como en la actualidad, se había presentado una rapiña de semejantes características por un cargo que, ante todo, debería ser eminentemente técnico, alejado del influjo pernicioso de la política menuda, y sujeto a una gran dosis de experticia en el manejo de la cosa pública. Es decir, no solo un cargo estrictamente concerniente a los mecanismos de control (lo que desde luego es un axioma), sino también ocupado por servidores con un amplio entendimiento en la estructura del Estado y el sano desenvolvimiento de los recursos de todos los colombianos.

En principio, todo está bien. Se convoca el concurso para que participen los interesados, con una hoja de vida adecuada; se lleva a cabo el método por una universidad acreditada que genere confianza y califique de una manera óptima el examen de los intervinientes; y luego se entregan los resultados a través de una lista de veinte elegibles, no solo para conocimiento público, sino para que el Congreso pueda escoger cuál, dentro de los mejores puntajes, es la persona que brinda las condiciones de excelencia para dirigir la Contraloría.

Hasta ahí, como se dijo, todo está bien. Pero inmediatamente llega el listado al Congreso el ambiente cambia. Lo primero es observar si dentro de los seleccionados está alguno que pueda tener inclinaciones para que la poderosa nómina de la entidad, en sus diferentes escalas, sea compartida posteriormente con sugerencias de los parlamentarios.

De hecho, algunos de los concursantes que se presentan al examen ya han tenido contactos previos con los congresistas. Y si, por cualquier razón, a esa persona le fue bien, pero no alcanza a estar entre los puntajes prevalentes, se puede hacer un listado lo suficientemente amplio (diez, por ejemplo), para que exista una margen que otorgue mayor juego.

Para el caso, esa lista ya estaba hecha por el Congreso anterior, pero sin obedecer estrictamente al escalafón de los puntajes y dejando de lado la equidad de género. Por lo cual, las autoridades judiciales ordenaron reconformarla. Así se hizo, no llamando a un procedimiento nuevo, sino reconfigurando el listado final de diez aspirantes con algunos nombres de la plancha de veinte elegibles entregada por la universidad.

Entonces, las directivas del nuevo Congreso determinaron, en vista de que no aparecían los nombres que tenían mayor aceptación en el gobierno entrante y algunos sectores del hemiciclo, citar otra comisión accidental con el fin de hacer otro listado final de diez candidatos. Este procedimiento, como era de esperarse, fue de inmediato demandado, inclusive en la órbita penal por cuanto puede tipificar un prevaricato. Ante ese debate legal, varios de los parlamentarios escogidos para hacer parte de la citada comisión renunciaron, pero el presidente del Parlamento dijo que no podían hacerlo y debían asistir obligatoriamente a la reunión que ayer se llevó a cabo para avanzar en la nubosa propuesta de las cúpulas de Senado y Cámara.

Se entenderá que con todos estos ires y venires lo que se ha hecho es minar la legitimidad de la Contraloría. Porque cualquiera que sea elegido ya carga de por sí un acre olor en su escogencia, mucho más incluso si lo que se pretende es imponer a rajatabla el candidato del gobierno.

La gente del común no entiende, ciertamente, porque no se procede a confeccionar una terna, con los mejores puntajes. Y se desarrolla luego un procedimiento de elección similar al de las magistraturas u otras entidades del mismo nivel. Ciertamente, si la terna para dirigir la Contraloría estuviera determinada por los tres primeros puntajes de la lista de elegibles, la escogencia podría ser más objetiva y la opinión pública estaría más tranquila.

En todo caso, lo que hoy se observa con el relevo en la Contraloría no le hace bien al país ni tiene nada que ver con el cambio de costumbres políticas prometido.