En materia de justicia el nuevo gobierno tiene varios retos; el primero de estos, agilizar su administración en la reforma que tenga en mente, dijo el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien explicó en EL NUEVO SIGLO las razones que lo llevaron a no aceptar la invitación que le hizo el entrante presidente Gustavo Petro a ocupar esta cartera.
EL NUEVO SIGLO: ¿No le llamó la atención el ofrecimiento del presidente electo para que ocupara el Ministerio de Justicia?
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ: Tengo la convicción de que la justicia es el aspecto más importante de la gestión de cualquier Estado, y específicamente de la actividad que desarrolle un gobierno en relación con la rama judicial.
Ese es un ministerio que exige mucha actividad, una gran concentración y una permanente disposición, y en este momento con un asma bronquial que tengo, la necesidad permanente de estar en consulta y de no poder trasladarme algunas veces a ciertos lugares, pues se me dificulta enormemente.
Por eso preferí declinar, pero además, fuera de la salud, hay otros motivos: es que tengo una serie de compromisos académicos con entidades nacionales e internacionales, que manejo por vía virtual o por escrito, tengo varias asesorías y no quisiera abandonarlas.
Además, estoy escribiendo un libro de derecho constitucional que no quiero dejar inacabado, quiero culminar la elaboración de ese libro y continuar con mis columnas, entre otras la de EL NUEVO SIGLO.
Ahora, le he mandado expresar al señor presidente Petro que con el mayor gusto, si lo considera pertinente, brindarle apoyo académico, por ejemplo.
Para las grandes reformas, creo que se puede conformar una comisión de juristas que haga los estudios, especialmente cuando esas reformas impacten la Constitución en materia de administración de justicia y el Ministerio Público.
ENS: ¿Le habían ofrecido el Ministerio de Justicia en otros gobiernos?
JGH: No.
ENS: ¿Cuáles son los retos principales que ve para el próximo ministro de Justicia?
JGH: El primer desafío que va a tener el próximo gobierno es el de buscar que las reformas que se introduzcan sean para agilizar la administración de justicia, para que haya independencia de los órganos de control y para que finalmente se cristalicen los propósitos de la paz.
Por otro lado es urgente que se trate a fondo el tema de la crisis carcelaria porque las cárceles están en una situación muy compleja de hacinamiento, de muchos problemas, como los que dieron lugar a la situación tan grave que se presentó en la cárcel de Tuluá, recientemente, y hace un tiempo en la cárcel Modelo en Bogotá.
Es necesario que la política carcelaria se trace, pero esa política tiene que contar igualmente con un respaldo fundamental en la fijación de la política criminal del Estado, que la tiene que trazar básicamente el Congreso, pero con la participación de otros órganos.
Esa política criminal hoy por hoy no está bien concebida y es necesario rectificarla.