Esta semana se iniciará en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara la discusión de la reforma tributaria o ley de Inversión Social, como la llama el Gobierno nacional que presentó este proyecto con mensaje de urgencia para atender el déficit fiscal que ha dejado la pandemia, así como financiar por un tiempo más una serie de ayudas que ha entregado a la población más vulnerable.
El Gobierno espera lograr consensos con las diferentes bancadas frente a esta iniciativa, incluso con los de oposición y los partidos independientes, teniendo en cuenta no solo la necesidad apremiante de alimentar las finanzas públicas (duramente golpeadas por la crisis de la pandemia) sino porque además es claro que de esta reforma depende darle continuidad en 2022 a varias ayudas a la población más damnificada mediante Ingreso Solidario, que tendría un costo de $8,7 billones a través del cual se apoya desde el año anterior a los hogares que no reciben transferencia monetaria por los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA.
También el Ejecutivo nacional ha señalado que del recaudo por $15,2 billones anuales que espera recoger por la reforma, depende que se extienda el próximo año la matrícula gratis en la universidad pública a los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3; así mismo que se prolongue hasta diciembre próximo el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con el cual subsidia un 40% del salario mínimo a los empleadores que han visto reducidos sus ingresos de operación por la crisis de la pandemia, esto con el fin de preservar los puestos de trabajo.
La iniciativa de reforma tributaria que estudia el Congreso de la República es distante en sus alcances a un primer proyecto que tuvo que retirar el Gobierno nacional en mayo pasado, pues fue una de las razones de las protestas en todo el país que se extendieron por más de un mes. Esto debido a que no toca con el IVA la canasta familiar ni pone a pagar renta a más colombianos al reducir, como sí lo hacía el anterior, el piso de ingresos a partir del cual se activa el gravamen.
La mayoría de los recursos que propone esta reforma tributaria provendrían de un apretón del cinturón del Gobierno en el gasto, así como de aplazar el beneficio de la devolución del ICA y la reducción del impuesto de renta a los empresarios.
El proyecto contempla la lucha contra la evasión, con lo que se esperan obtener $2,8 billones; austeridad en el gasto público dejaría $1,9 billones; una tarifa de renta corporativa de 35% produciría $6,7 billones. De igual manera se propone mantener el descuento del ICA en 50%, que produciría $3,9 billones.
Además el proyecto tiene otras medidas transitorias como la sobretasa de renta corporativa de tres puntos al sector financiero hasta 2025, que dejaría $392.000 millones; y el impuesto de normalización tributaria, que por esta vía se conseguirían $760.000 millones.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que "el primer gran consenso tiene que ser la preocupación por los vulnerables. (…) Encontramos la necesidad de darles una respuesta, muchas de estas familias nos señalaban la urgencia, la necesidad de continuar con el programa de Ingreso Solidario, por eso la primera respuesta es dar la continuidad a ese programa social".
Qué han dicho los parlamentarios
Debido a que los congresistas de las comisiones económicas Terceras y Cuartas del Congreso están estudiando los alcances de este proyecto y a la espera de que los ponentes designados presenten el respectivo informe, todavía no hay posturas definidas frente a la iniciativa, pero sí propuestas para incluir y quitar cosas.
En cuanto a los partidos políticos de antemano los que integran la coalición (conservadores, la U y el Centro Democrático) han manifestado su apoyo a la iniciativa, no obstante ello no es óbice para que sus respectivas bancadas busquen hacerle ajustes al texto durante la discusión que comenzará esta semana.
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Días antes de que fuera radicado el proyecto la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, manifestó que “esta reforma debe estar encaminada para que paguen los que más tienen; por eso, se debe mantener el impuesto al patrimonio mínimo hasta el año 2026, extendiéndolo a personas jurídicas y aumentar la sobretasa a las entidades financieras para poder garantizar la red de protección social de los más pobres, incluyendo a las mujeres cuidadoras dentro del Ingreso Solidario”.
Mientras tanto la oposición radicó un proyecto de contrarreforma, que denominó Ley de Equidad Fiscal, que entre otras diferencias con el del Gobierno proyecta un recaudo anual de $11,7 billones; además la eliminación y limitación de diferentes beneficios tributarios para que todas las empresas contribuyan en igualdad de condiciones, entre otras.
La iniciativa propone temas como el impuesto a los bancos, impuesto a los más ricos e impuestos saludables.
Siguiendo en el campo de la oposición al Gobierno de Iván Duque, el senador Iván Marulanda (Alianza Verde) acotó sobre la reforma que presentó el Ministro de Hacienda que “en términos muy generales podría decir que el recaudo es bajo si se tienen en cuenta las demandas económicas y sociales de la crisis del país que es trágica. El Estado tiene obligaciones con la economía y con la sociedad que no puede esquivar, y para cumplir el papel que le concierne necesita reforzar su músculo fiscal. No es lo que se observa en el proyecto”.
Agregó el parlamentario de la Alianza Verde, que también fue designado ponente de esta iniciativa, que “estamos estudiando el proyecto y viendo cómo lo podemos mejorar. Nos inquietan los montos y la cobertura de la renta básica (Ingreso Solidario) y los demás apoyos”.
La senadora de la oposición Aída Avella manifestó su desacuerdo porque el proyecto deja una tarifa de 0% de retención en la fuente para los grandes inversionistas.
Mientras que en las toldas de la coalición de Gobierno el senador Andrés García Zuccardi (Partido de La U), quien fue designado entre los ponentes de este proyecto en la Comisión Tercera, dijo a EL NUEVO SIGLO que “creo que es vital para la economía colombiana que haya mensajes de confianza y de estabilidad en el país y veo con buenos ojos el espíritu de la reforma. En lo personal, desearía una reforma más ambiciosa en cuanto a la reducción del gasto y realmente tomar medidas drásticas y urgentes para promover la generación de empleo y más competitividad y productividad del país”.
Agregó que esas medidas urgentes se pueden lograr sin costos, por ejemplo, “dar recompensas a los ciudadanos y servidores públicos que le generen ahorros al Estado. La clave estaría en que la recompensa se derive del beneficio generado”.
Otra iniciativa, dijo el parlamentario de La U, podría ser “liberar el mercado de la educación para que puedan entrar a competir colegios y universidades de otros países, para mejorar la calidad y bajar costos”.
Añadió García Zuccardi que “hay es que derribar barreras de manera urgente y que le brinden beneficios y alivios inmediatos a los trabajadores y las familias colombianas. Critico que no hayan mecanismos innovadores”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Carlos Manuel Meisel (Centro Democrático), indicó a este Medio que “lo que estamos tratando es de ajustar una propuesta que sea lo menos nociva posible para el bolsillo del ciudadano y que la mayor parte de la contribución venga de la empresa privada y, sobre todo, de las personas que más ingresos tienen”.
En tanto que el representante a la Cámara por el Partido Conservador, José Élver Hernández, integrante de la Comisión Cuarta, dijo que "se ha presentado un proyecto de inversión social que une a los colombianos, y hago un llamado para que una al Congreso de la República".
Mientras que la senadora María del Rosario Guerra, quien será clave en la discusión de esta iniciativa de reforma, pues además de ser integrante del partido de gobierno, el Centro Democrático, es la Presidenta de la Comisión Tercera, destacó que “el Gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la austeridad y la reducción de gastos del Estado, por eso hay un capítulo importante en la propuesta de Reforma Social para reducir gastos generales y gastos de personal”.
A su vez, el senador Nicolás Pérez Vásquez (Centro Democrático), designado entre los coordinadores ponentes de la Comisión Cuarta, señaló que en las reuniones que seguirán sosteniendo los ponentes con el Ministerio de Hacienda van a “empezar a construir un nuevo texto donde vamos, partiendo del texto del Gobierno, ir poniendo una cantidad de proposiciones con ideas nuevas de los diferentes congresistas, de los diferentes partidos políticos”.
Más opiniones
En tanto que de cara a la discusión de esta iniciativa la senadora María del Rosario Guerra dijo que “debemos evitar que se nos cruce el debate del proyecto de Inversión Social con el debate de Ley de Presupuesto en las comisiones económicas conjuntas".
También por los lados del partido Centro Democrático el senador Ciro Ramírez anunció que presentará una proposición para incluir en la reforma tributaria, acerca de un nuevo impuesto del 10% por cinco años que grave los altos salarios, entre estos de los congresistas.
"Es una buena oportunidad para dar un buen mensaje en época de crisis y que vaya acompañado al proyecto de ley”, explicó el parlamentario uribista.
“La idea es que se reduzca a través de un impuesto el salario de los congresistas similar a lo que ocurrió en la pandemia, donde se redujo el salario a los congresistas por medio del impuesto covid”, explicó el Senador.
Mientras que en el Partido Conservador el senador Efraín Cepeda fue uno de los que acompañó al Ministro de Hacienda en la radicación de este proyecto el pasado 20 de julio.
“Primer proyecto de ley radicado por el Gobierno para este período es el de Inversión Social, con el que se busca recaudar $15,2 billones al año y beneficiará a 7,8 millones de hogares, reactivará la economía y estabilizará las finanzas públicas”, destacó Cepeda, quien es uno de los ponentes de esta iniciativa en la Comisión Tercera.
En tanto que el senador Rodrigo Villalba, vocero del Partido Liberal en esta Corporación y quien es uno de los coordinadores ponentes de la reforma, señaló que “la veo con buenos ojos porque es muy distinta a la anterior, a la vieja, que sirvió de florero de Llorente para toda la inconformidad ciudadana que vimos en mayo y junio”.
Agregó el legislador huilense que “el Gobierno necesita recursos para financiar programas sociales como Ingreso Solidario y el subsidio a la nómina, entre otros. Esta reforma tributaria es necesaria para que el Gobierno les envíe un mensaje a las calificadoras de riesgo. Nos parece que está bien planteada. Es liviana, es de 35 artículos. ¿Cuál es el reto? Que se trate de conservar como se ha presentado porque en el seno del Congreso van a surgir propuestas de toda índole. Yo creo que el trámite puede ser exitoso”.
A su turno el representante a la Cámara por el Partido Liberal, John Jairo Roldán, aseguró que este nuevo articulado recoge los consensos de los sectores. Sin embargo, reiteró la necesidad de poder vender los activos de la SAE que fueron incautados al narcotráfico.
Reunión con Hacienda
El pasado viernes los coordinadores y los ponentes designados en las comisiones económicas se reunieron con el Ministro de Hacienda para discutir las primeras propuestas que tienen acerca de este proyecto y empaparse de distintos aspectos del texto.
Tras el encuentro el senador John Milton Rodríguez (Colombia Justas Libres) indicó que “estamos analizando unos puntos adicionales para que en ese momento de los bloqueos y la situación de vandalismo que tanto afectó la economía de las empresas, en especial de las mipymes, puedan tener una mayor protección”.
De igual forma en esa oportunidad los ponentes revisaron con el Ministro de Hacienda y Crédito Público la tarifa de renta para las empresas que contempla el proyecto, pues explicó el senador Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) “la renta la pagan las empresas que tuvieron ganancias, van a ser muy pocas porque después de la crisis del año pasado son muy pocas las empresas que van a lograr tener esas ganancias”.
Al tiempo que el senador Carlos Manuel Meisel dijo que “hemos dejado en firme la Matrícula Cero, el mantenimiento del PAEF, el incremento del Ingreso Solidario, también el subsidio al empleo joven”.