* Las tímidas propuestas parlamentarias
* Ciudadanos de primera y de segunda
Con la aplanadora que se ha venido gestando en el Congreso a raíz del llamado acuerdo nacional, en el que confluyen los partidos oficialistas e independientes, se pensó que la reforma al régimen parlamentario tendría una preponderancia inusitada en la agenda legislativa inmediata. Pero, al parecer, no va a ser así.
Sin embargo, el cambio de los procedimientos electorales, la modificación de los salarios y privilegios de los congresistas, la modernización de los debates, un mayor blindaje contra la corrupción, la profundización de una democracia más representativa y cercana a los anhelos populares fueron temas de primer orden que, entre otros, se ventilaron día a día durante la agitada campaña que acaba de terminar. Y sobre los cuales se prometió un viraje drástico, además, en el término de la distancia, es decir, lo más pronto posible.
Para nadie es secreto, de modo cierto, que la democracia colombiana tiene deficiencias en los mecanismos de representación hasta el punto de que muchos departamentos del país no tienen voceros de ninguna índole en el Senado. De esta manera, un número importante de regiones se quedan sin voz en la máxima entidad del Legislativo, en especial los territorios de la denominada Nueva Colombia, pese a que es allí, por ejemplo, donde se suscita buena parte de la lesiva problemática de orden público. O, mejor dicho, en los lugares donde la criminalidad organizada se afianza a fin de conquistar y consolidar los corredores estratégicos de las drogas ilícitas, perturbando la tranquilidad ciudadana.
Y en ese maremagno, como se sabe, caen los líderes sociales, se impide el transcurso del pleno ejercicio de la soberanía nacional y la legitimidad del Estado pierde vigencia puesto que no se trata, exclusivamente, de un tema militar, sino de la expansión de los servicios sociales estatales y la creación de fuentes económicas diferentes al cultivo de la hoja de coca, la marihuana y la amapola, con inversiones suficientes y planes de infraestructura que saquen a estos territorios del marginamiento habitual.
De otra parte, es en esas zonas de donde el país deriva una proporción considerable de los fondos de la hacienda pública, a partir del petróleo y otros recursos, pero aquellas secciones productoras no tienen ni voz ni voto en el Senado. Ni tampoco participan en los debates sobre las regalías. De hecho, poseedoras de grandes riquezas ambientales, no se les permite intervenir nacionalmente en el tema. Resulta, asimismo, una incongruencia de gran calado que estos territorios se queden por fuera de las discusiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo como si sus habitantes no tuvieran la capacidad para intervenir en los grandes propósitos del país.
Esa carencia de representación democrática viene dada, por supuesto, por la famosa circunscripción nacional senatorial, en la que los departamentos de menor población o muchos de la Orinoquia y la Amazonia no gozan de ningún cupo en el Senado, mientras que a sus habitantes solo les queda la opción de votar por políticos de otras regiones que, ciertamente, apenas los ven como una especie de bolsas electorales. De tal manera, los políticos van a pescar sufragios en el trámite de las elecciones, no obstante, luego se olvidan de la representación correspondiente.
Pero, además, la circunscripción nacional para Senado ha sido la causante de que el ejercicio de la política haya incrementado exponencialmente sus costos. De allí que este método haya servido de aliciente a la corrupción. Y todavía más con el desarrollo del voto preferente, que no fue más que el mecanismo furtivo para dejar en firme la coyunda de las empresas electorales.
Tampoco es viable seguir con el mecanismo constitucional que se adoptó para fijar los salarios parlamentarios. Buena parte de la indignación nacional con el Congreso deviene de los emolumentos de sus integrantes. Nada se gana, en los propósitos de cambio, si de nuevo el pueblo ve como le esquilman sus anhelos. Muy mal precedente lo que se ha oído en estos días de que, en ese aspecto, los actuales congresistas seguirán en las mismas o dejando todo para después. De lo que se trata, aquí y ahora, es de recobrar la legitimidad. Y una señal perentoria en ese sentido está en el recorte salarial respectivo, porque la fórmula de la Constituyente de 1991 se salió de todas proporciones (sin que estas fueran sus pretensiones) y hoy más que nunca se hace necesario hacer caso al escrutinio popular.
Una reforma seria del Congreso exige mucho más, evidentemente, que recortar un par de semanas las prolongadas vacaciones parlamentarias u otros temas de menor incidencia. El llamado acuerdo nacional sería una plataforma adecuada para ello. Claro, si hubiera voluntad política real en el oficialismo que recién se estrena.