La atención a diferentes tipos de delitos hace extensa la actividad policial, pues la institución no se pude sustraer a su responsabilidad de conservar el orden público interno, que resulta de la prevención y eliminación de perturbaciones sobre seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad públicas, resumidas en defensa de vida, honra y bienes de la colectividad.
Una de esas actividades que atenta contra el orden público es la invasión de tierras ejecutadas por conjuntos de personas, que bajo la dirección de estructuras organizadas, atentan contra predios identificados y escogidos con antelación; esta actividad es inveterada en Colombia especialmente en sectores rurales aledaños a ciudades o parcelas en vía de desarrollo. La historia es prolija sobre este tema, pues varios barrios o comunidades se han desarrollado y establecido gracias a movimientos invasores que tuvieron éxito en su momento, sirviendo de motivación para continuar con esta práctica tan alevosa y violenta, originada por la presencia tímida y progresiva de grupos, que se van posesionando de parcelas con rapidez y sorpresa, convirtiéndose en catervas de presión amenazante para las autoridades del lugar.
Toda invasión está programada y cuenta con líderes en diferentes sentidos, quienes dirigen un operativo, desarrollado paso por paso, como la acomodación de personas en el lugar sin despertar prevención, sigue la presencia de menores, continuado con mujeres embarazadas, aparecen los cambuches y cocinas, dando impresión de familias organizadas. El acto continúa, si la sorpresa lo permite, con la construcción de viviendas utilizando ladrillos y alambre de púa para delimitar el predio, ¡llegando la invasión a este punto! El procedimiento policivo se complica en alto grado por la posibilidad de enfrentamiento con la fuerza pública que, en últimas, debe atender la orden de desalojo.
Ante esta situación, la policía hace presencia respaldando la autoridad, obligada a proteger los intereses del propietario y frente a resistencia para desalojar el predio, deben los uniformados actuar en cumplimiento de órdenes, correspondiéndole por lo tanto, la peor parte del procedimiento, que no creo necesario aclarar por el concomiendo generalizado del tema.
Si analizamos lo descrito hasta el momento, podemos deducir fallas de la parte interesada, como son los propietarios, quienes no toman las medidas suficientes para evitar estos atentados, dejando la responsabilidad a la vigilancia policial; los dueños no cercan, no vigilan ni acordonan sus parcelas, permitiendo a invasores identificar el abandono con posibilidades de invasión.
Esta situación tiene dos vertientes: los invasores de tierras que buscan apropiarse de parcelas para vivir y los tierreros, organizaciones delictivas y experimentadas que dirigen y diseñan la invasión; luego pagan exiguos montos de dinero a los invasores que abandonan el lugar, dejándolos como propietarios de futuros proyectos destinados a diferentes tipos de vivienda. El verdadero problema está en estas organizaciones, que sacan ventajas de los necesitados.