¿Recuerdan ustedes aquella sentencia de la Corte Constitucional (Alejandro Linares, ponente) que dijo que no se podían imponer multas al propietario de un vehículo captado por una cámara fotográfica (siglo XXI), porque ésta no podía identificar con cédula al conductor, con lo cual acabó de un plumazo con un sistema de control de tránsito universalmente aceptado? Similar a Roy Barreras que quiere que, en caso de bombardeo, los pilotos pidan la cédula a los terroristas para evitar que haya menores.

La Corte legisladora -perdón, constitucional- declaró inconstitucional, en lo que al Congreso se refiere, un decreto que permitía que todas aquellas entidades que requieren reuniones aglomeradas, como el Congreso, la propia corte o las asambleas de compañías y edificios, lo hicieran por medio electrónico (siglo XXI). La Corte dijo que habría que modificar el reglamento del Congreso, pero aclaró que eso no tenía efecto retroactivo y que lo adoptado de esa manera, hasta la sentencia, era válido. Lo que es curioso es que la reunión en la que la Corte decidió semejante adefesio fue… virtual. El 20 de julio por razón de la pandemia el Congreso se instaló de forma virtual so pena de condenar a los congresistas al contagio y porque, además, está prohibida la movilización vía aérea.

Un decreto legislativo rebajó las contribuciones a pensión para los estratos 1, 2 y 3 por unos meses con el propósito de aliviar la carga a pensionados y empresarios. La Corte resolvió que los alivios eran muy altos y los rebajó. Yo, con franqueza, no sé de dónde saca la Corte argumentos para decir que lo que el Gobierno hizo está mal, pero lo que ella hace está bien. Como se decide por comunicado y no se publican las sentencias no hay manera de saberlo. Y, sobre todo, porque a esta decisión sí le dio efecto retroactivo y ha puesto a pensionados y empresas en el disparadero de devolver lo que no pagaron en abril y mayo.

Un decreto que otorgaba subsidios en servicios públicos fue declarado inexequible por falta de dos firmas de ministros. Explicable porque se trata de un error del Gobierno, lo que ha ocasionado muchas críticas de la oposición. Lo que no se dice es que el propio Gobierno solicitó a la Corte que lo declarara inconstitucional por esa y otras razones. Pero se puede mentir por acción o por omisión.

Lo que quiero destacar es que en época de pandemia hay que tratar de sobrevivir y adaptarse a las circunstancias y que estamos en el siglo XXI y no podemos prendernos del ápice y de la coma de la ley para “legislar”, como lo hace la Corte.

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Coda: El problema de la droga y el de la seguridad en el Caribe es no solamente de Colombia sino de los Estados Unidos. Ellos son los que consumen la cocaína y los que más pierden si se impone la revolución bolivariana. Colombia es uno de los países “amigos” como dijo Trump el 20 de julio. Pero los demócratas de la Cámara parecen no entenderlo. Quieren que se erradique la coca, pero cumpliendo con los acuerdos de La Habana y los dictámenes de la Corte constitucional que no permiten la fumigación aérea. La Cámara condiciona su ayuda a las Fuerzas Militares que es ridícula (USD 38 millones), también a que se investigue y se sancione a los responsables del “espionaje”. Se les olvida que ellos tienen más de dieciséis agencias de espionaje interno y externo, al menos tres de las cuales pertenecen a las fuerzas armadas gringas.