Pensando en un ahorro sustancial para el erario, el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, propuso vía proyecto de ley gravar con 10% permanente el salario de los congresistas.
Hoy un parlamentario devenga $32.741.755, es decir, el impuesto que propone Uribe sería de $3.300.000 mensuales.
El propósito del Centro Democrático es que el ahorro, que se estima en unos $12.000 millones anuales, se destine a programas sociales del Ejecutivo tal como se ha hecho con el gravamen del 20% que decretó el Gobierno para los altos funcionarios del Estado durante tres meses, por cuenta de la pandemia.
Esta propuesta del uribismo va atada a otra que pretende reducir en cerca del 50% la conformación del Congreso de la República: 50 senadores y 100 representantes. Dicen sus promotores que por esa vía, el Estado podría ahorrarse cerca de $300.000 millones al año.
Incluso, el Partido Conservador le propuso en abril pasado al Gobierno una contribución transitoria de entre 8% y 15% “para garantizar la seguridad alimentaria” en las regiones más vulnerables del país durante la pandemia.
Así las cosas, después de varios intentos está por verse si la nueva iniciativa, esta vez del Centro Democrático, logra convencer de sus bondades a los padres de la patria, aunque hay que advertir que cualquier modificación al salario de los altos funcionarios del Estado tiene que contar con una reforma constitucional previa.
Una de las propuestas que más ha intentado tramitarse en el Congreso, sin éxito hasta el momento, se relaciona con la reducción del salario de senadores y representantes a la Cámara.
Desde que se expidió la Constitución de 1991, los salarios de los congresistas se fijan no con base en el IPC que anualmente certifica el DANE y que sirve para definir el aumento del salario mínimo en el país, pues así lo estableció el artículo 187 de la Carta Política el cual establece:
“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”. Para ese efecto, se expidió la Ley 4 de 1992, que regula la fórmula del incremento.
Desde entonces, a la fecha se han presentado cerca de una decena de proyectos de ley que buscan reducir el salario de los padres de la patria, sin que ninguno haya sido aprobado hasta el momento.
También se intentó en 2018 con el proyecto 162/Senado, respaldado por varias colectividades, y que buscaba establecer “un tope para el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. La idea era fijarlo en máximo, 25 salarios mínimos. No prosperó.
Tampoco tuvo buen final la idea del Partido Verde que tomó este tema como bandera para la fallida Consulta Anticorrupción de 2018. Aunque logró cerca de 12 millones de votos, no fueron suficientes para aprobar la propuesta