A audiencia de imputación citó un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia al gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Así lo anunció la Fiscalía, precisando que se solicitará la imposición de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en el lugar de domicilio.
A través de un comunicado, el ente investigativo informó que en atención a varias denuncias ciudadanas y revelaciones hechas por medios de comunicación, el 24 de abril la Fiscalía inició indagaciones sobre posibles irregularidades de contratación en la Gobernación de San Andrés.
Durante más de 45 días, investigadores del CTI y Policía judicial de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia realizaron varias actividades y verificaciones al proceso de adjudicación y ejecución de un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación del Covid-19. Como parte de las acciones judiciales definidas, el gobernador Hawkins fue escuchado en interrogatorio a finales de mayo.
En la visita de seguimiento realizada a San Andrés el 27 de junio por el fiscal Francisco Barbosa y la delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, con el apoyo de la directora Seccional, Tatiana Angulo, se conocieron los pormenores de los hechos investigados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema y su impacto en la comunidad, principalmente, la afectación en los sectores de la salud, recreación y educación, por lo que se priorizaron tres casos más.
Injustificado
Según la Fiscalía, en las verificaciones hechas sobre el contrato de publicidad, se estableció́ que el gobernador Hawkins, sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente.
Adicionalmente, el titular del caso estableció que la empresa Noel Fotos S.A.S., luego de suscribir el contrato por $500 millones, el 18 de marzo de 2020, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de $86.800.000. Dicha suma fue pagada por el departamento.
Para el funcionario, además de vulnerar principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, se generó un detrimento patrimonial.
Ayer mismo, el gobernador Hawkins consideró que el fiscal Barbosa lo está usando como “chivo expiatorio” para justificar su viaje del fin de semana pasado al Archipiélago.
“Yo creo que el Fiscal debió decirle al país cuál era su agenda en San Andrés. ¿Qué hizo?, ¿una rueda de prensa con la comandancia de la Policía? No se supo nada más, se publicaron unas fotos caminando por el comercio en pleno toque de queda decretado por mí”, le señaló Hawkins a Blu Radio.
Sin embargo, también, el contralor Carlos Felipe Córdoba, quien acompañó a Barbosa en la mencionada visita, alertó esta semana sobre varios proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos detectados en San Andrés y Providencia, anunciando que próximamente el organismo de control dará a conocer los resultados de estas investigaciones.
Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, entre estos proyectos están, en el caso de San Andrés, el Tropical Park, el Colegio Cemed y el parque Sunrise Park.
Y en cuanto a Providencia y Santa Catalina, se encuentra paralizada la ejecución de obras como la piscina olímpica, el Colegio Junín, la pista de bicicross y el Puente de los Enamorados.
Todos estos proyectos involucran importantes recursos: en el Tropical Park se invirtieron más de $12.000 millones; en la piscina olímpica más de $1.600 millones; y en la pista de bicicross unos $1.200 millones.
También están en la mira de la Contraloría, la planta de desalinización y la compactadora de basuras.