Un seguimiento realizado por la Contraloría General de la República (CGR) a los indicadores de gestión de la Rama Judicial muestra que las cifras de congestión procesal en el país siguen siendo preocupantes, consideró ayer el organismo a través de un comunicado.

Según la Contraloría, en 2019 por cada 100 procesos que se hallaban en los despachos judiciales 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo en la actual vigencia. En 2019, el índice de congestión efectivo alcanzó el 50,75%.

Aunque en promedio la jurisdicción ordinaria presentó un indicador de 49,40%, hubo otras cuya congestión las ubicó por encima de ese nivel, como la administrativa con 60,02%, la disciplinaria con 58,84%, la laboral con 57,63%, la civil con 53,59% y la de familia con 53,25%.

Cifras

En total, 34 distritos judiciales superaron el promedio nacional de congestión y los que más mostraron fueron La Guajira, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena y Valle, tuvieron índices por encima del 64,5%.

En contraste, se destacan Manizales, Armenia, San Andrés y Providencia, Florencia, Pamplona y Buga, con índices inferiores a 44% de congestión.

El índice de evacuación parcial efectivo a diciembre de 2019 fue de 83,97% y resultó 1,4 puntos porcentuales mayor al registrado en 2018, que fue de 82,57%.

Según esto, en los últimos años el comportamiento en materia de eficacia en la gestión de la Rama Judicial para resolver los procesos a su cargo ha venido creciendo, pero no con la rapidez que requieren los usuarios.

Tecnología

En el informe publicado ayer, la CGR consideró que el sector judicial debe profundizar en la habilitación y utilización de nuevas tecnologías tales como Inteligencia artificial, Big Data (Mega Data), bancos de datos e inteligencia de negocios, herramientas de las que ya dispone este organismo de control para ejercer sus funciones de control preventivo, vigilar en tiempo real el manejo de los recursos públicos y derrotar sin contemplaciones a los corruptos.

Que hay que masificar el “Expediente Electrónico” y digitalizar los trámites y procesos, es una de las propuestas que planteó el organismo de control.

También urgió capacitar a los servidores en nuevas tecnologías que permitan la optimización de recursos y la descongestión de los despachos, a través de un modelo de arquitectura empresarial.

Igual, considera indispensable fortalecer el sistema de oferta gratuita de asesoría y asistencia jurídica para los ciudadanos que no tienen recursos, con el fin de evitar la sobrecarga de los despachos.

Y consideró fundamental “promover las formas desjudicializadas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, la mediación, el arbitraje, el amigable componedor y jueces de paz, para que no todos los conflictos lleguen a los estrados judiciales”.

Personal

Para 2019, la planta de la Rama Judicial alcanzó 31.525 funcionarios, de los cuales 5.473, es decir 17,4% del total, tenían funciones de juzgamiento.

Por cada juez o magistrado hay 4,76 empleados judiciales, cifra que se mantiene constante desde 2018.

En un país como Colombia, con 50 millones de habitantes, se tiene una tasa de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional determinado por la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.

Productividad

No hay evidencia de un incremento considerable en el número de personal juzgador vinculado a la Rama Judicial, pues se pasó de 5.471 en 2018 a 5.473 en 2019, con un aumento de tan solo el 0,04%.

En cuanto a la carga laboral por juzgador se tiene que para la vigencia 2019, se presentó un indicador de 882 procesos, con un aumento de 4,27 con respecto a 2018.

El indicador de productividad total y efectiva alcanzó 494 y 411 procesos por juez o magistrado, respectivamente.

Sin embargo, aunque la carga laboral por juez aumentó levemente, así como las productividades totales, los resultados obtenidos no presentan mejoras sustanciales en materia de descongestión judicial, como se observa en el número del inventario final de procesos judiciales, que alcanzó los 1.913.309 en 2019.

En cuanto a demandas contra el Estado por fallas atribuibles a la Justicia, el total apropiado para el pago de sentencias y conciliaciones fue de $142.873 millones, distribuidos porcentualmente así: Consejo Superior de la Judicatura 39,41%, Fiscalía General de la Nación 29,91%, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 16,20% y Procuraduría General de la Nación 14,13%.

Por otra parte, en el sistema penitenciario y carcelario 38.079 de los cupos intramurales, es decir el 31%, está ocupado por sindicados, lo que indica que el proceso judicial no está atendiendo de forma oportuna y efectiva los términos establecidos y genera riesgos de demandas en contra de la Nación.