- Más de 700 mil empleos están en juego
- Urge clarificar reglas del mercado
El sector de la producción de leche y sus derivados tiene una participación del 36,7 por ciento en el PIB pecuario nacional y genera alrededor de 736 mil empleos en Colombia. Según las cifras gremiales y del Ministerio de Agricultura, hay 395 mil productores en el país que diariamente entregan al mercado alrededor de 18,7 millones de litros del preciado líquido, siendo Antioquia y Cundinamarca los que más aportan. Todo lo anterior explica por qué el consumo de leche por persona es de 143 litros al año…
Como se puede derivar de las anteriores cifras, es claro que este sector tiene una importancia superlativa para el país desde el punto de vista económico y social. De allí la preocupación que viene creciendo por lo que está ocurriendo en los últimos meses debido a circunstancias que estarían afectando de forma sustancial la rentabilidad y el ingreso diario de miles de familias que viven de la ganadería, la venta y el procesamiento de leche y sus derivados.
Como todo nicho productivo, es evidente que la emergencia sanitaria ha impactado este sector. Las restricciones derivadas de las cuarentenas que se han implementado desde marzo pasado, como fórmula para frenar la curva de contagios y decesos por la pandemia del Covid-19, han golpeado el volumen de ventas y la tasa de consumo en los hogares.
En medio de ese escenario surgió una aguda controversia entre productores, compradores e industriales de la leche, en la que se cruzan señalamientos en torno a intempestivas e injustificadas rebajas de precios y cupos de compra, aumento inusual de contingentes de importación del producto en polvo, así como disímiles diagnósticos sobre las realidades de la oferta y la demanda en el marco de la crisis sanitaria.
A ello se suman discusiones de ámbito más estructural, como las referidas al impacto que está teniendo en la producción nacional láctea la competencia de aquellos países con los que Colombia ha firmado tratados de libre comercio. Como ocurre con otros nichos de producción rural, la polémica se da en torno a los desfases que se generan entre los lecheros locales y aquellos internacionales que reciben en sus respectivas naciones subsidios y otras ayudas estatales (directas o indirectas), lo que crea un desequilibrio evidente entre los productos nacionales y los importados.
Sobre la primera de esas controversias, ya el Ministerio de Agricultura empezó a tomar cartas en el asunto. De hecho, tras una reunión con distintos actores del sector y el Consejo Nacional Lácteo, el pasado viernes se anunció que, en coordinación con el Fondo de Estabilización de la Leche, se definieron apoyos por $4 mil millones destinados a incentivos a la exportación y la compra de excedentes de producción. De igual manera, se decidió seguir con las campañas para fomentar el consumo de lácteos en Colombia, teniendo en cuenta a todos los productores de la cadena a corto, mediano y largo plazos. También se obtuvo el compromiso de activar líneas de crédito para financiar plantas de pulverización y equipos de frío que se utilizan en el proceso de agroindustrialización.
Sin embargo, esas medidas terminan siendo parciales ante los asuntos más graves y estructurales. Es claro que se requiere una clarificación de las reglas del mercado para que productores, intermediarios e industriales sepan a qué atenerse. Asimismo, resulta urgente una regulación más eficaz para desincentivar la venta de leche cruda, que además de ser un riesgo sanitario es, por el alto índice de informalidad que representa, un factor distorsionador de la rentabilidad de los ganadores y lecheros que sí cumplen la normatividad vigente.
Pero, sin duda alguna, lo más importante termina siendo que se busque una solución de largo plazo que asegure que la producción lechera sea absorbida a nivel nacional. Es ahí en donde resulta clave que se incentive de forma definitiva a los colombianos para consumir productos lácteos locales. El propio presidente Iván Duque, al instalar el Congreso una semana atrás, dijo que una de las bases del “Compromiso con la Generación de Empleo” que le propuso al país era, precisamente, promover “en la sociedad colombiana el concepto de comprar lo nuestro, de comprar colombiano”. De hecho, ese es uno de los aspectos que se trabajarán a través del proyecto de Ley de Emprendimiento que radicó el Gobierno en busca de una mejor la institucionalidad al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas, que facilite su participación en el sistema de compras públicas. Si bien no se trata de iniciar una campaña contra los lácteos y demás derivados importados, hay más de 700 mil empleos colombianos en juego, además del sustento de miles de familias que en esta pandemia se la han jugado toda para que los hogares no se vieran desabastecidos de estos productos básicos en la canasta familiar.