El Índice de Transparencia Activa, una herramienta clave. Nueva entrega de alianza de EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General 

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La semana pasada hablé de la importancia de la transparencia en la competitividad de las naciones, en general, y de los mercados, en particular. Sin embargo, en esa ocasión hablé de la competitividad únicamente en lo que se refiere al sector privado. Ahora pretendo hacer una reflexión sobre cómo la transparencia contribuye a mejorar la competitividad de las entidades públicas.

Por supuesto, el término competitividad no suele usarse en el ámbito de la administración pública. Parece ser exclusivo de la administración privada, porque es allí donde concurren en un mismo mercado pluralidad de actores que compiten con la oferta de bienes o servicios. Situación que no ocurre en el sector público, donde cada entidad tiene una misión constitucional o legal única, que no puede traslaparse ni competir con la de alguna otra. Entonces ¿de qué hablamos cuando usamos el término competitividad en el sector público?

Al respecto, lo que ocurre es que no siempre se compite contra otros. En ocasiones también es posible competir contra sí mismo. Esto es lo que suele ocurrir por ejemplo en el ámbito de la psicología, y más exactamente en el terreno de la superación personal, donde los esfuerzos que hace el sujeto no siempre se explican por el deseo de ser mejor que los demás, sino que a veces responden al anhelo de convertirse en una mejor versión de sí mismo.

¿Cómo?

En el ámbito de la administración pública ocurre algo similar. Las entidades públicas también pueden y deben ser competitivas, al menos en dos aspectos. En lo misional, donde son únicas e irrepetibles, deben competir contra ellas mismas para transformarse, gradualmente, en una mejor versión de sí. Y en otros aspectos, particularmente en aquellos que comparten con otras entidades, pueden competir para mostrar mejores resultados.

Los indicadores de gestión y eficacia en la administración pública marcan la pauta de dicha competitividad, en sus dos versiones. La administración pública colombiana dispone de una importante batería de indicadores que sirven de ejemplo. El más importante, a mi juicio, es el conjunto de indicadores de desempeño de las entidades públicas con que hoy cuenta el Departamento Administrativo de la Función Pública, que han sido definidos conceptualmente a partir del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MyPG) y que se alimentan de la información que se recoge a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión (Furag).

Los indicadores de gestión y eficacia están hoy a la orden del día, y podría decirse que se han puesto de moda en toda la administración pública colombiana. Ya no se trata sólo de los indicadores comunes a grupos más o menos amplios de entidades, sino también de los indicadores propios que desarrollan las oficinas de planeación para medirse internamente.

Por supuesto, todo cambio conlleva desafíos, y en materia de indicadores el gran reto es la obtención de datos. En el país no hemos tenido tradicionalmente una cultura de recolección, almacenamiento, análisis y producción rigurosa de datos confiables, que permitan alimentar los modelos diseñados para calcular los indicadores. Por fortuna, el Estado ha avanzado mucho en esta materia en los últimos años, y por eso ya empiezan a diseñarse o fortalecerse en las entidades públicas las políticas de gobierno de datos. La senda de la cultura de los datos y los indicadores ya está marcada, y hacia allá marcha inexorablemente todo el Estado.

Bajo esta lógica, la competencia entre entidades públicas se da no en el terreno de cantidad clientes, niveles de facturación o tamaño de los activos (como ocurre en el sector privado), sino en el de los indicadores de desempeño institucional. Las entidades quieren y deben tener mejores resultados, tanto en sus indicadores internos, como en los indicadores externos que les permiten compararse con otras entidades similares.

El IGA

En materia de transparencia también tenemos indicadores. El más conocido es el Índice de Gobierno Abierto (IGA), que mide la transparencia de las 32 gobernaciones y los 1101 municipios del país. Este indicador, que se mide anualmente, les permite a las entidades tener un punto de referencia para saber qué tan bien están haciendo las cosas en esta materia, y también, claro está, para compararse con sus similares.

El problema del IGA es su limitado alcance, puesto que solo mide gobernaciones y alcaldías. Por eso la Procuraduría General de la Nación ha venido trabajando desde 2018 en un indicador con mayor cobertura. Me refiero al Índice de Transparencia Activa, sobre el cual hablé la semana pasada.

Pero lo interesante de estos indicadores de transparencia es que, cuando se analiza el efecto que tiene su comportamiento en la organización, puede apreciarse que su impacto es mayor de lo que se espera inicialmente. En efecto, las entidades empiezan a trabajar por mejorar su indicador de transparencia y, cuando lo logran, ven con sorpresa que la mejoría en éste arrastra una mejoría en la calificación de otros indicadores de desempeño.

Solo por citar dos ejemplos: la mejoría en el indicador de transparencia produce una mejoría en los indicadores de resultados misionales, porque la transparencia obliga a la entidad a publicar todas sus acciones, y por consiguiente sus logros, de manera disciplinada. De igual manera, la mejoría de la transparencia ayuda a mejorar los indicadores de participación ciudadana, porque publicar la información estimula a las organizaciones civiles a tomar parte en los espacios de participación abiertos por la entidad.

De hecho, está demostrado que muchas entidades obtienen malos resultados, no porque no estén trabajando duro, sino porque no reportan apropiadamente la información a quienes calculan los indicadores. El esfuerzo por mejorar su transparencia logra crear capacidades para mejorar la cantidad y calidad de los reportes, lo que por pura inercia termina traduciéndose en mejoría en los indicadores de desempeño institucional.

Así las cosas, es un hecho que mejorar los índices de transparencia hace a las entidades públicas más competitivas. No sólo porque pueden mostrar mejores resultados que otras entidades similares en sus indicadores, sino también -y esto es para mí lo más importante- porque les permite convertirse cada día en una mejor versión de sí mismas.

* Procurador delegado para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.