Mensaje de leyes debe ser: corrupción no paga

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Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, sostuvo que si bien las normas que aprueba el Congreso “no son una varita mágica” contra el flagelo, aportan la señal que se necesita reforzar
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EL NUEVO SIGLO: ¿Cree que el Plan de Transparencia y Seguridad para las Elecciones Territoriales anunciado por el Gobierno puede ser realmente efectivo?

ANDRÉS HERNÁNDEZ: Yo creo que el reto de las elecciones siempre es muy grande desde distintos puntos de vista.

Lo que yo destacaría de lo que se ha anunciado es un nuevo esfuerzo de coordinación del Gobierno nacional, los órganos de control, las entidades judiciales y la sociedad civil, quienes se comprometen a hacer un esfuerzo conjunto para que este sea un tema que esté bien coordinado y permita articular bien los esfuerzos.

Lo que nosotros vemos en Transparencia por Colombia tiene que ver con varios de los diagnósticos que se anunciaron. Por un lado el reto muy grande es el de garantizar la seguridad de candidatos independientes y alternativos que no tienen trayectoria y que pueden verse excluidos por distintas presiones. En segundo lugar, todo el tema de trashumancia electoral y los nuevos delitos en materia de financiamiento de campañas que serán un reto muy grande en estas elecciones.

ENS: ¿Cuáles son esos delitos?

AH: Para estas elecciones y las elecciones del año pasado ya aplica un delito que se llama violación de topes de campaña: es decir, que aquellos candidatos que omitan reportar adecuadamente sus gastos e ingresos y se compruebe que superaron los topes tendrán una pena de cárcel y una multa.

Otro delito importante tiene que ver con el uso de fuentes prohibidas de financiación. Por ejemplo, aportes de empresas extranjeras o de fuentes ilícitas o de grupos ilegales.

Un tercer tema importante es el que tiene que ver con el no reportar los aportes de campaña. Y esto es importante porque nosotros vemos que muchos de los aportes que se realizan en las campañas tienen procedencia de personas naturales o créditos que posteriormente a las elecciones no se terminan de justificar de manera apropiada. En ese sentido es importante que quienes aportan a las campañas se aseguren que los partidos están reportando esos aportes en las cuentas que entregan al CNE (Consejo Nacional Electoral).

ENS: ¿Cómo hacer trazabilidad a esos recursos?

AH: El gran reto está en lo que tiene que ver con posibles fuentes ilegales. El ámbito de fuentes legales en buena medida está bien vigilado, teniendo en cuenta que todos los candidatos y sus campañas deben reportar en una red que existe en el CNE. En ese ámbito de la financiación legal ojalá las autoridades puedan coordinar con otras entidades, como la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, la DIAN para poder verificar que las personas que hacen aportes tengan esa capacidad, que no se trate de aportes fachada.

Pero, el gran reto está en el ámbito ilegal. Lo importante tiene que ver con un seguimiento a los flujos de recursos en efectivo que rondan los días previos a las campañas. Sabemos que en gran medida la actividad de campaña faltando 15 días se incrementa la ejecución de recursos y la disponibilidad de efectivo es muy alta.

De nuevo, se debe exhortar a la ciudadanía a reportar esos movimientos de dinero y denunciar actividad de financiamiento ilegal. En ese sentido el anuncio que hizo el Gobierno frente al fortalecimiento de las rutas de denuncia es muy importante.

Por último, la responsabilidad de los partidos y los candidatos. Yo creo que los ausentes en los anuncios del Gobierno fueron los partidos, que tienen una responsabilidad muy grande en las elecciones.

ENS: ¿El país está rezagado en materia de perseguir los delitos electorales?

AH: La Ley de Delitos Electorales comenzó a regir desde las elecciones del año pasado. El reto es que eso no se quede en el papel. Aquí hubo muchos anuncios luego del escándalo de Odebrecht y la presunta financiación de campaña irregular de las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.

Se dijo: ahora sí se pueden castigar este tipo de irregularidades. Entonces tenemos que llevar esos castigos a la práctica. Hay que reconocer que el Estado hizo un esfuerzo por incluir esos delitos dentro de la política criminal. Esa acción es adecuada y la aplaudimos desde Transparencia por Colombia. Hay que reconocer el rol que juega la corrupción facilitando estos delitos y por lo tanto para estas elecciones, que son un reto muy grande por la gran cantidad de candidatos, ojalá las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes de manera ágil para que no estemos a los seis meses de posesionados los alcaldes viendo como los destituyen por una falta que está en la ley.

ENS: ¿Qué opina sobre los proyectos anticorrupción que se hundieron en el Congreso y sobre el paquete de medidas anunciado por el presidente Iván Duque?

AH: Sobre las leyes que se hundieron creemos que se perdió una oportunidad para seguir fortaleciendo algunas herramientas, que si bien no son una varita mágica para resolver la corrupción, hubieran aportado mucho para dar un mensaje que necesitamos reforzar en el país: la corrupción no paga.

Cuando sigue existiendo la posibilidad del beneficio de casa por cárcel, cuando no podemos avanzar más en unos procesos de transparencia y rendición de cuentas, una discusión pública del presupuesto y las partidas globales estamos cerrando las oportunidades para reducir los procesos de corrupción que siguen evidenciándose en el país.

La lucha contra la corrupción no se agota ahí. Esperamos que en la próxima legislatura los proyectos que aún están vivos puedan avanzar. Es decir: el de pliegos tipo, aquel que trata sobre la divulgación de declaraciones de bienes rentas y conflictos de interés para los funcionarios del Estado. Además, esperamos que el anuncio que hizo el Presidente se materialice no solo en una propuesta sólida en materia técnica, sino que sea puesta a la discusión pública y pueda ser tramitada de manera ágil en el Congreso.

El país queda muy frustrado con no poder ver que el Gobierno saque adelante esas leyes a pesar que 11 millones de personas salieron a pedir que la lucha contra la corrupción se fortalezca. Estamos muy pendientes del paquete que va a radicar el Gobierno para que haya una discusión pública sobre esas propuestas y sobre todo que haya liderazgo y la decisión política de sacar esos proyectos adelante.