Administración Santos tuvo muchos problemas en sus inicios con esta instancia por un fallo del Consejo de Estado
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La administración de Juan Manuel Santos tuvo muchas dificultades en su primer mandato para mantener el canal de comunicación entre el Gobierno Nacional y la representación del pueblo afro y raizal, a raíz de un fallo del Consejo de Estado en el cual define que las comunidades negras son aquellas que tienen consejos comunitarios y títulos colectivos.
No obstante este impasse jurídico fue superado después de varios años, y la entrante administración de Iván Duque recibirá andando la Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en donde entre otras se discute el protocolo de la consulta previa.
Esta Consultiva es un espacio que está conformado por 230 personas representativas de todos los departamentos del país y Bogotá, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Su conformación obedece a la proporción poblacional que tiene cada uno de estos territorios, tanto en consejos comunitarios como organizaciones de esta población.
El titular de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Libardo Asprilla Lara, dijo a EL NUEVO SIGLO que “hay una serie de iniciativas normativas que se han adelantado, como por ejemplo la consulta, o lo que hoy se está realizando, que es el censo nacional de población y vivienda; igualmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ejercicio de consulta previa en el cual se pudo lograr el enfoque diferencial en todo el proceso de estructuración y de conformación que hoy tiene la misma Jurisdicción Especial para la Paz. Nunca antes una alta corporación de esta naturaleza judicial había tenido tan significativa presencia de personal, tanto al nivel de magistrados como el personal administrativo de la entidad, donde un 10,53% pertenece a las comunidades negras afrocolombianas”.
Añadió Asprilla Lara que “en estos momentos estamos en el proceso de protocolización de algunos decretos que tienen que ver con la reglamentación de la Ley 70, el componente de participación, es decir, todo lo relacionado con reglamento para elección de consultivas departamentales, la consultiva de alto nivel, digamos las instancias de representación de todo el proceso de registro de inscripción de las organizaciones, de los consejos comunitarios. Todo ese componente de participación necesitamos que sea reglamentado, porque en este momento estamos adelantando la consulta previa”.
Dijo de igual forma que “estamos trabajando también sobre el capítulo IV, que es el componente de ambiente de la Ley 70, también cuya competencia es del Ministerio de Ambiente. También el capítulo VII, que es el de desarrollo económico, cuya competencia está en cabeza del Ministerio de Agricultura; el protocolo de consulta previa y están estructuradas ya las comisiones, el Espacio Nacional está estructurado, está conformado por siete comisiones, cada una de estas comisiones tiene que ver con diferentes temáticas”.
Consulta previa
Asprilla explicó que se discutió en esta Consultiva un decreto que tiene que ver también con el aspecto legal de conformación del mismo Espacio Nacional. Ya ese decreto fue protocolizado y firmado por el Ministerio del Interior y está ya en manos del Ministerio de Hacienda, quien tiene la facultad de revisar los aspectos económicos, los aspectos que tocan con el tema de recursos públicos.
Añadió que “quedan otros proyectos que están en curso, como el proyecto de ley de consulta previa y protocolo de consulta previa, que tienen una complejidad porque allí se reglamenta todo el proceso de consulta previa tanto de normas legislativas y administrativas de amplio alcance, como de proyecto obras y actividades que es otro nivel de consulta previa, que es el que se realiza en los entes territoriales y con los consejos comunitarios”.
Problema que se presentó
Las dificultades para mantener el canal de comunicación entre el Gobierno Nacional y la representación del pueblo afro empezaron en el año 2011 a raíz de un fallo del Consejo de Estado, en el cual se define que las comunidades negras son aquellas que tienen consejos comunitarios y títulos colectivos. Con esa jurisprudencia en mano el Gobierno Nacional produjo dos resoluciones en las que conformaba una Consultiva de Alto Nivel integrada por 22 representantes de consejos comunitarios.
Sin embargo, estas resoluciones fueron demandadas ante la Corte Constitucional por las comunidades que fueron excluidas porque no tenían títulos colectivos. El Alto Tribunal dio la razón a estas poblaciones y ordenó al Gobierno Nacional desarrollar un censo de la etnia afro y reconformar la alta Consultiva dando cabida a las comunidades que no tenían título colectivo.
En ese sentido, en la sentencia T-823 de 2012, la Corte Constitucional ordena al Ministerio del Interior expedir nuevas directrices para llevar a cabo las elecciones de los representantes de las comunidades negras ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel (instancia transitoria para llevar a cabo las consultas previas de medidas legislativas y actos administrativos) y suspender todos los procesos de consulta previa de medidas legislativas y administrativas que se estaban adelantando.
En julio de 2013, el Gobierno Nacional tomó las medidas para reactivar el espacio de discusión con el pueblo afro en las condiciones fijadas por la sentencia T-823 de 2012 de la Corte Constitucional. En ese propósito el Ministerio del Interior emitió la Resolución 733 que establece las pautas a seguir para elegir a los representantes de esta población ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
Luego, en agosto de 2013, se realizó en Quibdó (departamento de Chocó) el Primer Congreso Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianas, donde entre otras determinaciones se eligió un espacio transitorio de 109 personas, 55 en representación de los consejos comunitarios y 54 en representación de las organizaciones de base, buscando reiniciar el diálogo de la población afro con el Gobierno Nacional.