Perú: un 'Castillo' de incertidumbres con la izquierda al mando | El Nuevo Siglo
PEDRO CASTILLO asumirá la presidencia del Perú el próximo 28. Su modelo económico, aún sin develarse claramente, despierta suspicacias
Foto archivo AFP
Martes, 20 de Julio de 2021
Redacción internacional

Se acabó el tiempo del discurso y Pedro Castillo deberá pasar, en menos de una semana, a presentar su hoja de ruta para cumplir su izquierdista lema de “no más pobres en un país rico”. Confirmado como presidente electo del Perú asumirá el poder el próximo 28, generando gran incertidumbre, porque se desconoce en qué consiste su anunciado modelo de ‘economía popular con mercados’.

Joven (51 años), campesino (nacido en Puña, región de Cajamarca), maestro de profesión (24 años de ejercicio) y representante del Perú profundo (como lo señalan analistas), Castillo tiene múltiples y difíciles retos en un país polarizado políticamente y con una gran desigualdad social, agravada por fuerte golpe de la pandemia del covid-19.

Con un programa de gobierno delineado apenas en líneas generales pero que tienen de común denominador profundas reformas en lo político y lo social, el presidente izquierdista ha despertado muchos temores dentro y fuera del país, porque se teme que su modelo sea comunista o en línea con la ‘revolución socialista del siglo XXI’. Ahora, desde la Casa de Pizarro debe encarar, con acciones inmediatas, retos que no dan espera. Aquí algunos de ellos:

1. Gobernabilidad. Fruto no sólo de la polarización política, sino de la cantidad de movimientos que participaron en las pasadas elecciones, el Congreso unicameral quedó fragmentado, a diferencia del anterior cuando la mayoría la tuvo el fujimorismo. El Parlamento que tomará posesión el mismo día del presidente de la República quedó conformado por representantes de 10 partidos políticos, siendo Perú Libre -el que postuló a Castillo- el de mayor número de curules (37), seguido por Fuerza Popular -el de Keiko Fujimori- con 24. En total son 130 parlamentarios. Así las cosas, el nuevo mandatario está obligado a negociar con bancadas afines para sacar avante no sólo sus proyectos sino para poner fin a la inestabilidad política del último quinquenio, que llevó a tener cuatro presidentes con un hecho inédito: la sucesión de tres de ellos en cinco días de noviembre de 2020. Si Castillo no logra una real concertación política, está en altísimo riesgo de no cumplir su mandato.



2. Confianza económica. Será, sin duda, el eje de su gestión y de la permanencia en el cargo. Ante los justificados temores de un modelo de izquierda, Castillo no sólo se apresuró a señalar que “no somos comunistas, ni chavistas, nadie ha venido a desestabilizar a este país, somos trabajadores, somos luchadores, somos emprendedores”, sino que comenzó a rodearse por un equipo económico, cuya cabeza es su asesor Pedro Francke, para explicar su economía popular de mercados. De igual forma pidió al actual presidente del Banco Central, Julio Velarde, para “mantener el equilibrio fiscal, mejorar la calidad del gasto público y promover las inversiones”. Ante la tardanza electoral en su proclamación no ha conformado gabinete, pero en esa línea se prevé que serán expertos y técnicos los que ocuparán las carteras claves de jefe de Gabinete, Economía, Minas y Energía y, como reseñamos, en el Emisor. Solo así podrá dar tranquilidad a los mercados y enviará un fuerte mensaje de que su gobierno no será de izquierda extrema.

3. Un modelo peruano. Habrá cambios en el modelo económico pero según Francke “nada tienen que ver con la propuesta de Venezuela o de Bolivia” y en cambio se ha inspirado en Uruguay. Ha sostenido que no habrá expropiaciones, estatizaciones, controles de precios o al mercado cambiario y que se mantendrá tanto la independencia del Banco Central como una política de sostenibilidad fiscal de mediano plazo.  En cuanto a las ‘economías populares’ dijo que no sólo serán prioritarias, sino que se basan específicamente en mayores y mejores empleos. Y en este aspecto resalta que el sector de la minería, del que el país depende para crecer, es una prioridad para Castillo porque está seguro de que tiene gran poder de concertación para poner fin a los conflictos sociales que enfrenta. El mandatario electo ha señalado que recuperará el control de sus riquezas energéticas y minerales, como el gas, el litio y el oro, ahora bajo control de multinacionales, pero se desconoce cómo lo hará, lo que tiene prendidas las alertas de los inversionistas.

4. Impuestos. Basado en que el mayoritario aval a su elección se dio porque se quieren cambios reales, Castillo sostiene que para mantener la inversión pública e incrementar el gasto social se debe comprar mayores impuestos a las grandes empresas y las mineras. Asegura que son las primeras de mayor evasión y elusión tributaria, de manera que allí hay una ingente cantidad de recursos. Y, en cuanto a las segundas, hay que sacar mejor provecho del buen precio que tienen algunos de esos recursos naturales, como el del cobre. El mandatario electo afirma que con el cobre a casi 10.000 dólares por tonelada "las trasnacionales mineras están obteniendo sobreganancias" y parte de estas deberían pasar al erario nacional. De allí que definirá “un nuevo tributo a las sobreganancias” al igual que la eliminación de exoneraciones tributarias, regalías en función de las ventas y renegociación de contratos con estabilidad tributaria.


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5. Pensiones. Tras la aprobación del Congreso y para paliar la crisis económica generada por la pandemia los peruanos han retirado más de US$8.500 millones de los fondos privados (el 20% del total allí depositados), el asesor del entrante gobierno, Pedro Francke, sostiene que hace falta una reforma integral y también un poco más de competencia en el ahorro individual. Se dice consciente de que el tema de las Administradoras de los Fondos de Pensiones es muy sensible porque la gente se siente muy abusada por ellas, pero “hay un problema más grande, que es el de la política pública”. Y en tal sentido arguye que el tema de cobertura es esencial y de no fácil solución, ya que en Perú solo aportan para su jubilación un 25% de la población económicamente activa. A ello hay que adicionar que el 70% de los trabajadores están en la informalidad.

6.  "Segunda reforma agraria". La baja productividad en la actividad agropecuaria y forestal de pequeños y medianos agricultores conduce a "la situación de pobreza" de millones de personas que trabajan en el campo. Es por ello Castillo considera necesaria "una segunda reforma agraria", donde los productores participen en las decisiones de gestión agrícola y tiene como bandera disminuir la importación de alimentos, optar por "la agricultura andina y orgánica", y revisar el "monopolio de tierras".

7. Asamblea Constituyente. Para consolidar su modelo de libre mercado, con énfasis en la ‘economía popular’, así como los grandes cambios que pretende en salud, educación y agricultura, el mandatario electo anunció la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la que deberá ser avalada vía referendo ciudadano y redactada en seis meses.  "Hay muchas demandas en el país, hay muchas demandas de los compañeros que piden justicia y reivindicaciones. Hagámoslo efectivo en esta convocatoria”, sostuvo durante su campaña para reformar la actual Carta que fue promulgada en 1993 por el presidente Alberto Fujimori.

8. Guerra al covid. Con la mayor tasa de mortalidad por la pandemia en el mundo (582 decesos por cada 100.000 habitantes), el saliente gobierno ha destinado millonarios recursos para mejorar el sistema de salud, apoyar económicamente a las empresas y comprar millones de vacunas. Desde inicios de año, el Banco Central ha vendido US$10.300 millones para sostener a la moneda peruana. En 2020 la economía peruana se contrajo 11,12% como consecuencia de una cuarentena nacional de más de 100 días y se perdieron dos millones de empleos en un país de 33 millones de habitantes, según datos oficiales. Se tiene previsto crecer 10% este año gracias a la masiva inmunización, que ha sido calificada como el principal instrumento tanto de política sanitaria como macroeconómica. Castillo deberá no sólo mantener la meta de tener a octubre toda la población inoculada, sino minimizar el riesgo de una tercera ola del coronavirus generado por la circulación en el país de la variante Delta.