Más que el peso -en bruto y en efectivo- de las reservas de oro venezolanas guardadas en el Banco de Inglaterra, éstas tienen un inédito y trascendental ‘significado’ político del que puede depender el inmediato futuro del país.

Las 32 toneladas de oro de la reserva nacional de Venezuela, valoradas en mil millones de dólares, son objeto de una disputa por su control tras ser proclamado presidente interino de ese país, Juan Guaidó, y reconocido como tal por medio centenar de naciones, entre ellas Estados Unidos y el Reino Unido.

Como se sabe, la debacle venezolana fruto del ‘socialismo del siglo XXI’ iniciado por Hugo Chávez y profundizado por su sucesor Nicolás Maduro tocó fondo con la represión a la oposición y la grave crisis económica que llevó a millones de ciudadanos a dejar el país en los años recientes.

Con el amplio respaldo internacional, la oposición liderada por el presidente interino Guaidó ha intentado, en vano, establecer un diálogo político con el régimen para gestar un cambio, tan real como profundo, y que debe materializarse a través de unas elecciones libres y transparentes.

En medio del caos económico, social y político por todos conocido, y agravado tras la deslegitimación de la Asamblea Nacional (Congreso) con mayoría opositora y la fraudulenta reelección de Maduro, aumentó tanto la presión diplomática como financiera de la comunidad internacional contra el gobierno Maduro como el posicionamiento del mandatario interino con una doble estrategia: conformar un gabinete y designar embajadores.

Fue en ese marco cuando Maduro, urgido de recursos, intentó por primera vez echar mano a las reservas de oro guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. La negativa inglesa tanto en su momento, como meses después se basó en una razón que aunque parezca sencilla tiene un inmenso trasfondo: el gobierno británico reconoce a Guaidó como el presidente ‘legítimo’ de Venezuela.

Es por ello que el fallo que emita sobre quién tendrá el control del oro (Maduro o Guaidó) puede tanto sentar un precedente para otros bancos que como el de Inglaterra son depositarios de reservas de otros países como determinar el futuro político de Venezuela.

La atención está centrada sobre la Corte Suprema británica, la máxima y última instancia a donde llegó esta disputa y ayer comenzó a examinarla. Allí, sin querer queriendo, dará su última palabra judicial, pero con inédito alcance político sobre este litigio.

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Los hechos

Como reseñamos, el Reino Unido forma parte del medio centenar de países que consideran ilegítimo el segundo mandato de Maduro, reelegido 2018 y sigue reconociendo al líder opositor como mandatario interino, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, pese a que las legislativas del pasado diciembre, boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una abstención del 69%, devolvieron el control de dicha cámara al chavismo.

A finales de 2018, el gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela, presidido por Calixto Ortega, intentó recuperar las 32 toneladas de oro de la reserva nacional que tiene en el Banco de Inglaterra. Pero Guaidó ya había nombrado su dirección ad hoc de dicho Emisor y solicitó a Londres que no entregar los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen "cleptócrata".

Como era de esperarse, el régimen madurista invalidó los nombramientos de Guaidó y tras calificarlo como un "descarado robo de piratería", se querelló en mayo de 2020 contra el Banco de Inglaterra asegurando necesitar el dinero para combatir la pandemia de covid-19.

Esta institución, que custodia reservas de numerosos países, entre ellos Venezuela, manifestó que estaba atrapada entre dos grupos rivales que le daban instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que resolviese quién tiene su control.

Desde entonces, los tribunales ingleses han fallado dos veces, una a favor de cada uno de los "presidentes" rivales. El primero fue en julio del año pasado, cuando una sentencia del Tribunal Superior inglés determinó como una cuestión preliminar que la declaración del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, reconociendo a Juan Guaidó como "presidente constitucional interino de Venezuela" era inequívoca y vinculante para la Corte bajo el principio de "una sola voz".

El segundo se dio en octubre, cuando la Corte de Apelación no estuvo de acuerdo y concedió la apelación del Banco Central de Venezuela, ordenando que el caso regresara al Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelación concluyó que, en ausencia de una indicación clara por parte del gobierno del Reino Unido que reconociera a Guaidó no solo como el jefe de Estado 'de jure' de Venezuela, sino también como el jefe de Estado 'de facto', el Tribunal Inglés tendría que realizar un análisis fáctico detallado.

Así, se invitó al ministro de Exteriores, Dominic Raab, a intervenir en el proceso, y se otorgó permiso a los representantes legales del Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar alegaciones sobre el caso ante la Corte Suprema, la que ayer inició el trámite.

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Última palabra

Es así como, en un caso de gran tecnicismo legal, los cinco magistrados de la más alta jurisdicción del Reino Unido deberán determinar si efectivamente "el gobierno británico ha reconocido al presidente interino Guaidó como jefe de Estado de Venezuela" a todos los efectos.

Y, de ser así, si un tribunal inglés puede cuestionar la validez de sus decisiones ejecutivas, en particular el nombramiento de su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela, pese a que ésta fue invalidada por el Tribunal Supremo de Caracas.

"Este caso es bastante inusual al plantear una cuestión sobre la pertenencia de sentencias extranjeras", subrayó el presidente de la corte, Robert Reed, ayer al término del primero de los cuatro días de vistas previstos.

Los jueces no se pronunciarán de inmediato pero su veredicto, que puede tardar semanas o incluso meses, puede sentar precedente para otros bancos europeos que custodian reservas de Venezuela.

Espaldarazo de Johnson

Previo a la revisión del caso en el máximo tribunal, la cancillería británica envió su concepto: “El ministro de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno, confirma por la presente que el Reino Unido reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela el 4 de febrero de 2019 y continúa reconociéndolo en esa capacidad. A partir de esa fecha, el Reino Unido dejó de reconocer a Maduro como jefe de Estado venezolano, ya sea de hecho o de derecho", precisó el escrito firmado por Sir James Eadie.

Esa posición fue ratificada en la antesala de que la Suprema iniciara su reunión, por el Ejecutivo del premier conservador Boris Johnson a través de un comunicado en el que ratifica su anterior argumento y que reconoce a Guaidó como el "único" jefe del Estado venezolano desde febrero de 2019.

"El Gobierno de Reino Unido tiene el derecho de decidir a quién reconoce como legítimo líder de un Estado extranjero", aseveró el jefe de gobierno inglés, antes de reafirmar que, "consecuentemente", el opositor es el único "reconocido para tener la autoridad de actuar en nombre de Venezuela".

Finalmente ratifica que "Venezuela necesita una transición pacífica hacia la democracia con elecciones libres y justas, legislativas y presidenciales".

Esos dos pronunciamientos fueron considerados insuficientes por el abogado de la administración chavista, Nick Vineall, quien argumentó que la cancillería británica ha puesto "repetidamente el foco en el derecho de Guaidó a representar a Venezuela en el plano internacional, pero este caso se refiere esencialmente a asuntos internos de Venezuela y a nombramientos a nivel interno de un organismo venezolano".

Pero de inmediato su contraparte, el representante legal de la oposición Tomothy Otty sostuvo que el nombramiento presidencial de una nueva junta del Banco de Venezuela es un "acto soberano" que "un tribunal inglés debe respetar independientemente de su validez o legalidad en el derecho interno".

Como se ve la Corte Suprema no la tiene fácil y su fallo sobre el control del oro venezolano será de muchos quilates. Lingotes que representan millones de dólares y pueden dilucidar una salida al caos venezolano.