* Los múltiples flancos por analizar
* Urge aterrizar propuesta concreta
Hondo debate por la propuesta del presidente electo Gustavo Petro en torno a la posibilidad de que la Procuraduría General deje de ser una entidad autónoma y pase a ser parte funcional de la Fiscalía General, consolidando una institución enfocada en la lucha contra la corrupción.
Es una propuesta que el entrante Jefe de Estado recalcó durante la campaña electoral y de allí que, con el aval logrado en las urnas, sea procedente que ahora proponga una reforma en ese sentido. Será el Congreso el que decida aprobarla o negarla y luego la Corte Constitucional tendrá la última palabra al respecto.
Suprimir la Procuraduría e integrarla al ente acusador es una modificación de alto calado dentro del ordenamiento institucional derivado de la Carta del 91. Por lo mismo, es imperativo que el debate se lleve a cabo con la máxima objetividad posible, sin revanchismos y escuchando a todos los sectores nacionales.
Hay muchos flancos por analizar. Es claro que la Procuraduría es una de las instituciones de mayor tradición en el aparato estatal colombiano como cabeza del Ministerio Público, junto a la Defensoría de Pueblo y las personerías territoriales. Su misionalidad es la defensa activa de los derechos fundamentales de la población y para ello tiene distintas facultades. De un lado, ejerce una función disciplinaria sobre todos los funcionarios públicos con el fin de garantizar que cumplan eficientemente sus obligaciones y, en caso contrario, imponer las sanciones del caso. También tiene una función preventiva dirigida a vigilar en tiempo real el manejo de la cosa pública -sin implicar coadministración- y alertar sobre posibles anomalías que pongan en peligro la institucionalidad, la transparencia y legitimidad del servicio público, los derechos ciudadanos y el erario. Y, por último, pero no menos importante, está la facultad de intervención como sujeto procesal en los procesos de las jurisdicciones penal, contenciosa, laboral, constitucional, civil, ambiental, agraria, penal militar e incluso frente a actuaciones de autoridades administrativas y de Policía.
Visto todo ello, pasar la función disciplinaria y sancionatoria de la Procuraduría a la Fiscalía, abre el interrogante sobre qué pasará con las otras facultades ¿Las asumirá la Defensoría del Pueblo, las oficinas de Control Interno de las entidades, las personerías u otra institución a crear…? Es un tema bastante complejo dentro de la funcionalidad estatal que debe quedar absolutamente claro, so pena de debilitar la defensa de los derechos fundamentales, la lucha anticorrupción y la eficiencia oficial.
Sostiene el Presidente electo que suprimir la Procuraduría como entidad autónoma e integrarla a la Fiscalía permitiría al país cumplir el mandato de la Convención Americana de los Derechos Humanos (reiterado en varias sentencias de la Corte IDH) en torno a que los funcionarios de elección popular solo pueden ser destituidos por sentencia judicial y no de un ente de control administrativo. Sin embargo, quienes se oponen a esta reforma sostienen, de un lado, que la facultad sancionatoria de la Procuraduría (clave en la lucha contra la corrupción) tiene aval constitucional hace muchas décadas y, de otro, ya el Congreso aprobó una reforma al Estatuto Disciplinario que separa las órbitas de investigación y juzgamiento a los empleados públicos, creando una instancia adicional en caso de una infracción gravísima que justifique la separación del cargo.
Otro flanco del debate es el referido al costo de la Procuraduría, cuyo presupuesto anual supera los 720 mil millones de pesos y cuenta con una nómina de más de cuatro mil funcionarios. Tratándose de entes de control basar la decisión de su permanencia o no en la sola variable económica no parece lo más sensato. De hecho, la jurisdicción disciplinaria, con su accionar en las tres facultades antedichas, ha protegido billonarias sumas del erario y salvaguardado las garantías fundamentales de los colombianos, un activo clave que no es posible tasar.
También tercia en el debate la reiterada crítica sobre la politización de la Procuraduría, debido al mecanismo de postulación y elección del titular del ente de control, este último a manos del Senado y sus mayorías de turno. Esta es una discusión crucial pero de vieja data no solo frente a este cargo sino al del Contralor, Fiscal, magistrados y otros altos dignatarios jurisdiccionales.
Como se ve, hay muchos flancos a estudiar en la reforma planteada sobre la Procuraduría. Todos deben ser abordados de manera objetiva y sopesada. Lo más importante es que el Gobierno entrante aterrice la propuesta y el debate arranque sobre bases ciertas, teniendo claro la importancia vital preservar el principio de separación y autonomía de poderes públicos como base fundacional del sistema constitucional.