Un ministerio para la igualdad | El Nuevo Siglo
Jueves, 30 de Junio de 2022

Una de las propuestas emblemáticas del Presidente electo es la creación de un ministerio de la igualdad, cuya dirección sea asumida por la vicepresidenta.

Se trata de un propósito que genera expectativas, tanto por la forma de su implementación, como por la prioridad política que se reconoce a una materia esencial para el desarrollo social en Colombia.

Según el DANE, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo pago es 20 puntos menor a la de los hombres; el 34% de las mujeres con básica secundaria no cuenta con ingresos propios. Se mantienen brechas en cuanto a nivel salarial, desempleo, informalidad y protección pensional, así como en la distribución del tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Así mismo, los datos en materia de violencia por razones de género generan alarma.

Dos enfoques pueden aplicarse sobre el alcance del ministerio. De un lado, circunscribirlo a la tarea de crear las condiciones que realicen equidad de género, aseguren superar la violencia contra la mujer y permitan eliminar cualquier forma de discriminación, como lo manda el artículo 13 de la Constitución.

De otra parte, pensar en una instancia que a más de lo anterior asuma la igualdad como un propósito estratégico de país, cuyo desarrollo es responsabilidad de todos y beneficia a toda la población.

El primer modelo corresponde a la orientación con la que opera en España una autoridad semejante, cuyo camino conviene analizar como referente de la reforma que se pretende en Colombia.

Al revisar el programa de gobierno se aprecia una inclinación hacia un enfoque más integral, en el que se consideran cuatro ejes interrelacionados de protección: género, edad, condición individual y grupo poblacional.

Convendría más bien ejecutar una reforma sistémica de la estructura de la rama ejecutiva, para consolidar un sector de inclusión e igualdad social, con la coordinación del nuevo ministerio, que bien podría absorber al departamento administrativo de prosperidad social y adscribir entidades relacionadas.

La tarea no puede confundirse con el traslado de dependencias o la integración de programas ahora aislados, sino que implica un necesario esfuerzo por ordenar y simplificar las instancias de decisión de la política social, cuyo propósito no es otro que la igualdad.

Debe prevenirse el peligro de generar un actor público más, con redundancia funcional y mayor costo fiscal, si no se mira al detalle el reacomodo institucional que se requiere y no se aplica una visión estratégica a una autoridad de primera línea, que ha de asumir la dirección de las políticas públicas en cuanto a equidad de género, erradicación de la violencia y discriminación contra la mujer y superación de toda forma de segregación por razones de sexo, pertenencia a un grupo étnico, condición física o etapa de vida.

Menos consejerías y más articulación interinstitucional, bajo parámetros claros que asignen responsabilidades con la dirección de esta nueva autoridad, por ejemplo, para superar la maraña administrativa en la cual se diluye la rectoría en cuanto a protección de personas mayores o en situación de discapacidad.

Es la oportunidad además para articular esfuerzos que integren la protección social y el empleo digno para todos, por lo que el ministerio de la igualdad deberá actuar de la mano con las carteras de trabajo y salud, repensando adicionalmente esquemas que superen el abismo que existe entre formales e informales, pues a los primeros se les reconocen derechos y a los segundos subsidios, en forma desconectada.

Ejecutar con prioridad este propósito contribuirá a superar vacíos de reconocimiento e inclusión expresados en las urnas.