Una voz de alarma por “los altos niveles de hostilidad” a los que se ven sometidos los líderes sociales y sus comunidades por parte de los grupos armados emitió la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) en su último informe semestral, que se refiere a la segunda mitad de 2019.
“Alarma la persistencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como la instalación de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, la violencia sexual, el confinamiento, el desplazamiento y el secuestro”, dijo el jefe de la Misión, Roberto Menéndez.
En 1.200 misiones de monitoreo, la MAPP/OEA constató que la continuidad en las acciones de expansión y control territorial de los grupos armados ilegales generaron afectaciones a la población del Bajo Atrato, Alto y Medio Baudó, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Catatumbo, Pacifico Nariñense y en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Putumayo.
En concreto, denunció “con alta preocupación (…) las amenazas, los hostigamientos, la estigmatización, los desplazamientos y los homicidios” contra líderes sociales, ya sean por su defensa de los derechos humanos en general, de los derechos sobre la tierra o de los planes para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en territorios como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó. El informe señaló que el acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen configurándose como escenarios de riesgo en el país.
A este respecto, indicó que desde el primer semestre de 2019 viene observando “la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, presiones e incentivos de grupos armados, desafíos frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria y confrontaciones derivadas de la erradicación forzosa”.
“Insistimos en la necesidad de avanzar en la transformación de los territorios, también en la generación de un diálogo amplio que aborde con determinación todas las dimensiones del fenómeno, en especial los relacionados con la ‘narcoactividad’. Es urgente ponerle fin a uno de los impulsores de la violencia en Colombia”, reclamó Menéndez.
Asimismo, la organización regional llamó la atención “sobre las graves afectaciones contra excombatientes en proceso de reincorporación”.
El bloque hemisférico atribuyó todos estos abusos a “la continuidad en las acciones de expansión y de control territorial de los grupos armados”.
Así las cosas, reiteró su llamamiento a los grupos armados a “cesar todo ataque contra la población civil”, instando también a las autoridades colombianas a “fortalecer la articulación de esfuerzos a favor de la protección y la no repetición de violencias”.
La OEA renovó igualmente su llamado al gobierno de Iván Duque y al Eln para que reactiven el diálogo de paz, que se rompió en enero de 2019 por un atentado de la guerrilla contra una escuela de cadetes de Bogotá.
En el lado positivo, la OEA destacó “los impactos positivos que ha traído para la paz la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la activación de los Consejos Territoriales de Paz, y el alcance del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) en zonas “vulnerables””.
“Frente a estos desafíos y en el actual contexto de pandemia, la MAPP/OEA reafirma su compromiso con las comunidades e instituciones para seguir avanzando hacia una paz completa en Colombia”, precisó.
Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz con las Farc, Colombia sufre una ola de violencia debido, sobre todo, a la lucha entre grupos rivales por apoderarse de los antiguos territorios y negocios de la guerrilla. Líderes sociales y exguerrilleros son sus principales víctimas. /Europa Press