Un importante número de los nuevos mandatarios están ‘empapelados’ ante órganos de control por presuntas irregularidades en contratación para atender la emergencia del coronavirus. En medio de esto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, será privado de la libertad en las próximas horas por supuestas anomalías en contrato para la ejecución de una carretera en 2005

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Desde que se implantó la elección popular de alcaldes (1988) y de gobernadores (1991), no hay antecedentes de un comienzo del mandato con tantas investigaciones penales, fiscales y disciplinarias, como se ha visto en esta oportunidad en casos como el del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a quien le fue impuesta medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en la contratación de una vía; así como suspendidos el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, y el alcalde de Armenia, José  Ríos, por contratos con supuestas anomalías para atender crisis por el coronavirus.

Es común que los mandatarios regionales acumulen investigaciones a lo largo de su mandato por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, especialmente, por el tema de contratación, que en la mayoría de los casos son archivadas luego de demostrar que las actuaciones estuvieron apegadas a la ley.

Ser investigado por un órgano de control no es sinónimo de corrupción de un gobernador o alcalde porque gozan como cualquier otro ciudadano de la presunción de inocencia, y solo al final de un proceso se determinará su responsabilidad.

Además, en un país como Colombia, con una fuerte tradición Santanderista, en el sentido de buscar normar casi todo a través de leyes, es fácil que un funcionario termine encartado porque no tuvo en cuenta un artículo o un inciso en una actuación. 

Sin embargo, lo que sucede en esta oportunidad, con el alto número de investigaciones a gobernadores y alcaldes en sus primeros seis meses de mandato, tiene su explicación en la crisis que vive el país por la pandemia, pues por el Estado de emergencia económica, social y ecológica al que acudió el presidente Duque, se habilitó que las administraciones territoriales contraten de manera directa, lo cual si bien se justifica por la  urgencia de comprar equipos y dotaciones para los hospitales, así como entregar ayudas humanitarias a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena, también facilita la corrupción.

Igualmente por la pandemia, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría decidieron hacer algo nunca visto, armar un bloque para tratar de evitar que la corrupción se quede con una buena tajada de los recursos para atender la crisis producto del Covid-19, al menos $20 billones que están fluyendo a nivel nacional.

En ese sentido, el control a la contratación y al uso de recursos durante la pandemia por parte de los gobiernos territoriales y otras entidades del Estado se potenció con el trabajo conjunto de estos tres órganos, además que también se ha visto algo poco usual en Colombia, y es que las indagaciones avanzan rápidamente.

‘Encartados’

La Fiscalía ha solicitado información a 1.005 municipios, 5 distritos y 6 entidades de orden nacional, con el propósito de verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria.

Producto de ello anunció que abrió investigaciones al gobernador de Arauca, Facundo Castillo; Magdalena, Carlos Caicedo; Vichada, Álvaro León; y San Andrés, Everth Hawkins. Estos procesos los llevará a cabo la Corte Suprema que aún no los ha llamado a versión libre.

Por su parte, la Procuraduría General inició 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones, y 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.

Este órgano citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos artísticos en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones, en plena emergencia sanitaria.

Igualmente, el Ministerio Público abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, y lo suspendió por 3 meses por un contrato por más de $2.000 millones para educación en salud, pero que a juicio de la Procuraduría esta actividad no es imperiosa en un momento en que se necesita atender la crisis por la pandemia.

Como consecuencia, el presidente Duque designó como gobernador encargado del Chocó a Jefferson Mena, actualmente asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se le vinculó formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados.

Así mismo, la Procuraduría General suspendió por tres meses al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones.

Mientras que la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por $1.050 millones por sobrecostos en esta cuantía en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia del Covid-19.