La prioridad sanitaria | El Nuevo Siglo
Viernes, 5 de Junio de 2020
  • Saber tramitar protestas por medidas de cuarentena
  • Acelerar las ayudas a los sectores más afectados 

 

Los momentos de alta tensión que se registraron ayer en Bogotá, específicamente en Corabastos, la principal central de acopio de alimentos no sólo de la ciudad sino de todo el país, dejan en evidencia que se está crispando el clima social a medida que las medidas sanitarias para contener el avance de la pandemia del Covid-19 se vuelven más drásticas. La plaza, como se sabe, está ubicada en el corazón de la localidad de Kennedy, que desde el lunes pasado se encuentra en una cuarentena estricta debido a que el número de contagios y decesos por este coronavirus es marcadamente más alto que en el resto de la ciudad. Incluso, esa localidad, por sí sola, tiene un número de casos positivos superior al de otras ciudades capitales y hasta departamentos, lo que evidencia el nivel de alarma en ese extenso sector bogotano con más de millón de habitantes.

Puntualmente lo que ocurrió ayer fue que un grupo numeroso de personas que laboran en la central de abastos y sus alrededores decidieron impedir el ingreso de cientos de camiones de carga que traían no menos de 7.500 toneladas de alimentos. Los manifestantes alegaban que las restricciones sanitarias que se impusieron para el funcionamiento de la plaza, aunado al cierre de cuatro bodegas en donde se han detectado casos activos de este coronavirus, los afecta de forma sustancial en sus actividades diarias e ingresos. La administración Distrital y la propia gerencia de Corabastos defendieron la aplicación de esos estrictos protocolos de bioseguridad ya que es imperativo evitar que todo el sector se convierta un foco de contagio de la pandemia, lo que, en un caso extremo, podría obligar al cierre total de la plaza, como ha ocurrido en otras ciudades capitales en donde sus principales centros de abastecimiento de alimentos, sobre todo perecederos, fueron clausurados por varios días o incluso semanas mientras se llevaban a cabo intensas jornadas de desinfección.

Las tensiones derivadas de las medidas de cuarentena son normales, e incluso bien podría decirse que aumentarán en la  medida en que en muchas ciudades y municipios muchos sectores productivos sigan retomando sus actividades de forma medianamente normal, pero otros sigan sometidos a restricciones más severas debido a que presentan condiciones epidemiológicas más críticas.

Sin embargo, corresponde a las autoridades manejar de la mejor manera posible esa clase de picos de inconformismo, buscando en primer término escenarios de concertación en los que se pueda explicar de la forma más clara y pedagógica la naturaleza de las medidas sanitarias que se están aplicando y su imperiosa necesidad para poder salvaguardar la salud y vida de todos. Si bien se pueden buscar algunos consensos sobre la manera más adecuada de aplicar las restricciones del caso, en modo alguno puede ‘negociarse’ el alcance de las mismas o que se disminuya su intensidad solo por el hecho de las protestas de algunos rubros poblacionales que consideran muy alto su nivel de afectación socio-económico.

Lo que sí procede es que las autoridades, en esas instancias de diálogo y concertación, pueden poner a disposición de los sectores que protestan todo el arsenal de ayudas, alivios, subsidios y demás beneficios extraordinarios que se han implementado en medio de la emergencia sanitaria para asistir a las familias más golpeadas por la crisis derivada del combate a esta enfermedad viral en una multiplicidad de aspectos. No se puede perder de vista que muchas de esas personas que salen a protestar o que se arriesgan a salir a trabajar y conseguir recursos para su diario vivir, lo hacen porque no han sido beneficiadas por las ayudas gubernamentales de forma sustancial. Esa falencia debe ser corregida urgentemente para evitar explosiones sociales.

Solo en la medida en que los canales de concertación no funcionen y la postura de los manifestantes sea intransigente, debería contemplarse acudir a la Fuerza Pública. Antes no. Lo que menos se requiere en estos momentos es sumar problemas de convivencia ciudadana o de orden público a la ya de por sí grave emergencia sanitaria. Los alcaldes y gobernadores deben estar atentos a que estas manifestaciones de inconformismo no se les salgan de las manos, de forma tal que las contingencias se puedan tramitar de forma civilizada y buscando siempre hacer entender que las restricciones que se mantienen o las nuevas que es necesario aplicar con más drasticidad tienen un único y prioritario propósito: salvar vidas.