En política pública a menudo nos encontramos con iniciativas bien intencionadas que una vez se llevan a la práctica no cumplen su propósito principal. Por eso, no solo es válido sino necesario revisar sus resultados y saber ajustar sobre la marcha. La regla fiscal es un buen ejemplo.

La regla fiscal, que se estableció en Colombia en 2011 por recomendaciones de  la OCDE y siguiendo los pasos de Chile y Perú, es el compromiso del Gobierno para reducir la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos, de acuerdo a las recomendaciones del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Eso suena buenísimo, que Colombia se cuide y no gaste más de la cuenta, pero es contradictorio con la cantidad de obligaciones y gastos impajaritables que tiene el país y más ahora en tiempos de pandemia.

De acuerdo al Banco Mundial, en Colombia se espera un decrecimiento económico de 5% y una disminución en el recaudo tributario de $24 billones de pesos frente a lo provisto en febrero de 2020. Debido al freno en seco de la economía, como consecuencia del Covid-19, los gastos serán mayores a los ingresos del Gobierno y no se podrá cumplir la regla fiscal que para 2020 se tenía prevista en 2,2% del PIB.

Y es que, incluso antes de empezar la pandemia, en el país ya se tenía una conversación adelantada acerca de la necesidad de modificar la regla fiscal. Para inicios de la pandemia, se anunció un ajuste en la meta haciendo uso del artículo de la ley de regla fiscal sobre gasto contracíclico y  finalmente se anunció que se suspenderá por dos años, para que en 2022 la regla fiscal retorne a su senda normal.

Pero ¿qué tan fácil será retornar a su senda normal cuando en 2021 se puede tener un déficit de hasta de 8%?  Por eso, es que insisto en que tengamos el debate  sobre cuáles son  las necesidades de regla fiscal. Yo sí creo que no basta con suspenderla, debe modificarse porque sencillamente no ha sido oportuna y no ha cumplido con sus objetivos de contraciclicidad.

Algunos temen que modificarla le abra la puerta a una negociación con el Congreso sobre el monto total del presupuesto y los niveles de endeudamiento. Puede ser. Pero recordemos que el auge de la mermelada se dio esparcida sobre la regla fiscal recién estrenada.

Lo que debería pasar con una regla fiscal que funcione adecuadamente es que el país se proteja de gastos exacerbados cuando entra en un periodo de auge donde se tienen muchos recursos disponibles y que cuando entre en periodos de menos ingresos y contracciones económicas  pueda “desahorrar” o endeudarse y así suplir el gasto necesario. 

Lo que sí debe quedar claro con la suspensión y eventual modificación  de la regla fiscal es que el endeudamiento no puede convertirse solo en plata de funcionamiento. Debemos hacer control para que la utilicemos en infraestructura, educación y las inversiones necesarias que nos lleven a una reactivación económica.

Bienvenida la suspensión, pero sobretodo las modificaciones a la regla fiscal.