Un pacto desde las regiones

Registraduría
Un llamado a una cruzada ética por la vida. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General

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En octubre de 2019 Colombia realizará las primeras elecciones regionales y locales después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, organización política que participará en las mismas como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Serán unos comicios inéditos y un certamen en el que la institucionalidad deberá garantizar la transparencia de los resultados y la seguridad en los territorios.

Estas elecciones se celebrarán catorce meses después del cambio de gobierno nacional y 35 meses luego de la firma de los acuerdos de paz, en medio de una tensa polarización política, de crecientes conflictividades sociales y con la participación de un protagonista que durante 50 años fue un actor armado, grupo que en ocasiones impedía la realización de dichos comicios en los territorios en los cuales ejercía control armado, y en ocasiones otorgaba treguas unilaterales.

Pero llegamos a este escenario preelectoral en medio del asesinato de líderes y defensores de derechos humanos. A pesar de la reincorporación de las Farc a la vida civil y política, el Eln, el Epl, las disidencias de las Farc, los grupos delincuenciales armados -Autodefensas Gaitanistas, Clan del Golfo, Caparrapos- y decenas de organizaciones criminales de carácter local se disputan el control territorial en función de negocios ilícitos como la extracción criminal de minerales y recursos naturales, y el narcotráfico. Ante esta situación, el Estado tanto a nivel nacional como local, deberá asegurar que el ejercicio democrático contenido en el artículo 258 de la Constitución se lleve cabo con el menor riesgo posible para la población civil y los candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.

No podemos desconocer lo que estamos viviendo: desde noviembre de 2016 a mayo de 2019 han sido asesinados 269 líderes sociales. Las Mesas por la Vida que impulsamos desde la Procuraduría General de la Nación junto con la Defensoría del Pueblo, vienen señalando que hay víctimas en un total de 26 departamentos del país, aunque el mayor número de líderes abatidos se concentra en ocho. Las cifras de fuentes policiales y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo contabilizan ya 2.472 hechos violentos en 341 poblaciones, desplazamiento de 72.162 personas, y más de una treintena de municipios que están soportando el recrudecimiento de la violencia, la exclusión social y económica, así como la baja presencia de las instituciones del Estado en esos territorios, escenario propicio para que los grupos armados al margen de la ley compitan por el control local en zonas de Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Santander, Córdoba y Putumayo.

No olvidemos que el humo de la guerra nos impidió ver la corrupción rampante. No permitamos que esa cortina de humo vuelva a enceguecernos como país

En esa dinámica del terror, la muerte de líderes comunitarios, defensores del medio ambiente, lideresas, autoridades étnicas, dirigentes sindicales, miembros de organizaciones LGTBI, reclamantes de tierras, y hasta jóvenes ha reemplazado con sangre la esperanza que el final del conflicto armado trajo para muchos, y amenaza los procesos de reivindicación de derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales que estos líderes asesinados representan.

El reto

¿Ante este escenario, qué hacemos para transformar la violencia en convivencia, la pobreza y exclusión en desarrollo, y la confrontación en reconciliación?

La Procuraduría General de la Nación viene convocando desde finales del año pasado a las Cumbres de Diálogo Social, espacio en el cual confluyen líderes empresariales, sociales, políticos, excombatientes de las Farc, académicos y la comunidad internacional, con el propósito de construir un gran pacto de Estado que excluya la violencia armada como mecanismo para resolver conflictos políticos y sociales, y que permita consolidar el diálogo como un instrumento para resolver dichos conflictos, evitar la repetición de nuevos ciclos de violencia y defender la vida.

Las experiencias de diálogo social tanto a nivel internacional como en el país evidencian que éste permite construir puentes de comunicación, de encuentro y conocimiento entre contradictores ideológicos y políticos; también convierte a los enemigos en adversarios, desarma los espíritus y allana el camino para la construcción de consensos.

Durante la más reciente Cumbre, celebrada en Rionegro (Antioquia), dos de los momentos más esperanzadores fueron -de un lado- el perdón que, al inicio del evento, Pastor Alape (desmovilizado de Farc) le pidió al liderazgo empresarial antioqueño y a los líderes sociales ahí reunidos. Y, en segundo término, cuando Teresita Gaviria, una menuda mujer que perdió a uno de sus hijos y a 13 miembros de su familia, y quien lidera un movimiento para recuperar los cuerpos de los desparecidos, le dijo a Rodrigo Londoño, el ex comandante ‘Timochenko’ de las Farc: “Hijo te perdono”. Y dándole un abrazo lo invitó a que se sumara a la búsqueda de todos los desaparecidos y así poder saber dónde están las víctimas.

Por eso, a los 32 gobernadores y los 1.132 alcaldes que resultarán electos, la Procuraduría General de la Nación los invita a sumarse a esta cruzada ética por la vida, por el diálogo como el arma más idónea para resolver los conflictos; una cruzada por la construcción de espacios en donde la diversidad y diferencia puedan expresarse; y por crear puentes entre adversarios, todo esto como parte de su gestión a nivel territorial en pro de garantizar derechos y transparencia, y atacar la corrupción.

Una reflexión final: no olvidemos que el humo de la guerra nos impidió ver la corrupción rampante en el país. No permitamos que esa cortina de humo vuelva a enceguecernos como país. En la consulta popular contra la corrupción 11.671.951 colombianos dijeron no más, hastiados de escándalos como Odebrecht, hemofílicos, los carteles que desangran a la salud, la defraudación en la construcción de Reficar y el cartel de la Toga, episodios que han minado la confianza de los colombianos en sus instituciones. Desde las regiones se pueden construir nuevos caminos y evitar que los actores armados y los corruptos mantengan a millones de ciudadanos intimidados con violencia y sometidos al robo del erario, dos fenómenos que se quieren desterrar para siempre.

* Procuradora Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social.