La palabra que probablemente más se ha repetido en el último año en el país es “polarización”. Y en el último trimestre el asunto ha escalado más, pues ya las autoridades económicas han alertado sobre una relación de causalidad entre ese estado de crispación y los pésimos indicadores del desempeño económico nacional. El presidente del Banco de la República advirtió que la polarización influye tanto en la caída del consumo como en el de la inversión. Y en el mismo sentido se pronunció Fenalco, el gremio que más resiente la disminución del consumo.

En realidad lo que se ve como “polarización” es una extraña guerra contra las Instituciones Republicanas que provienen desde miembros del propio establecimiento que en un táctica propia de los comunistas de los años sesenta pretenden la “agudización de las contradicciones” para crear un aparente estado de caos que justificaría medidas extraordinarias por fuera de la Constitución Política.

Las contradicciones que se presentan en el país no son distintas de las que ocurren en otros lugares con régimen democrático. Las que ocurren entre ciudadanos se resuelven entre ellos, pero si escalan a intereses generales o comportan actuaciones estatales, son los jueces los encargados de resolverlas.

Y ahí precisamente es donde aparece en toda su dimensión la táctica de creación artificial de un caos institucional que en la realidad no existe. Los jueces están para eso, para solucionar conflictos. Eso significa que tomen posición, con base en las pruebas y en la interpretación de la Constitución y la Ley, en cada problema que se ponga a su conocimiento. Lo nocivo no es que los jueces decidan, sino que los interesados en el resultado de cada decisión salgan a descalificarlos cada que el fallo no les convenga, así los convenza.

En una manipulación descarada de la opinión pública para ponerla en contra de la Institucionalidad, en algunos medios de comunicación se arman escándalos respecto de las decisiones según sea el interés de cada casa editorial. Un par de fallos recientes dejan en evidencia la táctica. El Tribunal Administrativo del Chocó  condenó a la Nación a pagar indemnizaciones a las víctimas de la masacre de Bojayá. Y en esos medios de comunicación no bajaron a los magistrados de alcahuetas de las Farc. Quince días después, el Tribunal Administrativo de San Andrés condenó a la Nación a reparar económicamente por las 33 víctimas de la masacre de El Salado cometida por paramilitares al mando de alias “Jorge 40”. En esta ocasión, ni reseñaron la noticia. Ni siquiera lo hicieron para destacar que la obligación del Estado de pagar indemnizaciones por algunas víctimas de violencia es una antiquísima y consolidada jurisprudencia que no acepta excepciones por ideología de los victimarios.

No lo hacen porque a los polarizadores no les interesa mostrar que las Instituciones funcionan y menos la administración de justicia. Su único propósito, como los comunistas viejos o como los anarquistas de siempre, es crear la apariencia de caos o hacer invivible la República para refundar la patria.

Y la única patria de ellos son los negocios.

@Quinternatte