Como impulsora de la consulta anticorrupción, la bancada verde suele celebrar los poco proyectos que sobre la materia ha logrado aprobar el Congreso.

Sin embargo, el visto bueno que anoche le dio la plenaria del Senado a la iniciativa radicada por la Fiscalía no fue celebrado y la segunda vicepresidenta de la corporación Angélica Lozano la dio por muerta.

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El problema del proyecto es el siguiente: el texto aprobado en el Senado es diferente al de la Cámara, por lo que la iniciativa se debe conciliar; pero no todos los Representantes que votaron la iniciativa el año pasado fueron relegidos, lo que los obliga a presentar nuevos impedimentos. El temor es que estos sean muchos y solo quedan tres días para que se acabe la legislatura. El proyecto también podría ser discutido en sesiones extraordinarias, pero no es seguro que el presidente Iván Duque las convoque.

“En apariencia esto es muy buena noticia. Luego de 12 o 13 sesiones con toda la combinación de dilaciones, quedan solo tres días para que la Cámara haga lo que nosotros hicimos en más de 12. Para que se hagan una idea del problema, en el Senado se votaron 70 impedimentos de 106 integrantes. ¿Cuántos van a haber en Cámara cuando son 172 integrantes?”, dijo Lozano.

Y agregó que este proyecto “es el más ambicioso: el que quita los beneficios a quienes cometen delitos de corrupción. Pero la práctica dilatoria fue muy eficaz, lo que hace que la Cámara lo reciba a punto de morir”.

El ponente de la iniciativa, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, aseguró que la ley va a pasar. “Hoy mismo enviamos el informe. Mañana se anuncia en Cámara. Se votan en Cámara los impedimentos. Y un solo texto se tiene que aprobar, pues es una conciliación. Y esperamos votarla en conciliación el jueves, que es el día límite”.

Varón explicó que el proyecto elimina la casa por cárcel que pagan los servidores públicos que cometen el delito asociado con la corrupción: “No podrá pagar casa por cárcel, sino cárcel intramural”.

Además, explicó que “la norma acaba con los sitios de reclusión que no corresponden a instalaciones del Inpec, es decir, batallones y otro tipo que no son de reclusión. Además, se incrementan las penas para concusión, cohecho y prevaricato de manera que en el caso en que se solicite la máxima pena se cumpla”.

El senador Varón indicó que, para ilustrar lo que pasaba antes de la aprobación de la iniciativa, “el mejor ejemplo fue lo que pasó con el PAE. La persona se condena a 15 años. Se allana, baja a siete. Como no tenía antecedentes, bajó a seis. Y con dos terceras partes ya puede salir. Es decir, no paga más de tres años. En este caso se incrementa la pena para delitos de más de 100 salarios mínimos a 22 años y medio. Si se allana a cargos tendrá que pagar 10 y con un buen comportamiento, mínimo deberá pagar siete u ocho”.

El fiscal encargado Fabio Espitia también celebró la aprobación. Sostuvo que “en materia de convenios interadministrativos la ley busca eliminar la contratación a dedo”.

Espitia destacó que con esta iniciativa queda “salvaguardado el secreto profesional de los periodistas, lo que queremos es reprimir fuertemente la filtración de información”.

El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, subrayó que ahora la ley elimina “los convenios interadministrativos que usaban las entidades para evadir las licitaciones, eso es importante. La ley en general tiene un sesgo carcelario, yo no estoy convencido que eso disuada la corrupción, pero hay que mandar un mensaje político”.

Además, advirtió que el hecho de quitar la casa por cárcel “puede tener problemas, pues era una norma que se había incluido para evitar la congestión carcelaria. Y agregó que el artículo puede tener problemas de consecutividad, ya que si no se debatió el artículo en Cámara se cae, pero hay que analizar la situación en la conciliación”.

La iniciativa endurece las normas, lo que el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, calificó como positivo, “pero el problema de la corrupción es más complejo que un asunto normativo. Pasar el modelo de contratación pública a normas de contratación privada es abrir un boquete y facilitarle las cosas a la corrupción de manera inmensa. Cuando dos privados hacen un negocio no necesitan auditoría porque se protegen mutuamente, pero cuando los recursos son públicos, los privados se coludan para robarse la plata, porque no es de ninguno de ellos. Reficar y la salud están vinculados a esto que yo comento”.