Con el fin de capacitar a las entidades públicas sobre la metodología de trabajo para implementar las facultades extraordinarias para simplificación de trámites, procesos y procedimientos, el Departamento Administrativo de la Función Pública mañana liderará dos jornadas de trabajo.

De esta forma el Gobierno nacional avanza en la preparación de su personal para la aplicación de Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, Plan Nacional de Desarrollo.

A estas sesiones han sido convocados los secretarios generales y jefes de Oficinas Jurídicas y de Planeación de ministerios, departamentos administrativos, organismos y entidades de la administración pública del nivel nacional, y tendrán lugar en el auditorio de la Escuela Superior de Administración Pública.

Durante cada una de estas capacitaciones, el Gobierno nacional dará a conocer los lineamientos establecidos para hacer uso de las facultades extraordinarias para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública, concedidas por la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.

Entre los temas que se expondrán en estas jornadas se destacan la orientación que recibirán las entidades sobre la estrategia que ha diseñado el Gobierno nacional para el cumplimiento de las Facultades Extraordinarias Antitrámites, los instrumentos de recolección de información para consolidar las propuestas de ajustes normativos a incluir en el decreto ley antitrámite y algunas propuestas transversales de intervención, entre otros.

El pasado 13 de junio fue expedida la Directiva No. 7 acerca de las facultades extraordinarias para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública, la cual fue dirigida a ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales de los organismos y entidades del sector central y descentralizado de la administración pública del nivel nacional y entidades públicas territoriales.

Dicha directiva señala que el Gobierno nacional está comprometido con hacer más fácil su relación con los ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales, y para ello viene adelantando la campaña ‘Estado simple, Colombia Ágil’ en la cual se han intervenido 374 trámites.

Para dar continuidad a esta campaña, y con el fin de revisar los trámites que están consagrados en normas de rango legal, la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública”.

La labor de coordinar, analizar y brindar apoyo técnico en la elaboración de las propuestas de modificación normativa del proyecto de Decreto Ley que suprimirá los trámites que se determine son innecesarios estará a cargo de un Comité Técnico de Coordinación, integrado por la Secretaria General de la Presidencia de la República, el Consejero Presidencial para la Gestión del Cumplimiento, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, la Ministra de Justicia y del Derecho, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública que, como entidad líder de la política de racionalización de trámites en el Estado, lo presidirá.

Elaboración del proyecto

La coordinación de las labores de identificación de los ajustes normativos requeridos para simplificar trámites, procesos y procedimientos, estará en cabeza de los viceministros, subdirectores de Departamentos Administrativos y directores de entidades del sector central y descentralizado.

 Para lo anterior, se deberá continuar con el trabajo adelantado por las oficinas jurídicas, las áreas de planeación y las dependencias misionales en el marco de la campaña ‘Estado Simple, Colombia Ágil’, identificando los trámites, procesos y procedimientos de rango legal susceptibles de simplificación, supresión o reforma.

Cada entidad analizará las normas de carácter legal susceptibles de modificación que soportan los trámites, procesos y procedimientos a su cargo y diligenciará el instrumento de recolección de información que para el efecto defina el Departamento Administrativo de la Función Pública. La entidad cabeza de cada sector consolidará las propuestas y las remitirá, a más tardar el 15 de julio de 2019.

Entre los meses de agosto, septiembre y octubre de este año, el Departamento Administrativo de la Función Pública citará a mesas de trabajo sectoriales para socializar, concertar y validar las propuestas de racionalización, en las cuales participarán los servidores públicos de los sectores relacionados con los trámites, empresarios y grupos de valor.

El proyecto de Decreto Ley, debidamente firmado por los ministerios y departamentos administrativos, deberá radicarse en la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con 20 días de antelación al vencimiento de las facultades extraordinarias.