El hundimiento de la iniciativa que buscaba promover el acceso a la información de alimentos procesados, mediante un rotulado frontal de alerta, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, generó diversas reacciones.

El senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, lamentó el hundimiento de la iniciativa y señaló que volverá a ser presentada. “Hay algo que en Colombia tenemos que entender: medidas como esta, de salud pública, son una necesidad para que la población no siga enfermándose, especialmente los niños, y evitar que el sistema de salud colapse en los próximos cinco años”, sostuvo.

“El reto más grande que tiene este país en términos de salud pública es la sostenibilidad del sistema, la capacidad que tiene de pagar y continuar sosteniendo a los colombianos a futuro. La principal carga que tiene el sistema es la carga de las enfermedades que se llaman no transmisibles, que no son contagiosas, y entre esas la principal es la obesidad”, agregó.

El parlamentario manifestó que la Comisión Económica Europea “que estudió el sistema de salud colombiano dijo que si nosotros no éramos capaces de modificar los hábitos de vida saludables en los próximos cinco años el sistema iba a colapsar (…) Teníamos una carga económica muy alta y debíamos empezar a tomar medidas de promoción y prevención en salud para evitar que se aumente la carga de enfermedad”.

Por su parte, el gremio de los comerciantes calificó la iniciativa como “equivocada”. De acuerdo con Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, esta propuesta no cumplía con informar responsablemente al consumidor y, por el contrario, afectaba “al comercio” porque “el etiquetado propuesto en el proyecto descalifica a la mayoría de alimentos procesados que son vendidos en las tiendas y comercios del país”.

Consideró, además, que el proyecto no cumplía con los estándares técnicos. Hizo énfasis en que cualquier disposición que se introduzca en el ordenamiento jurídico colombiano en materia de etiquetado de productos, tiene que ser consecuencia de un reglamento técnico, por lo cual es necesario hacer un análisis de impacto normativo para evitar que la medida constituya un obstáculo técnico al comercio.