Avanza proyecto que reduciría delitos cometidos con arma blanca

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Un proyecto de ley que busca prevenir y reducir las lesiones personales, homicidios y delitos cometidos con armas cortopunzantes o blancas, por medio de la creación del Plan Nacional de Desarme Blanco Ciudadano fue aprobado por la Comisión Primera de Cámara.

La iniciativa, presentada por Buenaventura León, representante conservador por Cundinamarca, busca, según dijo, que con la colaboración de los ciudadanos y las autoridades se reduzca el “alarmante aumento de los homicidios ocasionados con este tipo de arma, entre las cuales se incluyen cuchillos, puñales, puñaletas, navajas, manoplas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, martillos y otros similares utilizados como armas de carácter defensivo u ofensivo”.

Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con corte a 30 de abril de este año, dan cuenta de que se han registrado 3.637 homicidios, de los cuales 725 fueron ocasionados con algún tipo de arma blanca, a 644 hombres y 81 mujeres.

Así mismo durante 2018 se presentaron 11.299 homicidios en todo el país, 2.393 causados con arma blanca, en modalidades como sicariato, riñas y atraco.

Según las autoridades, en el último año se han incautado en el país más de 1 millón y medio de armas blancas, de las cuales 9.665 se han decomisado en el sistema Transmilenio de Bogotá.

El proyecto busca que el Plan Nacional de Desarme Blanco Ciudadano, sea un conjunto de estrategias, con alto contenido pedagógico, que sirvan como instrumento para la construcción de una sociedad sin armas.

“Este plan tendrá como objetivo la creación y consolidación de estrategias que deben integrar enfoques preventivos, de control, simbólicos, comunicativos y de medidas aplicadas, que deben ser socializados y difundidos ampliamente para que los colombianos reflexiones y entiendan los riesgos, límites y consecuencias que conlleva el portar cualquier tipo de arma blanca”, aseguró el Representante León.

Además, este proyecto “contribuirá al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población en términos de seguridad y convivencia, necesariamente, bajo la coordinación y acción de las gobernaciones y alcaldías”.

La iniciativa también obliga a la Policía a realizar elaborar un protocolo “unificado a nivel nacional para la destinación, fundición o destrucción de las armas recolectadas en las entregas voluntarias”.

Se espera que con este proyecto se implemente un componente de policía que en los territorios Departamentales y Municipales realice operativos permanentes y continuos en los establecimientos abiertos al público, en el Sistema Integrado y todo tipo de vehículos de Transporte Público Colectivo e individual y en el espacio público en general, para evitar el porte y uso de este tipo de instrumentos letales.

Las estrategias contenidas en el proyecto son: campañas pedagógicas para cambiar la percepción de que las armas blancas proveen seguridad; restricción al porte y uso de armas blancas en espacios específicos; utilización de mecanismos de participación ciudadana; y acciones policivas para reforzar el cumplimiento de restricciones.

“El Gobierno nacional además deberá implementar el Registro Nacional de Armas Blancas Autorizadas, el cual tendrá la función de registrar a los sectores y ciudadanos exentos por actividades laborales, profesionales, personales o de oficios”, puntualizó.

Cabe anotar que la iniciativa incluye un parágrafo en el que exceptúa de la definición de arma blanca “las multiherramientas o utensilios con fines laborales y educativos o domésticos que por la naturaleza de la profesión, arte, oficio o actividad laboral que sean necesarios para su ejercicio; para lo anterior el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior incluirá los reportes de autorizaciones y excepciones del uso y porte de armas blancas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas”.

En otras palabras, que quienes utilizan un arma blanca como herramienta de trabajo no serán sancionados.