Hoy contra la ciudad hay 33.000 diferentes tipos de demandas que tienen en juego pretensiones por $21 billones, casi un presupuesto anual de Bogotá. Sin embargo la capital de la República está ganando el 90% de los procesos y en los últimos tres años se han ahorrado $3,4 billones por demandas que se ganaron.

Y es que según la cabildante verde, Lucía Bastidas, “demandar a la administración pública es un negocio redondo que le apunta a conseguir recursos a costa del erario público. Y si bien, hay muchas demandas que buscan el respeto a derechos colectivos e individuales y a resarcir daños, también lo es que muchos buscan pescar en río revuelto o ponerle palos en la rueda a los proyectos públicos”.

Esto, lo demostraría el hecho de que a la gestión del alcalde mayor, Enrique Peñalosa, le han instaurado 44 demandas “que apuntan a paralizar proyectos clave del Plan de Desarrollo. Acciones populares y demandas de nulidad figuran en la lista de los pleitos en los que la Alcaldía se ha tenido que defender”, indica la Concejala.

“La sistematicidad en la estrategia de demandar para paralizar se nota en proyectos como la Primera Línea del Metro o la construcción del Transmilenio por la Carrera 7ª, que han sido objeto de cinco demandas cada uno. En el caso del Metro ninguna ha prosperado y en el de la Séptima lograron a pocos días de adjudicar la licitación que un juez paralizara el proceso”, recordó Bastidas.

Asimismo dijo que “eso a todas luces tiene la intencionalidad de paralizar porque de sobra sabemos que en el contencioso administrativo, que es la instancia ante la que se demanda y en la que la ciudad se tiene que defender, se demora hasta 10 años en expedir una sentencia de fondo, y otros 10 para resolver una apelación. Lo demuestran los fallos del río Bogotá y de los cerros orientales, que tardaron 20 años para tener sentencias definitivas”.

Lo que se ha evidenciado en el actual gobierno es que no solo está en juego el dinero como recurso público, sino las obras estratégicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por el modus operandi de pedir medida de suspensión, mientras hay fallo de fondo.

“Por eso el tema crítico en este asunto de las demandas es la capacidad técnica que tienen los jueces para valorar las obras que llegan a sus despachos. Los demandantes abusan del reclamo de derechos y ya con eso los jueces dejan de lado el tema técnico y se apuran a dictar medidas cautelares mientras fallan de fondo”, apunta Bastidas.

Para cerrar aseveró que “hoy en Bogotá están en juego obras estratégicas por más de $46 billones, y podrían estar en riesgo por la falta de conocimiento técnico de los jueces. Es fundamental que entiendan la magnitud de lo que está en juego, las pretensiones individuales de los demandantes, que utilizan los derechos colectivos como caballito de batalla para lograr sus intereses no pueden dar al traste con el desarrollo de la ciudad”.