Al cierre de la Convención Bancaria, el sector financiero reclamó una reforma estructural del sistema pensional. Los banqueros anunciaron su apoyo al posconflicto y respaldo al sector agrario del país
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El sector financiero colombiano reclamó un mayor control al gasto público para buscar una mejora en las finanzas del Estado.
El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, Santiago Castro, señaló en su discurso de cierre, que el mundo reconoce los esfuerzos del país en la reducción de la pobreza uno de los avances sociales más cruciales de la historia reciente, pues ya parecen lejanas aquellas cifras de pobreza que rondaban el 50%, y de hecho, umbrales en torno al 25%-30% parecen ya factibles en el próximo lustro.
Señaló que se requiere seguir irrigando financiación a proyectos productivos, especialmente en el campo, donde la pobreza exhibe mayores niveles de concentración.
Pero para continuar avanzando se requiere, propender por la mejora de los procesos y espacios de asesoramiento técnico, lo que permitirá la configuración de proyectos rurales más competitivos y con menores niveles de riesgos para su financiación” aseguró.
Los retos
En materia política, el país se enfila a encarar las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. Un proceso electoral en el cual el debate político estará inmerso en temas económicos y sociales bastante nutridos.
Sin duda, uno de los grandes bastiones de la política económica ha sido el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin la cual no resulta posible, para ningún país, garantizar la persistencia y mejora continua de las conquistas sociales.
El nivel de arraigo de este precepto se puso seriamente a prueba tras el choque petrolero de 2014, cuando se registró una aguda reducción en los ingresos tributarios y se dejaron de recibir rentas petroleras por una magnitud que superó los 2 puntos del PIB.
Dijo que la reforma tributaria debe ser complementada por ajustes en el gasto público para garantizar la convergencia hacia menores déficits fiscales en los próximos años. Por tanto, es imperativo darle celeridad a la Reforma al Gasto, una reforma que sin duda permitirá garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
Dentro de las grandes partidas que deben ser analizadas y ajustadas en esa reforma, el Sistema General de Participaciones debe ocupar un lugar especial. Este sistema debe avanzar en la mayor simplificación de los criterios de asignación y distribución de las transferencias regionales, establecer una fórmula de crecimiento de estas transferencias de manera tal que no sea transitoria y garantice la disciplina y la sostenibilidad fiscal. Debe establecer, a su vez, metas para la asignación de recursos en términos de calidad y fortalecer la capacidad de gestión de los entes territoriales.
"La reforma pensional debe aumentar formalidad, reducir la inequidad del sistema e incrementar la baja cobertura"
Pensiones
Hay que avanzar, señaló Castro, hacia una reforma pensional estructural, uno de los elementos que con seguridad deberá también contemplar la Comisión en sus análisis.
El actual gasto público en pensiones, que alcanza los $38 billones y hoy supera los 4 puntos del PIB, ha sido creciente en los últimos años y luce bastante oneroso si se tiene en cuenta que el número actual de pensionados apenas bordea los 1,8 millones de personas. Esta situación se vuelve más crítica si se tiene en cuenta que la mayoría del subsidio pensional está destinado a los pensionados de mayores niveles de ingresos.
Para garantizar la sostenibilidad fiscal y la mejor asignación de los recursos públicos, urge diseñar una reforma pensional que no solo garantice una mayor cobertura, sino que sea altamente compatible con el mejoramiento de la distribución del ingreso.
Esta reforma deberá tener muy en cuenta la formalización laboral, pues son las altas tasas de informalidad las causas centrales de las bajas densidades de cotización. No es posible concebir mayores niveles de cobertura y cotizaciones si el país no supera su rezago en materia de formalidad.
La materialización de una reforma que contribuya a la formalidad, que reduzca la inequidad del sistema actual e incremente la baja cobertura en medio de una mayor viabilidad financiera, no solo aliviaría la presión fiscal, sino que contribuiría con una mayor justicia social para todos los colombianos.
Dinamizar sinergias
Para la banca y el sistema financiero es vital la configuración de proyectos rurales más competitivos, afines con la vocación de la tierra y con las cadenas productivas. Para lograr este propósito se requerirá contar con un Sistema General de Información Rural, en el que se pueda mapear, dimensionar y caracterizar la oferta y demanda de bienes y servicios rurales, junto con sus potencialidades y oportunidades de mercado. Esto permitirá robustecer también la estimación de los riesgos de los proyectos rurales, facilitando la irrigación de la robusta financiación que hoy requiere nuestro campo, y que sin duda contribuirá con su progreso. Esperamos por supuesto, que la Ley de Tierras y la Ley de Catastro Multipropósito contribuyan a subsanar varios de estos vacíos.
Hay problemas sectoriales de distinta naturaleza. Uno de ellos es Electricaribe. Este asunto se ha convertido en una tragedia no solo para cada uno de los hogares que padecen el servicio con serias deficiencias, sino que también tiene impactos profundos en los sectores energético y financiero.
“Creemos que la alternativa de vender los activos de la empresa amerita sin duda un mayor análisis y evaluación en materia de costo-beneficio, dada la evidente destrucción de valor que, en principio, se derivaría de una liquidación de estas características. Quiero subrayar que la fórmula hoy planteada, compromete el pago de la deuda de Electricaribe con los Bancos, que hoy asciende a cerca de $1,8 billones.
La venta de Electricaribe, como empresa, permitiría capitalizar en el precio elementos como su Know-how, su base de clientes, su capilaridad, y otros elementos que trascienden el valor individual de sus activos”.
Reconoció la valentía del presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la Paz, uno de los anhelos que por largas décadas ha estado presente en el corazón y mente de millones de colombianos.
Los retos para el desescalamiento del conflicto aún persisten, y de allí la importancia de materializar adecuadamente los desarrollos legislativos y normativos para desarrollar los Acuerdos.
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