Hoy se elige al próximo presidente de los colombianos, aunque su posesión solo tendrá lugar siete semanas después: el 7 de agosto.
Ha sido tal la vaguedad y superficialidad de esta campaña que al nuevo presidente y a su equipo técnico le tocará comenzar a gobernar con seriedad casi dos meses antes de la posesión. Se acabó el tiempo para las fantasías y el recreo. Desde el próximo lunes comienza el de la seriedad.
Veamos. El 15 de junio, como lo manda la ley, el gobierno saliente radicó ante el congreso el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Se trata del documento fiscal más importante que se produce anualmente en el país. Contiene una mirada prospectiva de lo que será factible hacer dentro de los límites de la viabilidad presupuestal en los próximos años. Y de lo que no es factible realizar sin reventar la viabilidad fiscal del país.
Esto significa que el gobierno que se elija este domingo deberá comenzar por pronunciarse sobre este documento: ¿Qué opinión le merece? ¿Se va a ajustar a él o no? ¿Construirá el plan de desarrollo cuatrienal que debe presentarle al congreso y al país durante los primeros cien días de su mandato observando las directrices de este documento? ¿O se apartará de ellas?
El primer ejercicio de gobierno del presidente electo y de su equipo técnico comenzará entonces por estudiar y fijar una posición muy precisa -que no permite el tono demagógico de la campaña- sobre el marco fiscal de mediano plazo (MFMP). Y esto debe hacerlo varias semanas antes de tomar posesión, el 7 de agosto.
Sigue el presupuesto para la vigencia del 2023 que el gobierno saliente debe radicar, tal como lo ordena la Constitución, durante los primeras diez días de la legislatura. Es decir, entre el 20 y el 30 de julio del año en curso.
Por una peculiaridad de nuestro ordenamiento constitucional el primer presupuesto que le corresponde ejecutar al gobierno entrante lo prepara el saliente. Cabe preguntar entonces: ¿Qué opinará el nuevo presidente sobre el presupuesto para la vigencia del 2023 que encontrará listo para empezar su trámite en las comisiones económicas del Congreso? ¿Lo aprueba o lo rechaza? ¿Lo cambia o lo mantiene? ¿Considera que refleja las prioridades del nuevo gobierno y lo que ofreció durante la campaña? ¿O, por el contrario, piensa que se aleja de ellas? ¿Le agregará más gasto? ¿Y si tal es el caso cómo lo financiará?
Ya no habrá tiempo para las vaguedades que ha caracterizado la campaña. Ya no caben más promesas ligeras sin cuantificación de costos. Será el momento de la verdad. Cuando el nuevo gobierno tendrá que decirle a Colombia si le dejaron ingresos fiscales suficientes para financiar lo ofrecido durante la campaña y si los ingresos fiscales que encuentra son suficientes o no. Será también el momento en el que sabremos si el gobierno entrante buscará nuevas fuentes para cumplir sus profusas ofertas electorales. O si se lanzará por el inquietante camino de la irresponsabilidad fiscal. Ninguna de estas preguntas ha recibido respuesta satisfactoria durante la campaña.
Tendrá que formular en consecuencia un rápido pronunciamiento técnico sobre el presupuesto del año entrante: no un chascarrillo de campaña. Y esto tendrá que hacerlo antes de tomar posesión el 7 de agosto.
Además: buena parte de las confusas propuestas en campaña que han hecho los candidatos requieren, para tener alguna posibilidad de llevarse a la práctica, que haya consensos políticos entre las bancadas representadas en el congreso donde ninguno de los dos finalistas cuenta con mayorías o coaliciones suficientes para llevarlas adelante. La conformación de esos apoyos parlamentarios tendrá también que lograrla preferentemente el candidato vencedor antes de su posesión el 7 de agosto.
En conclusión: durante la campaña que concluye hoy los colombianos no hemos visto más que un confuso telón de fuegos artificiales, de insultos, de generalidades y de propuestas sin ninguna cuantificación fiscal seria.
Ese tiempo ya pasó. La labor de gobernar con aplomo comienza ahora: varias semanas antes de la ceremonia de posesión el 7 de agosto.