Un Congreso sin empatía

 

Desconexión con los anhelos populares

El grave problema de la legitimidad

 

En el mundo contemporáneo, en que prepondera el impacto de los sucesos en tiempo real, podría señalarse que la vigencia de los Estados se sustenta en tres elementos básicos: legitimidad, institucionalidad y capacidad de maniobra para dar respuesta a las expectativas de sus gobernados y de este modo resolver prontamente los problemas que los afectan de forma más apremiante. En la medida en que la arquitectura que conforman las tres ramas del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se moviliza en esa dirección, con base en la autonomía estructural de cada rama, pero la colaboración armónica y sistemática entre ellas, el Estado queda revestido de un influjo de credibilidad que se traduce, en el día a día, en la principal garantía de la estabilidad del sistema político, económico y social.

Es claro, como lo han reiterado los más reconocidos pensadores y tratadistas de la teoría política a nivel global en estos días, que la pandemia del covid-19 se ha constituido, no solo en la emergencia sanitaria más grave de las últimas décadas, sino también en la prueba ácida más exigente en cuanto a la capacidad estatal en la resolución de una crisis de semejantes dimensiones.

En Colombia, por ejemplo, es claro que el rol del Legislativo dentro del plan de contingencia por la pandemia ha sido deficiente. En estos quince meses el Congreso ha funcionado a media máquina, haciendo de la virtualidad de las sesiones su nueva realidad. Contrario a lo ocurrido en otras democracias occidentales, en donde los parlamentos han sido protagonistas de primer orden en la definición y aprobación de las estrategias para enfrentar la amenaza pandémica, en nuestro país el Senado y la Cámara han tenido un papel más bien marginal, casi notarial, sin mayor iniciativa. De hecho, ha sido el Ejecutivo el que, acudiendo a normas extraordinarias como la declaratoria de estados de emergencia, ha llevado la batuta de la estrategia de reacción, con un patrón cada vez más determinante de las altas Cortes y los jueces en el control del alcance de las medidas adoptadas para contener el covid-19.

De otra parte, el criterio de evaluación de la opinión pública sobre el Congreso no se ha centrado en qué tanta capacidad de maniobra ha tenido para implementar la respuesta estatal a la crisis pandémica, sino en mucho mayor medida sobre su nivel de solidaridad y sacrificio en medio de la emergencia. Todas las encuestas coinciden en que al ciudadano promedio no le interesa en especial cuántas leyes y reformas aprueba el Parlamento, sino, por ejemplo, si los senadores y Representantes se bajaron sus salarios extraordinarios y demás. Lo cual podrá traducirse en un efecto menor, desde el punto de vista de los recursos netos, pero que tiene un contenido simbólico trascendental y decisivo para la opinión pública.

Efectivamente, se considera que en un país que necesita priorizar el gasto público y dirigir los recursos oficiales a los más golpeados por la pandemia, para la gran mayoría, con un porcentaje sustancial de descalificación, no se justifica ni tiene presentación que se hayan mantenido intactos los sueldos de los congresistas, ni tampoco el alto número de curules en la institución.

Sin embargo, pese a que los congresistas son conscientes de ese inconformismo ciudadano, nunca tomaron un correctivo de fondo en quince meses de pandemia. Los proyectos para rebajar o congelar salarios, así como para reducir la cantidad de escaños, han naufragado sucesivamente en medio del estéril cruce de justificaciones y acusaciones entre las bancadas. Los intentos de plebiscitos y referendos con ese mismo fin no pasan de los anuncios. Mientras en otros países del continente los parlamentarios adoptaron medidas inmediatas de austeridad al respecto, dando ejemplo de solidaridad con los que más sufren, aquí la empatía brilla por su ausencia. Apenas se han dado donaciones unilaterales de algunos parlamentarios en materia de mercados e insumos médicos en sus regiones…

Como se ve, el Congreso colombiano continúa, por desgracia, desconectado de la realidad y la percepción de las mayorías ciudadanas. Concentrados en la mecánica política y la polarización electoral, los parlamentarios todavía creen ser las insignias de la democracia representativa. Muy posiblemente así sea en el papel, pero el problema radica en la práctica. Que es la base de la legitimidad. Y es ahí donde se sigue cojeando…