Una de las falencias del país es el lento desarrollo de la infraestructura, principalmente en la construcción de vías para modernizar el transporte y la movilidad de los colombianos.

En ese sentido, los dos candidatos presidenciales en puja, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, tienen en sus programas puntos clave, pero faltan los recursos para la financiación de los proyectos

Rodolfo Hernández

1.- Fortalecer los programas de corredores estratégicos nacionales, de corredores regionales para mejorar el acceso de las principales ciudades y puertos, y avanzar en la recuperación de la red terciaria.

2.- Consolidar un sistema de gobierno corporativo en entidades del sector como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

3.- Diseñar un proceso de seguimiento a la contratación que garantice la transparencia en los procesos públicos de competencia, en concordancia con la aplicación estricta de estándares internacionales. Impulsar el movimiento de mercancías a través del transporte férreo, fluvial e intermodal, con el fin de garantizar una cadena de suministros eficiente y mejorar la productividad y la competitividad.

4.- Implementar un modelo de compra por obra hecha o tramo terminado, en el que contratistas pequeños puedan participar en la ejecución de grandes proyectos mediante una construcción progresiva y por secciones, de acuerdo con su capacidad financiera. Si el Estado usa el dinero que tiene ‘a la vista’ en el Banco de la República, podría apalancar a los contratistas pequeños (emprendedores talentosos que inician su carrera empresarial) con una financiación directa y tasas competitivas a través del Banco Agrario. La pignoración del contrato con la banca oficial es una alternativa de respaldo.

5.- Construir 14 mil kilómetros de vías terciarias con calidad, con mano de obra local y en referencia de ejemplos internacionales como el “Camino a Santa Ana”, en México.

6.- Recuperar la navegabilidad del río Magdalena para disminuir los costos de transporte de carga. El río es la más rentable autopista colombiana, pero está desaprovechado. Es urgente replantear los términos contractuales de su mantenimiento

7.- Implementar peajes electrónicos para beneficio no solo de la movilidad sino también para el mantenimiento de las mismas vías, que sufren cuando el transporte pesado debe desacelerar para pagar manualmente el peaje e inclusive para ahorrarles a los transportadores tiempo y costos de mantenimiento.

8.- Habilitar las vías férreas existentes, adecuándolas a trocha ancha para trenes eléctricos con pendientes máximas del 3%. La financiación será extranjera, por lo que se ofrecerá a los inversores un pago por usuario en el transporte de pasajeros y por tonelada en carga. El faltante será asumido por el Estado.

9.- Revisar los precios de costos directos e indirectos abusivos de las vías construidas por concesión. Con base en ello, dialogar con el contratista para llegar a un equilibrio. En caso de que este se oponga a un acuerdo, apelar a la justicia por el desequilibrio financiero del contrato. Al revisar los precios hasta llegar a los justos, como consecuencia debería reducirse el valor de los peajes en el país.

10.- Establecer subsidios por pasajero a aerolíneas privadas para que operen más regularmente las rutas de zonas apartadas. Implementar un modelo de compra por obra hecha o tramo terminado, en la que contratistas pequeños puedan participar en la ejecución de grandes proyectos mediante una construcción progresiva y por secciones, de acuerdo con su capacidad financiera.

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Gustavo Petro

1.- Integrar la gestión de la movilidad y el transporte en las ciudades, de manera más robusta a la que históricamente ha tenido, generando así una política pública para territorios inteligentes (integración de datos de ciudades/regiones) y de gestión de la infraestructura urbana, el reparto modal (las opciones de viaje que asumen los usuarios) y el consumo energético.

2.- Promover una gestión de movilidad fortalecida, haciendo uso de ITS (Sistemas inteligentes de transporte, por sus siglas en inglés) y de su integración en ciudades-regiones, aplicándolo también al monitoreo de condiciones ambientales y gestión y operación de tráfico, y coordinación y gestión de respuesta a desastres, buscando fortalecer tanto las capacidades institucionales en Invías y las entidades territoriales, incluyendo la instalación de estaciones de monitoreo de infraestructura en 500 puntos críticos de la red vial nacional primaria.

3.- Ampliar el alcance de las funciones del sector de transporte, articulando políticas de transporte, movilidad, infraestructura y gestión de ciudades para integrar las decisiones de ordenamiento, con la oferta de transporte, la provisión ordenada y planificada de la infraestructura y la gestión de la movilidad que cruza aspectos comportamentales, de logística, financiación y de política energética.

4.- Para la provisión de infraestructura y proyectos de transporte, se orientará el funcionamiento de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte a la evaluación y análisis de inversiones que disminuyan disparidades espaciales y sociales en las decisiones de infraestructura.

5.- Contar, vía Colombia Compra Eficiente, con canastas de costos de mercado del transporte que permitan adecuadas decisiones tarifarias; orientar el rediseño de los Sistemas Integrados de Transporte Masivos y los Sistemas Estratégicos de Transporte Público procurando un servicio de calidad.

6.- Se promoverán políticas públicas para que el acceso al transporte se materialice en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, asequibilidad y “costeabilidad”, eliminando barreras por género, identidad sexual, edad, etnia, discapacidad y niveles de ingreso. La movilidad como derecho para acceder al pleno disfrute de las oportunidades que proveen los territorios.

7.-Se crearán condiciones que faciliten la sustitución de vehículos de combustión interna en las ciudades para disminuir la dependencia del petróleo, así como la disminución de emisiones de los medios que aún no cuentan con oferta electrificada.

8.- Al tiempo, se promoverán acciones para aplicar integración con transporte ferroviario y fluvial y para medir/disminuir la huella de carbono de los desplazamientos en vehículos públicos de combustión interna y para que las entidades nacionales adquieran/operen flota vehicular de bajas emisiones.

9.- Se promoverá la movilidad como una herramienta social, para que se dé como espacio de diseño, apropiación e identidad local; para que se democratice el transporte público y se equilibre la relación servicio público-negocio en la prestación por parte de particulares.

10.- “Sueño con hacer una vía férrea desde Tumaco hasta el Atlántico, pasando por todo el territorio llanero. Yo dejaría los estudios completos de esa obra, ojalá pudiéramos licitar su construcción”, expresó el candidato Gustavo Petro en su recorrido por el Casanare. Ese tren conectará los más de 1.200 kilómetros.

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Los pedidos de la CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) presentó los puntos que considera clave para que el sector mantenga la tracción que trae desde hace varios años.

Para el gremio, es determinante concebir el desarrollo de infraestructura como una política de Estado, que trasciende los ciclos políticos de los gobiernos de turno.

La CCI considera que es relevante reconocer al sector privado como un socio estratégico del Estado para seguir garantizando la modernización de la infraestructura del país.

De otro lado, señaló que es importante integrar los diferentes modos de transporte, tal como fue concebido el programa de concesiones 5G o del Bicentenario.

A lo anterior se debe sumar la competencia en la adjudicación de los contratos de infraestructura.

Para tal fin, dijo el gremio, se debe hacer un buen uso de los pliegos tipo, que permiten tener pluralidad de oferentes, mayor participación de las firmas de ingeniería y, como consecuencia, procesos transparentes.

Así mismo, la agremiación afirmó que se debe entender la obra pública en infraestructura como un estímulo de crecimiento de las economías regional y nacional.

Y se debe preservar y fortalecer la institucionalidad, la cual actualmente es robusta.

Ejemplo de ello son la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).

En materia normativa, “valdría la pena considerar algunos ajustes orientados a fortalecer la participación privada en la infraestructura pública, particularmente en proyectos sociales”.