LAS DECLARACIONES del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sobre una financiación de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la Costa Atlántica, prendieron una vez más las alertas sobre la debilidad de la legislación colombiana para controlar los gastos y los aportantes a las contiendas proselitistas.

Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observatorio Electoral (MOE), habló de la necesidad de crear y fortalecer capacidades técnicas para mayor control del financiamiento de los aspirantes a cargos de elección popular.

También aseguró que los partidos políticos deben ser corresponsables de dicha vigilancia; es decir, que deben conocer quién financia a sus candidatos y de dónde provienen los recursos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué lecciones se derivan de las controvertidas declaraciones de Benedetti sobre la financiación de la campaña del presidente Petro en la Costa?

ALEJANDRA BARRIOS: Voy a hablar de una lección general, pues no es solo este caso, sino todos los que hemos tenido en diferentes campañas presidenciales, por las dudas de las financiaciones de las campañas políticas que surgen después de que quedan elegidos y entre los que no: es poder tener un sistema o institucionalidad electoral capaz de hacer seguimiento, vigilancia y control al financiamiento de las campañas políticas.

Es decir, un Consejo Nacional Electoral que tenga la capacidad técnica de monitoreo y seguimiento, una capacidad muy fuerte de las organizaciones políticas y sus campañas frente al uso de recursos por fuera de los topes aceptados o los que están por fuera de la ley cuando no se les permite financiación. Si nosotros no tenemos eso, temas como los que hoy se denuncian van a seguir saliendo en campañas electorales porque hay poca certeza por la debilidad en el control de la financiación de las mismas.

ENS: Visto lo que pasó con las denuncias de financiación ilegal a las campañas de Santos y Duque sobre el tema de Odebrecht, ¿qué se puede esperar ahora del CNE en cuanto a las denuncias sobre la campaña de Petro?

AB: El CNE, de acuerdo a las funciones que tiene, hará un control netamente administrativo. Debe hacer auditoría y revisoría sobre los ingresos y gastos de la campaña. En este caso, que es la investigación específica de la campaña de Gustavo Petro, hay que verificar que toda la información que entregó, es una información cierta y que corresponde a la realidad de los gastos e ingresos en su campaña.

Por su parte, la Fiscalía tiene otra responsabilidad en esta investigación, que es determinar si hubo un ingreso de recursos a la campaña electoral por fuera de lo establecido. Debe determinar cuál es el origen de dichos recursos, si son o no legales, más allá de si se rompieron o no los topes de campaña. En últimas, tiene que determinar si la afirmación hecha por Armando Benedetti es cierta o falsa.

ENS: En el caso de las denuncias de Benedetti ¿cuál es el paso a paso en el CNE para encontrar la verdad?

AB: Justo los que está haciendo, citar al señor Armando Benedetti. También se está citando a Laura Sarabia, pues Benedetti la involucra. Pero también, indiscutiblemente, al gerente y contador de la campaña, pues ambos hacen la revisión documentaria de la información que fue entregada. Esa es la acción que muy seguramente debe estar en el plan de trabajo del Consejo Nacional Electoral para esta investigación.

Después de eso, se debe definir si se entregó o no la información correspondiente a los gastos de ingresos reales de la campaña electoral. Después, la Fiscalía tendrá que determinar si hubo ingresos ilegales o no reportados a la campaña electoral.

¿Y la actual campaña?

ENS: De cara a las próximas elecciones regionales, ¿qué nuevas reglas del juego se deben desarrollar para evitar las financiaciones ilícitas por parte de los partidos?

AB: Realmente, es un dolor de cabeza, pues vamos a tener más de ciento veinte mil candidaturas, con un Consejo Nacional Electoral que requiere ser fortalecido en su capacidad de vigilancia y control de las campañas electorales.

Ya se tomó una decisión importante y es llevar a cabo una mesa de trabajo con el Banco Agrario para que los candidatos puedan tener cuentas. Lamentablemente, los candidatos son considerados sujetos con alto impacto, por lo que a los bancos no les gusta abrir cuentas para campañas. Esto fomenta el uso de efectivo. Los mayores problemas que tenemos en transparencia es cuando empiezas a mover recursos en efectivo para financiar campañas, porque, efectivamente, se desconocen con exactitud ingresos y gastos.

ENS: Se hundió la reforma política y sigue vivo el proyecto de reforma al Código Electoral ¿En alguna de estas dos iniciativas estuvo o está previsto algún control adicional para garantizar la transparencia en la financiación de las campañas? 

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AB: En la reforma política sí se tenía un control que generaba muchísimo debate, que era el tener financiación anticipada 100 % estatal. Se buscaba con ella determinar y controlar con facilidad si ingresaban recursos por fuera de los que entregaba el Estado. Porque si son recursos del Estado tienes que hacer un seguimiento mucho más pormenorizado del uso de dichos recursos.

Al momento de la campaña, existe una responsabilidad de los recursos del Estado. Debe haber auditorías mucho más severas y en tiempo real. Eso hubiera permitido mayor control, pero claramente es una de los temas que generó mayor discusión. Como se establecen mayores niveles de control hace que normalmente estos proyectos se hundan en el Congreso de la República.

ENS: ¿La reforma del Código Electoral no establece algún control para garantizar la transparencia en las campañas políticas?

AB: No. Se están incluyendo temas de financiación, se trata de profundizar algunas medidas para mayor control de organizaciones políticas, pero realmente el Código Electoral recoge y organiza lo que tenemos actualmente, pero no establece medidas como tal. Digamos que sí, se necesita tener un desarrollo posterior para mayores mecanismos de control.

ENS: A hoy, ¿qué alertas puntuales tiene la MOE sobre este tema de la financiación para la campaña de cara a las regionales de octubre?

AB: Necesitan poner todas las luces allí. Hay que darle toda la capacidad al Consejo Nacional Electoral para que pueda hacer el control de las campañas políticas. Vamos a tener 34 partidos políticos, que tienen que ser corresponsables de los avales que están entregando para que sus candidatos hagan una financiación adecuada de la campaña.

Vamos a un proceso electoral local en algunos territorios cruzados por economías ilegales, por necesidad de hacer lavados de activos y los partidos políticos no pueden desatender esto. Tienen que saber cuál es la fuente de financiación de sus candidatos y poder establecer mecanismos de control. No es solo responsabilidad del ente electoral, hay una responsabilidad política también de quiénes son los hombres y mujeres que están presentando a los ciudadanos para ser elegidos.

Injerencia ilegal

ENS: Tanto la Procuraduría como Defensoría lanzaron nuevas alertas sobre la posibilidad de injerencia de grupos armados en las elecciones de octubre, ¿qué estrategias tiene el ente electoral para contrarrestar estas acciones?

AB: Lo que se tiene para avanzar rápidamente son las Comisiones Departamentales y Municipales de Seguimiento Electoral. Es el mejor mecanismo para adoptar medidas que permitan la protección de candidatos, pero también de los ciudadanos a votar.

Con más de ciento veinte mil candidatos no se puede hablar de esquemas de seguridad para cada uno, que incluyan escoltas o carros blindados. Eso es un imposible, así que lo que tenemos es el tiempo suficiente para crear otros mecanismos que permitan a los candidatos, pero, sobre todo, a los alcaldes y gobernadores generar medidas de reacción rápida para asegurar proselitismo electoral. Es decir, que se puedan mover por sus respectivos territorios con unos niveles aceptables de garantías electorales.