EL PRÓXIMO miércoles el presidente Gustavo Petro cumplirá diez meses en el poder. Y lo hará en medio de una crisis de gobernabilidad que se ha ido profundizando, especialmente a lo largo de este año.

A los dos remezones ministeriales en los que cambió más de la mitad del gabinete, la ruptura de la coalición parlamentaria mayoritaria, las principales reformas trabadas en el Congreso, una accidentada política de paz y picos de violencia e inseguridad regional, se le suman la pérdida de varios de sus principales alfiles políticos (con Roy Barreras a la cabeza), los continuos roces con el poder judicial, las deterioradas relaciones con los gremios, los rifirrafes diarios con la prensa, los altibajos económicos y una racha de escándalos internos, el último de los cuales, esta semana, le costó la cabeza nada menos que a su mano derecha (Laura Sarabia, jefa de gabinete) y al embajador en Venezuela y uno de sus más importantes socios proselitistas (Armando Benedetti)…

Ese convulso escenario es el que explica por qué la mayoría de las encuestas muestran un retroceso drástico en los indicadores de imagen y favorabilidad presidenciales, así como una muy baja calificación de gestión gubernamental. De hecho, cada vez son más los dirigentes y franjas poblacionales que advierten desencanto y decepción con el llamado “gobierno del cambio”.

Incluso, el propio Petro cada vez es más abierto en aceptar públicamente que su administración no está cumpliendo con los principales objetivos, circunstancia de la que culpa tanto a la oposición y el “establecimiento” que se niegan al “cambio”, como a las propias falencias internas, ya sea por falta de diligencia o, incluso, por deslealtad con la causa del gobierno de izquierda.

En los últimos días, por ejemplo, Petro ha puesto sobre la mesa insinuaciones tan graves como las de un presunto “golpe blando” en proceso, entes de control politizados en su contra, complots mediáticos y gremiales, altos funcionarios del Estado urdiendo planes de “sedición” para incentivar que la Fuerza Pública no siga sus órdenes… Todo ello, a través de una presencia casi que de 24 horas al día en el twitter, que se ha convertido en una especie de ‘frente de batalla’ en donde entre ataques y réplicas gasta mucho tiempo…

Un gobierno débil

La debilidad política gubernamental, sobre todo tras sacar a los partidos Liberal, Conservador y de La U de su coalición, debido a las críticas de estas colectividades al alcance de las reformas laboral, pensional y de salud, tiene su principal evidencia en el llamado cada vez más recurrente del Presidente a sus bases populares para que salgan a las calles a presionar al Congreso y demás sectores públicos y privados a no “frenar el cambio que fue aprobado en las urnas”.

Paradójicamente, aunque el mandatario de izquierda continuamente le echa la culpa a la oposición de atravesarse en su tarea de gobierno, lo cierto es que ni el expresidente Álvaro Uribe como tampoco el excandidato Rodolfo Hernández o Federico Gutiérrez han sido factores que hayan bloqueado a la Casa de Nariño.

El primero, sin duda disminuido políticamente por un proceso judicial en su contra, ha mantenido un tono crítico al Gobierno, pero su partido es minoritario en el Congreso; el segundo nunca ejerció como jefe de la oposición (pese a sus 10,5 millones de votos) e incluso salió del radar de la política nacional; y, el tercero, aunque es fuerte contradictor en redes sociales y columnas, no tiene mayor fuerza política partidista e incluso ahora suena más como eventual candidato a la alcaldía de Medellín en octubre próximo, que como posible aspirante a pelear por la sucesión presidencial en 2026.

De hecho, hoy la mayor fuente de críticas, oposición y reservas al Gobierno proviene de muchos sectores políticos, económicos, sociales, gremiales, poblacionales y regionales que no están de acuerdo con las reformas llevadas al Congreso, la accidentada política de paz, el marchitamiento del sector de los hidrocarburos y otra serie de ejecutorias y posturas del Ejecutivo en muchos campos.

Incluso, las marchas populares convocadas por los contradictores han tenido mayor asistencia que las impulsadas por el Gobierno. Las propias encuestas advierten que muchas personas que votaron por el “cambio”, no están de acuerdo con el contenido y énfasis de varias de las reformas y políticas petristas.

A ello debe sumarse que gran parte de los reveses del Ejecutivo han sido producidos por sus propios errores o falencias. Por ejemplo, el proyecto de reforma política se hundió porque el Pacto Histórico lo vició; la política de “paz total” no ha calado entre la opinión pública porque los improvisados cese el fuego con los grupos residuales de las Farc y el ‘Clan del Golfo’ fueron abiertamente violados por los irregulares, que dispararon la violencia en varias regiones; las salidas de varios ministros han sido claramente porque advirtieron fallas objetivas en las reformas gubernamentales y la Casa de Nariño no admitió esos peros; el Ejecutivo tiende a hacer muchos anuncios (por ejemplo, la compra de tres millones de hectáreas para repartir entre campesinos) que luego no puede cumplir por complejidades fiscales e institucionales; la sucesión de algunos casos de corrupción y politiquería han afectado evidentemente la imagen del Ejecutivo; las polémicas surgidas alrededor de las posturas y actuaciones de la vicepresidenta Francia Márquez o de ministros (as) como los de Defensa, Cancillería, Minas y Salud también han desgastado diariamente a la administración… Asimismo, la estrategia comunicacional no es la más efectiva.

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¿Qué hará el Gobierno?

Todo este panorama crítico tiene un elemento adicional: se produce, efectivamente, a cinco meses de las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. El Gobierno se había planteado desde el año pasado como prioridad reflejar en el mapa político de poder regional y local, el avance que logró la centroizquierda en el ámbito nacional, sobre todo en cuanto a conquistar la Casa de Nariño y ser la lista más votada al Senado.

A hoy, con un Pacto Histórico atomizado en varias personerías jurídicas, con inocultables divisiones y polémicas internas, así como un gobierno y un Presidente mal calificados en las encuestas, lograr ese objetivo se ve muy difícil. De hecho, para algunos analistas lo más probable es que los partidos de centroderecha sean los que primen en las urnas.

Visto todo lo anterior, hay coincidencia entre muchos observadores en torno a que el presidente Petro debe tomar medidas para recuperar un margen de gobernabilidad. Sin embargo, aunque hay distintas fórmulas sobre la mesa, cada una tiene sus altas y bajas.

Por ejemplo, en el Pacto Histórico consideran que idos los partidos de centroderecha, con un gabinete más afincado en la izquierda y salidos del Ejecutivo algunos alfiles centristas, se debería optar por radicalizar el énfasis del gobierno en un “cambio” drástico y frontal, sin negociaciones ni cesiones políticas ni legislativas, acudiendo para ello a activar la presión en las calles de los 11,2 millones de votos que acompañaron a Petro.

Otros analistas sostienen que hay que hacer todo lo contrario: que Petro convoque un acuerdo nacional real y tangible, en donde no solo busque consensos alrededor de muchas de sus reformas y políticas, sino en el que, además, logre viabilizar muchas de las promesas que hizo en campaña pero hoy se encuentran trabadas.

Una tercera alternativa sería tratar de recomponer una parte de la coalición parlamentaria, apuntando principalmente a reenganchar a los liberales, en aras de recuperar iniciativa y margen político en el Congreso, y de allí en adelante comenzar a recomponer el camino en otros flancos.

Por el momento, no se sabe qué camino cogerá el Jefe de Estado. Lo único claro e innegable es que, tras diez meses de mandato, hoy se encuentra en la peor de sus horas en la Casa de Nariño y, faltándole tanto tiempo en el poder, tiene que hacer algo para recuperar margen de gobernabilidad.