EL PROYECTO de ley que ratifica el Acuerdo de Transporte Internacional de Carga de Pasajeros por Carretera entre Colombia y Venezuela podría mejorar las condiciones para reimpulsar la economía entre ambas naciones, lo cual quedó estancada tras varios años de desencuentros.

Al respecto, Alejandro Toro, representante a la Cámara por Antioquia y uno de los principales defensores de esta iniciativa, afirmó que se espera que, al finalizar el año, entren a las arcas colombianas hasta 2.000 millones de dólares. Pero siendo mucho más optimista, cree que al finalizar el gobierno Petro, puedan ingresar hasta 5.000 millones.

“Aun así, no estamos en el punto donde llegamos en el momento más alto entre los dos países que fue en 2007”, manifestó el parlamentario, quien, además, destacó que este proyecto que ya fue aprobado en la plenaria de la Cámara a finales del mes de mayo ofrecerá beneficios, sobre todo a los empresarios y microempresarios que operan en las zonas fronterizas.

Toro manifestó que dicha ley busca destrabar una falta de decisión política que data desde el 2014, cuando el proyecto había sido presentado en una primera oportunidad sin que pudiera avanzar.

“Esperando simplemente que se le dieran las discusiones en el Congreso de la República. Logramos destrabarlo durante este gobierno, precisamente para crear puentes entre los dos países (Colombia y Venezuela)”, puntualizó.

Pero, además, dijo que la intención del proyecto es “ampliar las capacidades en los territorios fronterizos para maximizar el transporte de carga y pasajeros, tomando en cuenta que había caído hasta en un 90 % desde 2007, afectando a pequeños, medianos y grandes empresarios”.

Entretanto, señaló que “no están pretendiendo eliminar las trochas”, ya que se trata de pasos que cuentan con una ‘regularización natural’ en algunos territorios como los del pueblo wayuu. “No reconocen las fronteras entre Colombia y Venezuela”.

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Lo que se plantea es que las trochas no sigan constituyéndose como un negocio mucho más rentable que los pasos regulados por la ley, por lo que es imperativo crear condiciones para que los comerciantes adquieran garantías para el traslado de mercancía y personas.

“Si la gente puede transportar más cosas de manera regulada por los pasos establecidos por la ley, se puede mejorar la economía de los territorios en esa frontera que es tan amplia. La gente podrá hacerlo por los puentes fronterizos y cumplir con los requisitos”, destacó el parlamentario.

Las reglas claras

Esta ley crea un marco jurídico que garantiza al sector comercial y empresarial mayor seguridad durante la entrada y salida de mercancía a través del sector transporte, colocando reglas claras para el beneficio de más de 8 millones de personas que utilizan los pasos fronterizos.

Al respecto, Toro indicó que “hablamos de crear una comisión de trabajo permanente entre las partes, a fin de garantizar que las personas cuenten con la seguridad de que su mercancía, transporte e inversión corran el mínimo riesgo posible. Que no haya temor al momento de pasar la carga y de que el transporte se haga de manera expedita”.

Para lograrlo, es necesario que haya una vigilancia constante de todos los procesos para evitar distorsiones e incumplimiento a la ley.

“Yo estuve presente en la frontera por Cúcuta el día simbólico de la apertura, así que me atrevo a asegurar que una cosa es lo que pasa en Bogotá y otra distinta es la que ocurre en el lugar de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando uno va 15 días después a Cúcuta, tras las decisiones tomadas por el Ejecutivo, notamos que no hay un resultado real. Entonces, seguía el hormigueo, pues así les era mucho más fácil el intercambio de mercancía, ya que no eran víctimas de burocracia y corrupción”, planteó el legislador.

Sin embargo, además, planteó las condiciones para que el transportador pueda cumplir con sus funciones de manera formal. Por ejemplo, apuntó que deben estar constituidos como personas jurídicas en Colombia o Venezuela. También, que el servicio de transporte sea prestado por los pasos regulares y que existe la homologación de la documentación para cumplir con las operaciones por tierra.

Adicionalmente, habló de la posibilidad de automatizar los procesos con la intención de mejorar el sistema de conexión entre ambas naciones. “Se habló para generar unos softwares para que haya una mejor conexión y para que todo fluya más rápido. Esperamos que en 12 meses pueda funcionar. En 5 años tiene que revaluarse”.

La voluntad para mejorar el sistema de transporte de carga y pasajero entre ambas naciones es latente, según Toro. Incluso en Venezuela, ya llevan adelantado un importante trabajo legislativo para reiniciar las operaciones de una manera regular y transparente. Pero lo que se quiere, a juicio del parlamentario, es que el Ejecutivo equilibren las condiciones para ofrecer los mismos beneficios a los trabajadores.